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SUSCRIBITEBoris Johnson viajó, se reunió y cobró; los documentos filtrados apuntan a un pago millonario tras un encuentro con Nicolás Maduro.
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SUSCRIBITEBoris Johnson interrumpió unas vacaciones en febrero de 2024 para mantener una entrevista de 45 minutos con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y semanas después su oficina emitió una factura que fue efectivamente pagada por un gestor de fondos, según documentos difundidos y publicados por The Guardian y derivados de una filtración albergada por Distributed Denial of Secrets (DDoS).
Estos archivos, que contienen correos, facturas, contratos y registros de reuniones, colocan al cobro —y no sólo al encuentro diplomático— en el corazón de las preguntas sobre posibles conflictos de interés de Johnson tras su salida del gobierno. La factura en cuestión ascendió a 240.000 libras esterlinas (200.000 libras más 40.000 en concepto adicional), fue emitida el 15 de marzo de 2024 y, según los registros filtrados, aparece como pagada el 7 de mayo de 2024. Antes de esa fecha, el propio Johnson había firmado en septiembre de 2023 un contrato con Merlyn Advisors —el fondo cuyo gestor, Maarten Petermann, acompañó la visita a Caracas— por el que, según el documento contractual, Johnson debía asesorarles y cobrar honorarios elevados por reunión. Estas coincidencias temporales —contrato, reunión con Maduro, factura y pago— son el punto de partida que orienta la lectura del resto de los documentos y da sentido a las demás revelaciones de la filtración.
Los archivos filtrados muestran además que la línea entre la actividad pública y la privada del ex primer ministro se volvió difusa en su oficina privada. Johnson dispone de una oficina limitada que recibe una asignación pública anual destinada, en teoría, a cubrir gastos derivados de su “posición especial en la vida pública” —el llamado subsidio por gastos de servicio público, PDCA— y que no está pensada para financiar actividades comerciales. Los documentos ponen en cuestión el uso de esos fondos: hay constancia de solicitudes por unos 182.000 libras del PDCA para pagar salarios de personal que, según los registros, trabajó en asuntos que combinan tareas administrativas públicas con actividades relacionadas con la gestión de negocios privados y la búsqueda de contratos. Esa superposición ha llevado a políticos y responsables a pedir que se investigue si la asignación debería suspenderse mientras se aclaran los hechos, ya que el Comité Asesor sobre Nombramientos Empresariales (Acoba) reexamine algunos de los empleos y los contactos mantenidos por Johnson tras dejar Downing Street. En el centro de la discusión está la pregunta práctica: ¿se han usado recursos públicos para sostener una estructura que facilitó ingresos privados basados en contactos políticos? Los archivos no ofrecen una respuesta cerrada, pero sí piezas —facturas, contratos y registros de correspondencia— que obligan a plantearla.
El vínculo con Venezuela —la reunión con Maduro y el pago asociado— no aparece aislado en los papeles: forma parte de un patrón de aprovechamiento de redes internacionales que incluye, por ejemplo, acercamientos a Arabia Saudita. Los mismos documentos revelan comunicaciones y gestiones en torno a Better Earth, la consultora copresidida por Johnson y fundada por un financista canadiense, que intentó ofrecer servicios y asesoramiento a altos cargos saudíes con la intención de colaborar en objetivos de reducción de emisiones y proyectos energéticos. En varios pasajes de la filtración hay constancia de almuerzos, reuniones en clubes privados y cartas redactadas por Johnson con membrete de su oficina dirigidas a figuras como el entonces ministro de Comercio saudí Majid al-Qasabi y al príncipe heredero Mohammed bin Salman. La documentación sugiere que Johnson utilizó contactos establecidos durante su mandato para abrir puertas comerciales, y que en algunos casos la empresa para la que trabajaba o copresidía planteó explícitamente a interlocutores saudíes la posibilidad de colaborar en cumbres climáticas u otros proyectos. Es relevante subrayar que Acoba, al autorizar con condiciones ciertas incorporaciones posteriores al cargo, impuso límites para evitar exactamente este tipo de contactos: las condiciones solían prohibir involucrarse con los contactos que el ex ministro había desarrollado durante su mandato, y en el caso de Better Earth esa restricción fue explícita en la forma de condiciones sobre la actividad de lobby. Las piezas muestran, sin embargo, que algunas de esas reuniones y comunicaciones tuvieron lugar en estrecha proximidad temporal con la aprobación o con la actividad de la consultora.
Las filtraciones también detallan la naturaleza privada —a veces secreta— de reuniones que suscitan dudas por su opacidad y por su potencial influencia en decisiones públicas o contratos. Un ejemplo llamativo incluido en los archivos es el encuentro con Maarten Petermann en Chequers en agosto de 2022, cuando Johnson todavía era primer ministro; ese almuerzo de dos horas y media, según los registros, no se hizo público oficialmente en su momento. La misma línea de documentos registra encuentros “privados” con figuras como Peter Thiel antes de que Palantir obtuviera roles relevantes en contratos de gestión de datos del NHS, lo que plantea la cuestión de la transparencia en el registro público de reuniones ministeriales. Además, los archivos reavivan escándalos anteriores que implican el uso del espacio oficial como ámbito social cerrado en tiempos de pandemia: hay entradas que parecen confirmar cenas y reuniones en Downing Street y en Chequers que contravendrían o, en todo caso, habrían bordeado las restricciones del confinamiento de 2020 y 2021. Uno de los casos más citados en los documentos es la cena con Lord Brownlow, quien financió parte de la remodelación del apartamento de Downing Street, apenas un día después del segundo confinamiento nacional; la combinación de donaciones, remodelaciones y encuentros privados vuelve a emerger como factor de sospecha sobre la discrecionalidad con la que funcionó la oficina del primer ministro en esos años. Estas revelaciones no solo reabren debates ya existentes (como Partygate y la remodelación del apartamento), sino que las conectan a un relato más amplio sobre cómo los contactos políticos pueden transformarse en ingresos privados tras dejar el cargo.
Las reacciones políticas y mediáticas a las filtraciones han sido inmediatas y diversas, aunque no han derivado, al día de los documentos, en sanciones internacionales directas contra Johnson. En el plano interno del Reino Unido, responsables de diversos partidos y ex cargos públicos han exigido investigaciones o la suspensión temporal de la asignación PDCA que financia la oficina privada de Johnson; el comité asesor Acoba y otros organismos regulatorios han abierto revisiones sobre la adecuación de los nombramientos y los contactos. En la esfera mediática, The Guardian —medio que ha publicado extensamente sobre los “Archivos Boris” tras acceder al material provisto por DDoS— ha situado el caso en términos de interés público por la rendición de cuentas de ex primeros ministros que conservan privilegios estatales mientras exploran ingresos privados. Internacionalmente, los documentos han sido recogidos por la prensa y han provocado preguntas en foros sobre ética pública y puertas giratorias, pero no se han documentado sanciones formales de gobiernos extranjeros ni procedimientos judiciales internacionales vinculados directamente a los pagos o reuniones descritas. La diferencia entre repercusión informativa y repercusión legal es crucial: los archivos han generado presión política, escrutinio público y potenciales investigaciones administrativas, pero convertir esas dudas en sanciones o leyes requiere pasos subsiguientes que, hasta donde muestran los documentos filtrados, aún no se han materializado.
Los materiales filtrados —1820 archivos que incluyen correos, facturas, hojas de cálculo y contratos según el inventario— proceden de una base custodiada por Distributed Denial of Secrets y han sido procesados y publicados en parte por The Guardian, que se presenta como el principal medio que ha trabajado esa fuente. La naturaleza de la filtración plantea además preguntas adicionales sobre la seguridad y la gestión de información en oficinas oficiales y semipúblicas, y abre el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en el gasto y en el registro de reuniones de quienes ocupan o han ocupado cargos de máxima responsabilidad. Los hechos que emergen de los archivos —el pago de 240.000 libras relacionado en el tiempo con la reunión en Caracas, los contratos con fondos de inversión, las gestiones comerciales con Arabia Saudita, el uso de la oficina privada y las entradas que apuntan a infracciones de las normas de confinamiento— configuran un mapa descriptivo de hechos que exigen verificaciones adicionales, respuestas públicas por parte del ex primer ministro y acciones formales de los órganos de control cuando proceda. Lo que los documentos no ofrecen, por sí solos, es una condena legal o un acta definitiva de irregularidad; lo que sí proporcionan es material suficiente para que se realicen investigaciones.