Rusia y Ucrania: los nuevos informes que documentan crímenes de guerra
Una investigación respaldada por la ONU señala que Rusia llevó a cabo ataques sistemáticos contra civiles y deportaciones forzadas desde territorios ocupados.
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La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó ante la Asamblea General un nuevo informe que acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad mediante ataques deliberados a la población civil. El documento, elaborado tras más de un año de trabajo, detalla el uso sistemático de drones en una franja de trescientos kilómetros que abarca las regiones ucranianas de Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv. Según los investigadores, los ataques no fueron aislados ni accidentales, sino parte de una política estatal orientada a “sembrar el terror” y forzar el desplazamiento de miles de personas.
El texto indica que los drones rusos impactaron sobre viviendas, hospitales, escuelas, mercados y puntos de distribución humanitaria, además de infraestructuras críticas como subestaciones eléctricas y torres de comunicación. También fueron alcanzados equipos de emergencia, brigadas médicas y bomberos, pese a la protección que les otorga el derecho internacional humanitario. La Comisión determinó que los ataques con drones constituyen el crimen de lesa humanidad de asesinato y traslado forzoso de población, y que los hechos “no son incidentes aislados, sino el resultado de una política planificada y coordinada desde niveles superiores de mando”.
Un patrón de terror de Rusia sobre la población civil
El informe recoge más de doscientas entrevistas con víctimas, testigos, funcionarios locales y trabajadores humanitarios, además del análisis de quinientos videos, fotografías y registros satelitales. Las víctimas describen escenas cotidianas interrumpidas por los drones: personas que regaban sus jardines, estacionaban un auto o alimentaban a sus animales fueron atacadas repentinamente. “Los drones vigilan, siguen y cazan”, declaró una residente de Antonivka, en la región de Jersón, que sobrevivió a un ataque. “Es como un safari contra nosotros”.
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Las autoridades locales reportan más de doscientos muertos y alrededor de dos mil heridos desde julio de 2024 en esas regiones del sur. Las viviendas destruidas superan las tres mil, y en algunas localidades los ataques dejaron barrios enteros inhabitables. “Hacen la vida civil insoportable”, concluyó la Comisión. La magnitud del daño ha provocado un éxodo interno sostenido, con poblaciones enteras desplazadas hacia zonas más seguras del país.
Deportaciones y traslados forzosos
La investigación también documenta la deportación de civiles ucranianos desde la región ocupada de Zaporiyia. Entre 2022 y 2025, miles de personas fueron detenidas, interrogadas y trasladadas por la fuerza a través de territorios controlados por Rusia, en ocasiones hasta la frontera con Georgia. Los testimonios reunidos describen un proceso sistemático que incluía arrestos arbitrarios, confiscación de documentos y violencia física. “Naciste en el lugar equivocado”, fue la respuesta que recibió una mujer cuando preguntó por qué debía abandonar su casa.
Según el informe, las deportaciones eran justificadas bajo acusaciones de “actividad subversiva” o “postura proucraniana”. Las víctimas, hombres y mujeres de distintas edades, eran obligadas a caminar entre diez y quince kilómetros a través de zonas minadas y bombardeadas hasta llegar a áreas controladas por Ucrania o a pasos fronterizos rusos. En algunos casos, se les prohibía regresar por períodos de veinte a cuarenta años. La Comisión determinó que estas prácticas constituyen crímenes de guerra de deportación y traslado, ejecutadas “de manera organizada y coordinada” por entidades del Estado ruso, incluyendo al Servicio Federal de Seguridad (FSB) y la denominada Dirección de Asuntos Migratorios del Ministerio del Interior en los territorios ocupados.
La respuesta de Rusia y el aislamiento diplomático
El Kremlin ha rechazado las acusaciones y se niega a reconocer la legitimidad de la Comisión de Investigación, que no ha recibido cooperación ni acceso a los territorios controlados por Rusia. Las autoridades rusas sostienen que los ataques se dirigen contra objetivos militares y que las deportaciones son “reubicaciones humanitarias”. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional ya había emitido órdenes de arresto contra el presidente Vladimir Putin y la funcionaria Maria Lvova-Belova por la transferencia forzada de niños ucranianos, un precedente que Moscú calificó de “escandaloso e inaceptable”.
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La falta de cooperación se suma a la crisis financiera de la ONU, que afecta la continuidad de las misiones de investigación. “Comenzamos con veinticuatro empleados y hoy somos trece”, explicó el presidente de la Comisión, Erik Møse, en una rueda de prensa en Ginebra. A pesar de las limitaciones, los expertos insisten en que los ataques con drones y las deportaciones forman parte de un mismo patrón: la consolidación del control ruso sobre los territorios ocupados mediante el desplazamiento de la población local.
Ecos internacionales y nuevas tensiones
Los hallazgos del informe fueron respaldados por países occidentales y organismos humanitarios, mientras que Rusia reiteró su desconfianza hacia lo que considera una “campaña politizada”. Estados Unidos condenó las operaciones de “filtración” y las deportaciones forzadas, asegurando que entre 900.000 y 1,6 millones de ucranianos habrían sido trasladados de manera ilegal, incluidos miles de niños. El Departamento de Estado denunció además que funcionarios del Kremlin supervisan estas operaciones y que la propaganda oficial intenta presentarlas como medidas de protección.
Por su parte, la Unión Europea llamó a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y a mantener la asistencia humanitaria en las regiones más afectadas. El Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró que “las acciones documentadas por la ONU confirman un patrón de desprecio por el derecho internacional que exige respuesta coordinada”. En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió en que “la guerra de agresión de Rusia no solo amenaza la soberanía de Ucrania, sino los principios fundamentales de seguridad europea”.
Mientras tanto, los combates en el frente oriental continúan. El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó recientemente al presidente Putin sobre la “liberación” de la región rusa de Kursk, afirmando que unidades norcoreanas habrían participado en la operación. Kiev negó esa versión y sostuvo que sus fuerzas siguen operando en zonas fronterizas de Kursk y Bélgorod. “La situación operativa es difícil, pero las tropas ucranianas infligen daños constantes al enemigo”, indicó el Estado Mayor ucraniano.
Putin felicitó a las fuerzas rusas y aseguró que “la aventura del régimen de Kiev ha fracasado por completo”. Según el mandatario, las pérdidas ucranianas “se reflejarán en toda la línea de combate” y abrirán la puerta a “futuras acciones exitosas”. Ucrania, por su parte, considera que el anuncio busca reforzar la narrativa de victoria interna en medio de una guerra que se prolonga y deja devastación en amplias zonas del país.
Un frente diplomático que se mantiene abierto
Pese a los informes y las denuncias, no existen señales de diálogo directo entre Moscú y Kiev. Los intentos de mediación impulsados por organismos internacionales permanecen en suspenso y las perspectivas de negociación son escasas. Las misiones de verificación de la ONU, la OSCE y la Corte Penal Internacional avanzan de manera independiente, con cooperación limitada y recursos menguantes. En el terreno, la guerra sigue marcada por el uso intensivo de drones, la destrucción de infraestructura civil y un desplazamiento humano que, según la Comisión, alcanza proporciones históricas.
Las conclusiones de la investigación reafirman que los ataques contra civiles y las deportaciones no son hechos aislados sino parte de una política coordinada. En la Asamblea General, las delegaciones que respaldan a Ucrania insistieron en que los responsables deberán responder ante la justicia internacional. Moscú, mientras tanto, mantiene su posición de negar toda acusación y de desconocer la jurisdicción de los tribunales internacionales.
