Para continuar, suscribite a El Archivo. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEFuncionarios de China en Buenos Aires forzaron la suspensión de una jornada sobre autoritarismo en la Universidad de Belgrano.
Para continuar, suscribite a El Archivo. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl conflicto que culminó en la suspensión de la jornada académica “China: la seducción comunicacional para normalizar a un régimen”, originalmente prevista para el miércoles 29 de abril de 2026, no fue un evento súbito, sino el resultado de una operación de presión escalonada ejecutada por la Embajada de la República Popular China en la República Argentina.
De acuerdo con los registros de la unidad académica y testimonios de los organizadores, la ofensiva diplomática se inició el viernes 24 de abril. Durante la mañana de esa jornada, la oficina del embajador Wang Wei realizó una serie de comunicaciones telefónicas directas hacia las autoridades de la Universidad de Belgrano (UB). Los interlocutores de la embajada no se limitaron a manifestar un desacuerdo protocolar; según consta en los reportes del incidente, las llamadas incluyeron advertencias explícitas sobre el futuro de los convenios de cooperación e intercambio que la universidad mantiene con entidades educativas y gubernamentales de China.
La situación escaló de la fase telefónica a la presencial en menos de tres horas. Tres funcionarios de la Embajada de China se presentaron sin cita previa en la sede de la calle Zabala. Durante el encuentro con los directivos universitarios, los enviados de Beijing fundamentaron su exigencia de cancelación en que el contenido del evento —específicamente el libro de Roberto Iglesias y el panel de expertos— constituía una afrenta a las relaciones bilaterales y una interferencia en los "asuntos internos" de su país. Esta presencia física en el campus fue interpretada por los académicos presentes no como una gestión diplomática estándar, sino como un acto de intimidación institucional en territorio soberano.
La jornada académica suspendida representaba una colaboración multilateral infrecuente en el ámbito local, reuniendo a actores de diversos espectros de la sociedad civil internacional. La organización recayó sobre una alianza compuesta por:
Fundación Friedrich Naumann: Organismo alemán vinculado al liberalismo que promueve la educación cívica.
Center for the Study of Contemporary Open Societies (CESCOS): Un think tank con sede en Uruguay dedicado al análisis de la calidad democrática en América Latina.
International Republican Institute (IRI): Organización estadounidense que trabaja en el fortalecimiento de procesos democráticos a nivel global.
Oficina Cultural y Comercial de Taiwán: Entidad que representa los intereses de Taipei en Argentina y que fue señalada por la Embajada de China como el principal factor de "provocación".
El panel de especialistas estaba integrado por figuras de trayectoria comprobada en el análisis de relaciones internacionales: Pablo Dons (director de carrera en la UB), Juan Battaleme (especialista en seguridad internacional y docente en UCEMA), Ricardo Ferrer Picado (investigador de la UNLP), Fernando Pedrosa (UBA), Delfina Milder (analista internacional) y Pedro Isern (director ejecutivo de CESCOS). La convocatoria estaba dirigida principalmente a estudiantes de grado y posgrado en Relaciones Internacionales, con una asistencia proyectada de 150 participantes.
El punto de mayor fricción para la diplomacia de Beijing fue la participación de la Oficina de Taiwán como patrocinadora del evento. En la visión de la República Popular China, cualquier reconocimiento de Taiwán como entidad académica o política independiente bajo la "Política de Una Sola China" es inadmisible.
Ante la magnitud de la presión y la amenaza de represalias contra sus programas de intercambio, la Universidad de Belgrano procedió a la suspensión inmediata del encuentro del 29 de abril. No obstante, las negociaciones posteriores derivaron en un compromiso de reprogramación para el mes de junio, sujeto a condiciones que modifican la naturaleza original del evento:
Eliminación de patrocinio: Se exigió retirar el logo y la mención de la Oficina de Taiwán de toda comunicación futura.
Cese de promoción: La universidad se comprometió a no realizar difusión pública en redes sociales ni prensa masiva, limitando el evento a un formato "puertas adentro".
Revisión de contenidos: Se estableció un monitoreo implícito sobre el alcance de las críticas al régimen del Partido Comunista Chino durante las ponencias.
El incidente trascendió las fronteras de la academia para instalarse en la agenda legislativa del Cono Sur. Pablo Viana, diputado nacional de Uruguay, fue uno de los críticos más severos, describiendo el accionar chino como una práctica de "bandoleros" que intentan exportar métodos de censura totalitaria a las democracias latinoamericanas. Viana subrayó que "la libertad de cátedra es un derecho humano fundamental que no puede ser objeto de transacción comercial por parte de un Estado extranjero".
En el Congreso de la Nación Argentina, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) denunció que este episodio es solo la punta de un iceberg de presiones más profundas. Según Frade, la Embajada de China ha intentado incluso condicionar agendas parlamentarias a través de la presidencia de la Cámara de Diputados. La legisladora calificó la actitud de la Universidad de Belgrano como una "capitulación peligrosa", señalando que aceptar estas condiciones sienta un precedente de debilidad ante potencias autocráticas.
Por su parte, los legisladores Luciano Bugallo y Sergio Siciliano coincidieron en que la falta de una respuesta contundente por parte de la Cancillería Argentina ante la incursión de funcionarios extranjeros en una universidad privada es una señal de alarma para el sistema democrático. Siciliano remarcó: "Si el Estado nacional no garantiza que en sus universidades se pueda discutir libremente sobre cualquier régimen político del mundo, la soberanía educativa queda herida de muerte".
El caso bajo estudio permite observar de manera empírica lo que la ciencia política contemporánea denomina sharp power (poder agudo). A diferencia del poder blando (soft power), que busca atraer a través de la cultura, el poder agudo busca perforar, penetrar y comprometer el entorno informativo de los países objetivos para silenciar la disidencia.
Roberto Iglesias, autor de la obra que motivó el incidente, argumentó que su investigación precisamente detalla cómo China utiliza la "seducción comunicacional" para ocultar su matriz autoritaria. "Lo ocurrido en la UB es la validación práctica de mi tesis: cuando la seducción falla, el régimen recurre a la coacción", afirmó.
La académica Constanza Mazzina, experta en la influencia china en América Latina, advirtió que estos métodos de "captura de elites" buscan que los directivos de empresas y universidades actúen como censores internos para no perder beneficios económicos. Pedro Isern, de CESCOS, añadió que existe un "sesgo de normalización" donde las democracias occidentales aceptan este tipo de extorsiones bajo la excusa del pragmatismo comercial, ignorando que el costo final es la degradación de la libertad de expresión local.
Hasta la fecha, la Cancillería argentina ha mantenido un silencio estricto sobre el reclamo de los organizadores y legisladores. La Universidad de Belgrano no ha emitido un comunicado oficial detallando los pormenores de la visita de los diplomáticos chinos, aunque la reprogramación del evento en condiciones de baja visibilidad sigue en pie para el próximo mes.
Los organismos internacionales involucrados, como la Fundación Friedrich Naumann y el IRI, han manifestado su preocupación a través de sus sedes regionales, advirtiendo que la capacidad de una embajada extranjera para vetar autores y silenciar paneles de expertos representa una vulneración de los tratados internacionales sobre libertad académica de los que Argentina es signataria.