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SUSCRIBITEEn solo dos décadas, China se convirtió en el principal socio comercial de Perú, liderando inversiones en sectores como minería, energía e infraestructura.
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SUSCRIBITEChina no solo se ha convertido en el mayor socio comercial de Perú, sino también en el principal inversor en sectores estratégicos del país andino. Con más de 13.000 millones de dólares invertidos en los últimos 20 años, la presencia china en Perú se ha consolidado principalmente en minería, energía e infraestructura, transformando no solo el perfil económico del país, sino también su mapa político y geoestratégico.
Según cifras oficiales, la inversión china en minería representa más del 20% de los proyectos mineros en el país. A esto se suman compras clave como la de Enel Perú, que dejó a empresas estatales chinas en control del 100% de la electricidad en Lima. El megaproyecto del Puerto de Chancay, por su parte, refuerza la ambición de Pekín de consolidar a Perú como un punto clave en el Pacífico suramericano.
El sector minero concentra el mayor flujo de inversión china. Perú es el segundo productor mundial de cobre y el 70% de su producción se exporta a China. Entre los principales proyectos bajo control chino destacan Las Bambas (MMG Limited), Toromocho (Chinalco), El Galeno (China Minmetals) y Pampa de Pongo (Zhongrong Xinda Group).
Las Bambas es el caso más emblemático. Esta mina, ubicada en la región andina de Apurímac, representa el 2% del cobre mundial y el 1% del PBI peruano. La inversión total en este proyecto ronda los 10.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor inversión minera extranjera de la historia del Perú. Sin embargo, el proyecto ha estado rodeado de tensiones con comunidades locales, bloqueos de carreteras, conflictos laborales y acusaciones por contaminación ambiental.
La expansión minera no ha sido pacífica. Desde su inicio en 2016, Las Bambas ha tenido más de 400 días de operaciones suspendidas por protestas. Las comunidades locales denuncian el uso de sus tierras sin consulta, el paso constante de camiones que levantan polvo contaminante, incumplimientos en los acuerdos sociales y falta de beneficios reales.
El caso de Pamputa es ilustrativo: una comunidad que ha iniciado explotaciones informales en su territorio ancestral, en conflicto directo con MMG, que reclama derechos exclusivos sobre el subsuelo. En el trasfondo, se libra una batalla entre soberanía comunitaria y propiedad corporativa transnacional, en un contexto de ausencia estatal y violencia estructural.
Además del cobre, China invierte con fuerza en infraestructura portuaria. El Puerto de Chancay —desarrollado por COSCO Shipping— es una de las apuestas más ambiciosas de la Franja y la Ruta en Sudamérica. Con una inversión proyectada de 3.000 millones de dólares, Chancay aspira a ser el hub logístico de China en el Pacífico sur, conectado al Brasil a través de un futuro corredor ferroviario bioceánico.
Sin embargo, este megaproyecto ha despertado alertas en Washington. Diversos informes estadounidenses señalan que los puertos operados por empresas chinas podrían tener “doble uso”: comercial y militar. Aunque el gobierno peruano niega esta posibilidad, la preocupación por la creciente dependencia de infraestructura estratégica china va en aumento.
En 2020, China Three Gorges adquirió Luz del Sur. En 2024, China Southern Power Grid compró Enel Perú. Con estas dos transacciones, las empresas estatales chinas ahora controlan el 100% de la distribución eléctrica de Lima, además de operar más del 55% del suministro nacional. En palabras del analista Paolo Benza, “China quiere ser el interruptor de América Latina”.
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió sobre los riesgos de esta concentración. Aunque el regulador local (INDECOPI) aprobó la operación bajo condiciones antimonopólicas, diversos expertos señalan que el problema no es económico sino geopolítico: las empresas responden a los intereses del Partido Comunista Chino, y su control sobre infraestructura crítica podría ser usado como mecanismo de presión.
A pesar del volumen de inversiones, muchos analistas coinciden en que la relación es asimétrica. El 87% de las exportaciones peruanas a China corresponden a materias primas (cobre, hierro, harina de pescado). A diferencia de los acuerdos con EE.UU. o la UE, el Tratado de Libre Comercio con China no incluye cláusulas ambientales ni laborales. El resultado es una estructura extractivista que reproduce desigualdad, dependencia y conflictos.
Mientras tanto, el Estado peruano se muestra ausente o cómplice. El cambio del transporte de Las Bambas de mineroducto a carretera, aprobado sin consulta previa mediante un procedimiento exprés, es apenas un ejemplo. Las mesas de diálogo con comunidades suelen estancarse, y los compromisos asumidos por las empresas rara vez se cumplen.
La creciente presencia china en Perú abre importantes oportunidades económicas y plantea a su vez desafíos sociales, ambientales y geopolíticos. El país enfrenta el reto de equilibrar el impulso del desarrollo con la necesidad de garantizar derechos y bienestar para sus comunidades, así como preservar su autonomía frente a intereses externos. La evolución de esta relación tendrá un impacto decisivo en el futuro económico y político de Perú.