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SUSCRIBITEUna resolución convierte a Internet en un espacio vigilado. Rusia consolida un modelo de control informativo sin precedentes desde la era soviética.
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SUSCRIBITEA partir del 1 de marzo de 2026, Rusia quedará prácticamente aislada del resto del mundo digital. El gobierno de Vladímir Putin promulgó la resolución 1667, que otorga al organismo estatal Roskomnadzor la potestad de controlar todo el tráfico de Internet en el país. Con esta medida, Moscú elimina cualquier resquicio legal que permita a los ciudadanos conectarse a redes globales sin supervisión del Estado.
Internet nació bajo la idea de una red descentralizada y libre de gobiernos, pero el Kremlin la transforma en un instrumento centralizado de poder. La normativa establece que todo el tráfico de datos que circule por territorio ruso estará bajo una “gestión centralizada”, dependiente de Roskomnadzor y supervisada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el antiguo KGB. No habrá mediación judicial ni garantías sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El decreto convierte a Roskomnadzor en el árbitro absoluto del espacio digital ruso. Este organismo podrá decidir, junto al FSB y al Ministerio de Comunicaciones, qué constituye una “amenaza” para el país. Tendrá autoridad para bloquear sitios web, regular el tráfico y emitir órdenes directas a las empresas de telecomunicaciones. En la práctica, institucionaliza la censura que el Kremlin ya aplicaba desde la invasión a Ucrania en 2022.
Desde el inicio de la guerra, el gobierno ruso ha bloqueado miles de portales de información, ha ralentizado plataformas como YouTube y ha restringido llamadas a través de WhatsApp. También obligó a los administradores de canales de Telegram a instalar software estatal de vigilancia. La resolución 1667 convierte esas prácticas en ley, legitimando la represión digital y eliminando las zonas grises que hasta ahora permitían el uso de VPN o herramientas alternativas de acceso.
El nuevo marco legal criminaliza incluso la lectura de contenidos considerados “extremistas”, una categoría que el Kremlin aplica a todo lo que cuestione su narrativa: desde temas LGTB+ hasta las actividades de ONGs internacionales o la figura del opositor Alexéi Navalni. En los últimos días, un joven fue procesado por haber consultado noticias sobre grupos militares ucranianos. Su caso refleja el nuevo clima de represión preventiva en el que hasta la curiosidad informativa puede ser castigada.
Paradójicamente, el control estatal de Internet no solo inquieta a los sectores liberales, sino también a los ultranacionalistas. Voces vinculadas al ejército y a grupos prorrégimen denuncian en Telegram la pérdida del “Internet libre, salvaje y franco” de décadas pasadas. A su vez, un estudio del centro VTSIOM, dependiente del Kremlin, advierte que un 40% de los jóvenes utiliza herramientas para eludir la censura, lo que anticipa una fractura generacional entre quienes aceptan el control y quienes buscan escapar de él.
Rusia se convierte así en un laboratorio de control digital. Lo que comenzó como una respuesta a las sanciones y a la guerra informativa, se ha transformado en un modelo de aislamiento cibernético. El Kremlin no solo domina la infraestructura física de la red, sino también la narrativa que circula por ella. En el siglo XXI, el poder ya no se ejerce solo sobre los cuerpos, sino también sobre los bits, los algoritmos y la información. Y Moscú parece decidido a demostrarlo.