11 de agosto de 2025 - 15:24 Por Sarai Avila Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el gobierno de Rusia intensificó una estrategia sistemática de confiscación de activos empresariales. Según estimaciones del despacho legal ruso NSP, entre 2022 y junio de 2025 se confiscaron en Rusia más de 100 grandes empresas por un valor total de 3,9 billones de rublos (aproximadamente 45.000 millones de euros). Este proceso afecta tanto a capital extranjero como a empresarios nacionales, incluidos antiguos aliados del Kremlin.
Las razones detrás de esta política, según centros de análisis y autoridades rusas, son múltiples: reforzar el presupuesto estatal, reconfigurar la estructura de propiedad dentro de la élite empresarial rusa y consolidar el modelo económico de una “Rusia fortaleza”.
Mecanismos legales y reversión de privatizaciones
El Kremlin ha desplegado diversos instrumentos legales para legitimar la apropiación de activos. Uno de los principales ha sido la reversión judicial de privatizaciones realizadas en los años 90, argumentando que estas se llevaron a cabo sin el consentimiento de la Federación de Rusia como propietaria de origen. Esta reinterpretación retroactiva ha sido utilizada por los tribunales para anular adquisiciones realizadas hace más de tres décadas.
Asimismo, el gobierno ha hecho uso intensivo de una ley sobre inversiones extranjeras en empresas consideradas estratégicas. Esta legislación permite declarar como “inamistosos” a países sancionadores y traspasar activos a gestores temporales designados por el Estado. En este marco, multinacionales occidentales como Danone vieron cómo sus filiales eran entregadas a personas cercanas al Kremlin.
Un caso emblemático es el de la minera de oro Yuzhuralzoloto. En solo nueve días, el Kremlin se hizo con el control mayoritario de la empresa, al acusar a su dueño, Konstantín Strukov —miembro del partido oficialista Rusia Unida—, de haber obtenido sus activos mediante mecanismos de corrupción durante su carrera política regional. Las acciones del empresario, valuadas en más de 1.100 millones de euros, fueron intervenidas, y la cotización bursátil de la compañía quedó suspendida.
Empresas extranjeras y lealtad política
La política de confiscaciones no se ha limitado a firmas extranjeras. Si bien muchas empresas occidentales abandonaron Rusia tras la invasión —más de mil según registros internacionales—, otras fueron directamente expropiadas o absorbidas por el Estado. Las operaciones, según informes, buscan castigar a actores considerados desleales al régimen y premiar a quienes se alinean políticamente con el Kremlin.
En paralelo, algunas grandes compañías rusas fueron objeto de confiscaciones utilizando acusaciones de extremismo, corrupción o mala gestión. Esto se encuadra en lo que analistas como Andrei Yakovlev, de la Universidad de Harvard, interpretan como una estrategia de redistribución del poder económico, subordinando a los actores empresariales al aparato estatal.
En 2024, el presidente Putin defendió estas medidas en el Foro Económico de San Petersburgo. Negó que se tratara de nacionalizaciones, y las justificó como procesos judiciales dirigidos a corregir privatizaciones “injustas” de los años noventa. Uno de los episodios mencionados fue la transferencia al Estado del aeropuerto de Domodédovo, cuya propiedad fue retirada judicialmente a Dmitri Kamenshchik por tener residencia fuera de Rusia.
Impacto económico interno
Las confiscaciones han generado una fuente adicional de ingresos para el Estado. Solo en 2024, el presupuesto federal recibió 132.000 millones de rublos (unos 1.600 millones de dólares) por la venta de activos confiscados, superando ampliamente lo previsto. Los sectores afectados incluyen desde automotores hasta agricultura y minería.
Sin embargo, diversos economistas advierten sobre el efecto negativo de estas medidas en la eficiencia del sector privado. El reemplazo de propietarios con experiencia empresarial por figuras designadas políticamente podría comprometer la productividad y la innovación. Además, la concentración del control económico en manos del Estado refuerza la dependencia de los empresarios hacia el poder político, debilitando la autonomía económica interna.
Una escalada en 2025: más casos, más velocidad
Durante el primer semestre de 2025, el número de confiscaciones empresariales se ha triplicado en comparación con el año anterior, según informes de despachos legales y medios independientes. Las autoridades rusas aceleraron los procedimientos judiciales y administrativos, facilitando expropiaciones en plazos cada vez más breves, como el caso de Yuzhuralzoloto, resuelto en solo nueve días. El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, confirmó en marzo que el gobierno pretende sostener este ritmo durante todo el año, en un intento por reforzar las finanzas estatales. El presupuesto federal ya ha superado las expectativas de recaudación por venta de activos incautados, lo que refuerza la hipótesis de que el Kremlin utiliza estas confiscaciones no solo como herramienta política, sino también como mecanismo de liquidez en plena economía de guerra.
Activos congelados en Occidente y tensiones recíprocas
La ofensiva rusa en el ámbito económico también ha tenido respuesta en el exterior. Los países que apoyan a Ucrania congelaron activos rusos por un valor estimado de entre 290.000 y 330.000 millones de dólares, de los cuales la mayoría se encuentran en jurisdicciones europeas.
Frente a este congelamiento, Rusia implementó restricciones a los países considerados hostiles. Empresas extranjeras deben mantener sus ganancias en cuentas especiales dentro del país, y se prohíbe el retiro de fondos al exterior sin autorización estatal. Las autoridades rusas no han revelado el valor total de los activos bloqueados, aunque algunos funcionarios sugieren que se aproxima al monto congelado por los países occidentales.
En mayo de 2024, Putin firmó un decreto que permite responder a futuras confiscaciones de activos rusos con la expropiación de propiedades privadas o estatales de países occidentales dentro de Rusia. Además, se autoriza el decomiso de bienes pertenecientes a ciudadanos de Estados Unidos en territorio ruso como contramedida a la ley REPO estadounidense.
El debate sobre la legalidad internacional
El uso o confiscación definitiva de los activos congelados de Rusia ha desatado un amplio debate legal en Occidente. Algunos juristas defienden que, en casos de agresión flagrante, el derecho internacional permite excepciones bajo la doctrina de contramedidas. Esto permitiría transferir los activos a Ucrania como compensación por los daños de guerra. Otros especialistas, sin embargo, sostienen que se trataría de una expropiación ilegal que vulnera los principios de inmunidad soberana.
La mayoría de las potencias europeas se mantienen cautelosas. Países como Bélgica, Francia y Alemania —principales tenedores de activos— no avalan la confiscación directa. Algunos como Canadá y EE.UU. han comenzado a adaptar sus marcos legales para permitirla, aunque aún sin ejecutar la medida.
Las ganancias de los activos congelados: un camino intermedio
Ante las dificultades legales para confiscar el capital principal, la Unión Europea decidió en 2024 redirigir las “ganancias extraordinarias” —es decir, los intereses devengados— hacia Ucrania. Euroclear, la entidad belga que gestiona gran parte de los activos rusos congelados, ha generado beneficios por más de 11.000 millones de euros en 2023 y 2024. De este monto, el 90% se destina a asistencia militar ucraniana y el 10% a programas de reconstrucción.
Además, estos ingresos han servido como garantía para que el G7 apruebe una línea de crédito por 50.000 millones de dólares para Ucrania. Este plan implica que los activos congelados seguirán inmovilizados por décadas, incluso si no se avanza hacia una confiscación directa.
Escenarios futuros: negociación o escalada
El Kremlin ha dejado claro que cualquier intento de confiscación de sus activos congelados será respondido con acciones legales y económicas. La liberación de estos fondos se considera una prioridad en cualquier futuro acuerdo de paz. Moscú ha propuesto incluso su uso parcial para la reconstrucción de territorios ucranianos ocupados, lo que plantea dilemas políticos complejos para Kiev y sus aliados.
Mientras tanto, las confiscaciones internas en Rusia continúan. Los analistas coinciden en que esta política redefine las relaciones entre el poder político y económico, debilita al sector privado y fortalece el control estatal sobre la economía. Todo esto ocurre en paralelo a una transformación más amplia del modelo económico ruso, cada vez más aislado del sistema financiero occidental y orientado a la autosuficiencia.
