30 de julio de 2025 - 15:54 Por Sarai Avila A seis años de la muerte de Jeffrey Epstein en una celda federal de Nueva York, caso que lo vinculó con una red de tráfico sexual de menores sigue desatando controversias y disputas políticas en Estados Unidos. Lo que alguna vez fue considerado un tema cerrado, ha vuelto a ser eje de debate público y motivo de tensión al más alto nivel del poder. Esta vez, con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, el epicentro del conflicto se traslada a la gestión actual del mandatario, acusado por sus propios seguidores de incumplir sus promesas de transparencia respecto a la causa. El eje: los archivos clasificados que contienen información sobre los vínculos de Epstein con figuras poderosas de la política, las finanzas y el espectáculo, aún sin ser difundidos.
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Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, se suicidó en la carcel.
La reapertura mediática y política del caso Epstein se catalizó a partir de la decisión del Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, de cerrar formalmente la investigación y negar la existencia de una “lista de clientes”. El informe oficial, publicado en forma de memorando, sostuvo que Epstein se suicidó en 2019 y descartó toda hipótesis alternativa. Sin embargo, lejos de desactivar las tensiones, ese intento de clausura provocó el efecto contrario: movilizó a sectores del Congreso, dividió a la base conservadora de Trump, reactivó el papel de Ghislaine Maxwell, ex-socia y cómplice de Epstein, y obligó al propio presidente a dar una serie de explicaciones públicas, en tono defensivo.
Donald Trump-Jeffrey Epstein: una ruptura difícil de explicar
La relación entre Trump y Epstein, que se remonta a los años 80, ha sido objeto de análisis desde el principio del escándalo. El propio Trump reconoció haber sido amigo del financista, haberlo frecuentado en Palm Beach y compartir eventos sociales. Pero ahora, en su rol presidencial, el relato oficial apunta a un distanciamiento ocurrido en los años 2000. Según Trump, Epstein habría contratado personal que trabajaba en su resort Mar-a-Lago, lo que motivó su expulsión y la ruptura definitiva.
“Robó gente que trabajaba para mí. Le dije que no lo hiciera. Lo hizo otra vez y lo eché”, declaró Trump durante una gira por Escocia, al ser consultado por periodistas. Más tarde, el presidente añadió que esas “personas” eran “mujeres jóvenes”, entre ellas, Virginia Giuffre, una de las denunciantes más visibles del caso Epstein. Giuffre trabajó como asistente en el spa de Mar-a-Lago cuando era adolescente. Según su testimonio, Maxwell la reclutó allí para formar parte de la red de explotación sexual. Giuffre murió por suicidio en abril de este año.
Estas declaraciones generaron reacciones diversas: para sectores críticos del presidente, sus propias palabras dan cuenta de que conocía aspectos oscuros del accionar de Epstein. En tanto, la Casa Blanca emitió aclaraciones señalando que el mandatario no está acusado de ningún delito, y que “lo expulsó de su club por ser un pervertido”. Trump también desmintió haber enviado una carta obscena a Epstein —publicada por The Wall Street Journal—, y aseguró que “nunca visitó la isla” en la que, según la fiscalía, se cometieron múltiples abusos.
Maxwell, el nombre que incomoda
Mientras tanto, Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años por su rol clave en la red criminal. Desde la cárcel de Tallahassee, ha empezado a negociar condiciones para testificar ante el Congreso. Su abogado, David Oscar Markus, pidió inmunidad formal, que se le informen previamente las preguntas, y que la audiencia ocurra solo una vez que la Corte Suprema resuelva la apelación de su condena. El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, sin embargo, ya adelantó que no accederá a otorgar inmunidad.
En paralelo, Markus reveló que su clienta mantuvo dos extensas entrevistas con el fiscal general adjunto Todd Blanche. En esos encuentros, de aproximadamente nueve horas, Maxwell habría citado alrededor de 100 nombres. No se especificó si se trata de víctimas, testigos o presuntos cómplices. Según el abogado, Maxwell “respondió con sinceridad” y no se amparó en la Quinta Enmienda. El gobierno evitó pronunciarse oficialmente sobre la posibilidad de un indulto presidencial, aunque Trump admitió: “tengo la facultad para hacerlo, pero nadie me lo pidió”.
Las especulaciones en torno a una posible conmutación de pena para Maxwell crecieron en los sectores más conspirativos del movimiento MAGA. Sin embargo, también provocaron grietas: figuras como Tucker Carlson, Steve Bannon y Jacob Chansley (el "QAnon Shaman") criticaron al presidente por no cumplir con la prometida “transparencia total”. Chansley, incluso, arremetió contra Trump en redes sociales y su cuenta fue suspendida.
La batalla por los archivos
El punto más conflictivo sigue siendo la publicación de los llamados “archivos Epstein”. Se trata de más de 300 gigabytes de documentos que podrían contener datos comprometedores sobre miembros de la élite estadounidense. Durante su campaña, Trump había prometido desclasificarlos. No obstante, a mediados de julio, el Departamento de Justicia, encabezado por Pam Bondi, sostuvo que no existe una lista de clientes y que la causa debía darse por concluida. Esa decisión fue comunicada a Trump en una reunión que el propio mandatario reconoció públicamente, aunque luego se desdijo.
La presión social y política creció. Un sector del Congreso —incluyendo demócratas y algunos republicanos— invocó la “regla de cinco” para exigir los documentos. El Comité de Supervisión de la Cámara incluso citó a Maxwell para que declare el 11 de agosto de 2025. El Departamento de Justicia, en respuesta a la controversia, solicitó al tribunal de Manhattan la publicación parcial de las transcripciones del juicio. El primer juez rechazó la moción, pero una segunda instancia aún debe expedirse. El fiscal Blanche declaró que “al momento oportuno” se compartirán detalles con el público.
Mientras tanto, figuras clave como el vicepresidente J. D. Vance salieron a apoyar públicamente la desclasificación. En Ohio, Vance remarcó que Trump “ha sido claro: quiere transparencia”, y desvió la crítica hacia los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, acusándolos de “encubrimiento”.
Impacto político y cultural
El caso Epstein, lejos de extinguirse, ha mutado en una narrativa que atraviesa distintos sectores de la política estadounidense. Por un lado, se convirtió en un símbolo de la impunidad de las élites, explotado tanto por sectores progresistas como por la ultraderecha conspirativa. Por otro, representa una amenaza latente para la estabilidad de un gobierno cuya base reclama la verdad que se le prometió. La frase “Epstein no se suicidó” volvió a circular masivamente en redes sociales y en protestas.
Las decisiones del Departamento de Justicia, el despido de fiscales como Maurene Comey —hija del exdirector del FBI— y los intentos del presidente de cambiar de tema hacia acuerdos comerciales o teorías sobre Barack Obama y Rusia no han logrado desactivar la atención. Para algunos sectores, las contradicciones de Trump lo acercan a la narrativa del encubrimiento; para otros, es víctima de una operación política diseñada para erosionar su liderazgo.
La persistencia del caso Epstein es síntoma de un fenómeno más amplio: el descrédito institucional, la demanda de justicia y la desconfianza estructural hacia el poder. En este contexto, cualquier movimiento en falso puede derivar en consecuencias políticas profundas. Trump intenta contener la situación sin dar pasos definitivos: ni libera todos los archivos, ni indulta a Maxwell, ni desacredita del todo las teorías conspirativas que alguna vez alentó.
La insistencia del oficialismo en sostener una narrativa de cierre contrasta con el pulso social, que exige justicia y transparencia real. Las tensiones internas en el movimiento MAGA, la reticencia del Congreso a otorgar inmunidad, y los esfuerzos por redireccionar la atención hacia enemigos políticos, como Barack Obama o los medios de comunicación, refuerzan la percepción de que el caso Epstein sigue incomodando al poder. Por ahora, no hay imputaciones nuevas ni pruebas concluyentes contra Trump. Pero tampoco hay señales claras de que la causa haya quedado atrás. Lejos de clausurarse, el expediente Epstein se consolida como una bisagra simbólica: un escándalo que vincula al poder económico con el político, que expone los límites de la justicia y que podría volver a estallar en cualquier momento.
