27 de mayo de 2025 - 08:31 Por Uriel Salamon Es inobjetable el avance que ha realizado China en América Latina en los últimos años, convirtiéndose en el principal inversor externo de la región. No obstante, muchos de los grandes proyectos han quedado a medias y otros fuertemente denunciados sobre todo por explotación laboral.
La huella que China no quiere dejar al descubierto en América Latina
América latina es una de las regiones preferidas por China para la realización de obras de infraestructura y crecimiento de su economía. Son muy pocos los países de la región que no forman parte de la Nueva Ruta de la Seda de China. Sin embargo, es cada vez más evidente que la amplia mayoría de estas obras genera tantos problemas como beneficios, o más. Cuestiones medioambientales y humanitarias están poniendo en tela de juicio estas obras, que los países necesitan pero que al mismo tiempo pueden terminar sufriendo.
En EL ARCHIVO revelamos que en 2024 casi 150 organizaciones de la sociedad civil del continente, apoyadas por otras casi 50 instituciones de todo el mundo, presentaron una carta al Banco de Desarrollo de China (BDC), cuestionando la realización de muchas de estas obras. A pesar que en la última cumbre CELAC- CHINA, el gigante asiático prometió libres visados, más comercio y 9,2 mil millones de dólares para América Latina, la larga lista de proyectos a medias y de mala calidad, explotación laboral, trampas de deuda y daños ambientales devastadores también forman parte de lo que China no desea
En 2014, China Railway Construction Corporation ganó la licitación del “tren bala”, el proyecto fue dejado de lado por el gobierno de México, si bien en su momento se adujeron cuestiones presupuestarias, se sospecha que falta de transparencia fue uno de los principales obstáculos en esta obra ferroviaria. De hecho, ex empleados de las subsidiarias mexicanas de China Railway Construction Corporation denunciaron que se les hacía firmar contratos anuales con distintas empresas del conglomerado para evitar la acumulación de antigüedad y eludir obligaciones fiscales. De acuerdo a la denuncia, los empleados eran transferidos sistemáticamente entre diversas empresas operadas por capital chino bajo el paraguas de Mexirrc, facilitando así la evasión de diversos impuestos. Esta práctica podría tener implicaciones tanto para los derechos laborales de los empleados como para las obligaciones fiscales de las empresas involucradas.
Por otra parte la central hidroeléctrica Chicoasén II, también llevada adelante por capitales chinos ha sido denunciada por presuntos abusos a los derechos laborales. Jornadas de doce horas, equipo de protección insuficiente, control sobre los sindicatos y falta de pago de horas extras se encuentran entre las principales reivindicaciones de los trabajadores mexicanos.
Un ferrocarril interoceánico en Perú con impacto ambiental
El megaproyecto de 10 mil millones de dólares busca conectar la costa atlántica con la costa pacífica entre Brasil y Perú. El proyecto, que lleva años en espera, tiene un alto costo geopolítico, ambiental y social para la región. La cuestión es que en la costa peruana, hay zonas de gran importancia ecológica, como la ecoregión del Cerrado y la Selva Amazónica, además de parques nacionales y territorios indígenas. Además se teme que la línea de ferrocarril contribuya indirectamente con la deforestación del entorno de las zonas que atravesaría.
En diciembre de 2024, inspectores brasileños encontraron a 163 trabajadores chinos en una situación alarmante: Jornadas laborales abusivas sin derechos ni descansos adecuados, retención de pasaportes, restringiendo su movilidad y libertad, alojamientos insalubres, con condiciones precarias de higiene y seguridad falta de alimentación adecuada, con comida almacenada en condiciones insalubres. Los trabajadores habían sido contratados en China por la empresa Jinjiang Group y enviados a Brasil con visas irregulares, sin garantías ni protección legal.
Explotaciones mineras en Nicaragua violando normas ambientales y territorios de comunidades originarias
El país, gobernado por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, ha devastado recursos naturales, contaminado ríos, destruido bosques, invadido comunidades indígenas y extinguido ricos ecosistemas. Zonas clave como la Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva de Biosfera Bosawás han sido particularmente afectadas. Solo en 2023, se estima que se destruyeron más de 60,000 hectáreas de bosque primario, equivalentes al 4.2% de lo que queda de estos ecosistemas en el país. La Fundación del Río ha documentado cómo estas actividades afectan a las comunidades indígenas Rama, Kriol, Miskitu y Mayangna, que ven sus territorios invadidos y sus derechos ignorados. Desde 2007 el gobierno ha otorgado 141 concesiones mineras, muchas de ellas en territorios indígenas, sin realizar procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), violando normativas internacionales.
Ecuador, una central hidroeléctrica que genera pérdidas
Coca Codo Sinclair de la empresa china Sinohydro, prometía que la planta debía producir más de 1.500 megavatios de energía “limpia y renovable” y cubrir un tercio de la demanda eléctrica de Ecuador con un tiempo de vida útil de 50 años, casi cinco años después de su inauguración y pese a un costo de USD 2 700 millones, la hidroeléctrica sigue sin funcionar en su total capacidad. Por otra parte miles de fisuras que aparecieron en los distribuidores de agua de la mega presa, exigieron reparaciones constantes reparaciones y Las obras hicieron imposible generar electricidad para consumo y exportación, causando pérdidas por USD 8 millones entre 2016 y agosto del 2021 para la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), la empresa pública que maneja la central.