La fábrica de drones iraníes en Venezuela: una amenaza latente para la seguridad hemisférica
La alianza militar entre Caracas y Teherán transformó a Venezuela en una plataforma de producción de drones que pone en riesgo la estabilidad regional.
Alcanzaste el límite de 40 notas leídas
Para continuar, suscribite a El Archivo.
Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
La presencia de Irán en América Latina es de larga data, sustentada fundamentalmente en sus relaciones con Cuba, Nicaragua y sobre todo Venezuela, pero lo que hoy presenciamos representa un salto cualitativo alarmante: la transformación de Venezuela en una plataforma de producción militar con capacidades que antes eran impensables en la región. Durante el desfile conmemorativo de la independencia de Venezuela en 2022, se mostraron los drones Mohajer-2, ahora conocidos como Antonio José de Sucre-100 (ANSU-100), dispositivos que fueron modernizados y ensamblados en Venezuela. Esta evolución de simple comprador de armamento a productor de tecnología militar avanzada marca un antes y un después en el equilibrio estratégico hemisférico y debería encender todas las alarmas en las cancillerías democráticas de la región.
Los antecedentes: dos décadas de penetración iraní
Las relaciones se hicieron mucho más concretas desde el segundo lustro del siglo XXI, cuando Mahmoud Ahmadinejad (presidente entre 2005 y 2013) viajó cerca de diez veces a la región, estableciendo una red de contactos políticos, comerciales y militares que hoy rinde sus frutos más peligrosos. La amistad forjada entre Hugo Chávez y Ahmadinejad no fue meramente ideológica: sentó las bases para una cooperación estratégica que incluye sectores sensibles como energía, minería y, crucialmente, defensa. Según la plataforma de inteligencia ODIN del Ejército de Estados Unidos, Venezuela firmó en 2007 un acuerdo con Irán para ensamblar doce drones Mohajer-2, cuya producción comenzó en 2009. Esta historia no es nueva, pero su profundización actual exige una respuesta contundente de los países democráticos de la región.
image
La fábrica del terror: capacidades operativas confirmadas
Los datos son contundentes y preocupantes. Venezuela fabrica actualmente diversos tipos de drones, incluyendo el Arpía 1 basado en diseño iraní para vigilancia táctica de fronteras; el Antonio José de Sucre-100 modernizado con apoyo iraní con capacidades antitanque y antipersonal; el Mohajer-6 suministrado desde 2020 como plataforma de reconocimiento y ataque con misiles; y el Zamora V-1, un dron kamikaze basado en el Shahed-136 iraní. Los drones se encuentran en los galpones del Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico Generalísimo Francisco de Miranda, dentro de la Base Aérea El Libertador, en Palo Negro, Aragua. No estamos hablando de proyectos experimentales o capacidades teóricas: estamos ante una infraestructura operativa de producción militar que involucra transferencia tecnológica, capacitación de personal y fabricación en serie.
El triángulo autoritario: Irán, Rusia y China
La amenaza se multiplica cuando consideramos que Venezuela no es sólo socio de Irán. Rusia construyó, a través de Rosoboronexport, una planta de producción bajo licencia de cartuchos para fusiles de asalto Kalashnikov dentro del complejo industrial militar de CAVIM en Maracay, con capacidad para producir hasta 70 millones de cartuchos anuales. Entre 2001 y 2025, Rusia y Venezuela han firmado más de 340 acuerdos bilaterales, al menos 28 vinculados a materia militar. Este entramado de cooperación entre potencias autocráticas —que incluye también a China en sectores estratégicos— configura un eje militar que desafía abiertamente a las democracias occidentales en su propio hemisferio. La convergencia de intereses entre Moscú, Teherán y Pekín en territorio venezolano no es casual: es una estrategia deliberada de proyección de poder y desestabilización regional.
image
Los riesgos tangibles: del narcotráfico al terrorismo
Informes de inteligencia alertan sobre el uso de Venezuela como puente para operaciones ilícitas, con la posible penetración de agentes del régimen iraní y de sus aliados como Hamás y Hezbolá, amparados por pasaportes venezolanos falsificados y con cobertura diplomática. La pregunta que formula el documento es devastadora en su simplicidad: ¿Puede un país como Colombia, Perú o Chile ignorar la presencia de células extranjeras radicalizadas en sus fronteras? La respuesta evidente es no, pero la realidad es que muchos gobiernos de la región han optado por la indiferencia diplomática. Ya en el pasado, armamento venezolano terminó en manos de la guerrilla colombiana, y hoy persiste el temor de que tecnologías más letales —como drones de combate— puedan filtrarse hacia grupos criminales como el ELN, el Tren de Aragua o carteles transnacionales del narcotráfico.
image
La estrategia iraní de penetración en América Latina no se limita a Venezuela. Durante los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Teherán estableció acuerdos de cooperación que incluyeron plantas lácteas, hospitales y proyectos energéticos, creando una red de dependencia económica y política. Aunque no alcanzaron la dimensión militar venezolana, estos vínculos demuestran un patrón claro: Irán identifica gobiernos de izquierda con retórica antiimperialista y los convierte en aliados estratégicos mediante inversiones selectivas y apoyo político. Nicolás Maduro continuó impulsando el "socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana" mientras Irán sigue sosteniendo una teocracia autoritaria, misógina, homofóbica y antisemita, con la enemistad compartida hacia EEUU como punto de encuentro. Esta ideologización de las relaciones internacionales ha permitido que regímenes teocráticos y autocráticos encuentren socios dispuestos en el hemisferio occidental.
La opacidad como método y el transporte aéreo como cobertura
El régimen ha creado una fachada al emplear a la empresa aérea Conviasa para el transporte de drones y sus componentes: la estación móvil de control, el avión propiamente y el paquete que incluye cámaras y misiles. Esta utilización de infraestructura civil para fines militares no sólo viola principios básicos del derecho internacional, sino que demuestra la sofisticación de una operación diseñada para evadir sanciones y controles. Ya no es secreto la existencia de vuelos entre Caracas y Teherán, los acuerdos militares y la presencia de empresas iraníes en sectores estratégicos como el energético y el minero. La opacidad que caracteriza estos proyectos no es accidental: es condición necesaria para un programa que, de hacerse completamente público, enfrentaría rechazo incluso entre aliados naturales del chavismo en la región.
La militarización de Venezuela con tecnología iraní y rusa representa la amenaza más seria a la seguridad hemisférica desde la Crisis de los Misiles en Cuba. Esta cooperación militar triangular representa múltiples beneficios estratégicos para Rusia, Irán y Venezuela: Maduro avanza hacia la autosuficiencia defensiva, Rusia refuerza su presencia desafiando a Estados Unidos en su "patio trasero", y Teherán gana proyección estratégica en el hemisferio occidental mientras accede a recursos energéticos y minerales críticos venezolanos. Los países democráticos de América Latina no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras se construye, a pocas horas de vuelo de sus capitales, una plataforma de producción militar controlada por regímenes que promueven el terrorismo, violan derechos humanos y desestabilizan el orden internacional. Es momento de que organismos como la OEA, el TIAR y los mecanismos de defensa colectiva del hemisferio actúen con firmeza antes de que sea demasiado tarde. La complicidad por silencio es tan peligrosa como la complicidad activa.
