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SUSCRIBITEEl pedido se inicia tras la decisión del gobierno argentino de enviar a EEUU al avión vinculado con Irán y Venezuela que había sido retenido en 2022
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SUSCRIBITELas quebradas relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina siguen dando que hablar. La cuestión excede las diferencias ideológicas y escala instancias judiciales complejas. Así como Argentina pidió la detención de Maduro, Venezuela hace lo propio con Milei y hace extensivo el mismo a la ministra de seguridad Patricia Bulrrich y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió la detención del presidente argentino, Javier Milei, a causa de lo que considera el “robo” de un avión venezolano-iraní retenido en la Argentina y enviado a Estados Unidos. La solicitud que apunta a obtener un alerta roja de Interpol, abarca a la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los mismos delitos, entre ellos “legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación”. Además, el último lunes, un tribunal de Venezuela emitió una orden de detención "preventiva", solicitada previamente por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), A través de un comunicado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó que, tras la solicitud del MP, se acordó la orden de detención
El Boeing 747, voló a Buenos Aires, proveniente de México el 6 junio de 2022, aún durante el gobierno de Alberto Fernández y sin conocimiento aún que de Milei sería presidente, pero debió hacer un aterrizaje de emergencia en Córdoba por la niebla. El 8 de junio regresó a la capital del país por la denegación del espacio aéreo de Uruguay, donde quería cargar combustible. Ese rechazo fue lo que encendió las alarmas. Ahí tenemos la primera señal de cuestionamiento a la seguridad del espacio aéreo argentino. Un país vecino no permite su ingreso a un avión que sobrevoló al menos durante dos días los cielos de Argentina.
Las razones de la República Oriental del Uruguay nos mete más en la trama de vínculos entre Irán y Venezuela ya que no permitió el ingreso del mismo porque la aeronave poseía sanciones de EEUU. Si bien desde enero forma parte de la flota de Emtrasur, antes había operado para la empresa iraní Maham Airlines. Emtrasur es una compañía filial del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), que es propiedad del Estado. Maham Airlines y Emtrasur están sancionados por Estados Unidos, por orden de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Es decir, dos empresas por sobre la que pesan sanciones, una por vínculo comercial y la otra porque desde EEUU entienden que existe una supuesta relación con la Fuerza Quds, un grupo paramilitar etiquetado como terrorista, y que pertenece al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Se les acusa de servir de medio de transporte de cargamentos militares que servirían para las acciones de los grupos guerrilleros mencionados.
Tras más de 1 año, el juez del caso, Federico Villena, hizo lugar al decomiso pedido por Estados Unidos. Fue tras un dictamen, en el mismo sentido, de la fiscal Cecilia Incardona. Desde el comienzo de la investigación se sospechaba entonces que sus tripulantes, venezolanos e iraníes, podían estar haciendo tareas de espionaje, aunque no hubo pruebas ni para procesarlos o sobreseerlos, por lo que todos los involucrados terminaron con falta de mérito. El decomiso llevaba tiempo pedido por autoridades estadounidenses, pero estuvo demorado porque el gobierno de Alberto Fernández había retenido el exhorto diplomático internacional para no entrar en conflicto con Venezuela
Hay un trasfondo profundamente político detrás de esta decisión, es clara que la relación entre ambos países está rota desde la llegada a Milei a la presidencia de Argentina y se agravó con los episodios sucedidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela, resultado no reconocido por Argentina y la crisis diplomática en que derivó en el abandono de la embajada en Caracas, un virtual corte de relaciones.
Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue la decisión de la solicitud a la Corte Penal Internacional para que se disponga el arresto de los cabecillas del régimen venezolano, firmada por la canciller Diana Mondino, debido a las violaciones a los derechos humanos que se registran en ese país, agravadas después de unas elecciones fraudulentas. El fiscal que impulsa el pedido afirmó que “No es más que una pretendida retaliación, venganza, contra el Estado venezolano por haber nosotros decidido actuar en contra del perpetrador del robo del avión, (...) una reacción de última hora totalmente desenfrenada y desequilibrada del Gobierno de Milei”.
El claro trasfondo político se observa cuando Venezuela acusa a Milei de haber " robado" un avión, retención que se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández, el trámite de la causa también y la decisión de su remisión a EEUU tiene que ver con una causa judicial y un exhorto internacional y no una decisión presidencial, pero la cuestión sirve también para seguir desviando la atención del fraude electoral escandaloso de Maduro.