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SUSCRIBITEEn Venezuela, el gobierno de Delcy Rodríguez inició una serie de excarcelaciones de presos políticos tras la detención de Maduro en Estados Unidos.
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SUSCRIBITEEl 3 de enero de 2026, el expresidente Nicolás Maduro fue detenido por autoridades estadounidenses, un hecho que produjo un reordenamiento inmediato del poder en Venezuela. Tras la captura, Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, asumió funciones ejecutivas y se posicionó públicamente como la principal figura del nuevo esquema institucional, impulsando cambios en la política interna y en las relaciones exteriores del país.
Desde entonces, Rodríguez ha reiterado en varias declaraciones que Venezuela “no acepta órdenes de ningún actor externo” y que ejercerá su soberanía sin condicionamientos internacionales. “No hay tutela extranjera sobre Venezuela”, afirmó al rechazar declaraciones de funcionarios estadounidenses que sugerían una influencia directa de Washington sobre el proceso político interno. En otro pronunciamiento, sostuvo que “la unión nacional es necesaria para la paz” y convocó a distintos sectores a integrarse a un proceso político sin interferencias externas.
En ese marco, Rodríguez insistió en que el pueblo venezolano tiene un gobierno que le obedece directamente y defendió que cualquier relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto y la legalidad internacional, sin subordinación a intereses externos. Al mismo tiempo, criticó a figuras de la oposición que se reunieron con el presidente estadounidense, calificando como “vergonzoso” el encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump.
El 8 de enero de 2026, el gobierno anunció el inicio de un proceso de excarcelación de presos políticos. Desde entonces, se registraron liberaciones sucesivas, aunque las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones independientes presentan diferencias significativas.
La ONG Foro Penal informó la excarcelación de al menos 104 personas en una primera etapa, cifra que luego fue actualizada con nuevos reportes. En otros momentos, confirmó liberaciones de 80, 100 y más de 260 detenidos, según distintas oleadas verificadas. El gobierno, por su parte, habló de la mayor liberación de presos políticos del año, sin precisar cifras consolidadas ni detallar criterios.
Uno de los hechos centrales en las últimas semanas ha sido el anuncio y ejecución de estas excarcelaciones. El gobierno provisional de Rodríguez informó la liberación de un número significativo de detenidos desde el 8 de enero de 2026, pero las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones independientes difieren considerablemente. Mientras el Ejecutivo ha hablado de más de 600 liberaciones tras iniciar el proceso, Foro Penal —principal entidad independiente que monitorea estos casos— ha confirmado diferentes cifras verificadas: 139, 266 y grupos de 80 o 110 excarcelaciones en distintos momentos.
Este proceso incluye la salida de prisión de activistas, abogados, estudiantes y al menos cinco ciudadanos extranjeros, entre otros. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos resaltan que muchas liberaciones no implican retirada de cargos ni libertad plena, y que centenares de personas continúan detenidas bajo acusaciones que estas mismas organizaciones consideran políticas.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron falta de transparencia en el proceso, señalando que muchas liberaciones no estuvieron acompañadas de resoluciones judiciales claras ni de información pública verificable. Foro Penal advirtió que en numerosos casos se trata de medidas condicionales, como libertad bajo presentación, arresto domiciliario o restricciones de movilidad, sin sobreseimiento ni archivo de causas.
Además, diversos informes destacaron la situación específica de las mujeres privadas de libertad por motivos políticos. Un reporte de Deutsche Welle señaló que las presas políticas enfrentan condiciones de aislamiento, restricciones en el acceso a visitas y dificultades para recibir atención médica adecuada. Las organizaciones indicaron que muchas mujeres fueron detenidas en contextos de protestas, actividades partidarias o vínculos familiares con opositores, y que su situación permanece en gran parte invisibilizada.
También alertaron que centenares de personas continúan detenidas pese al proceso en curso, y que el universo total de presos políticos sigue siendo elevado. Las excarcelaciones han tenido un impacto visible en familias y redes sociales, donde grupos de familiares han organizado vigilias frente a distintas cárceles, exigiendo la libertad de sus seres queridos que aún permanecen detenidos. Las manifestaciones combinan la celebración por algunos reencuentros con la presión continua para que se liberen más personas y se esclarezcan las condiciones de detención.
ONG locales y defensores de derechos humanos han denunciado que el proceso carece de transparencia y que muchas excarcelaciones se otorgan con medidas restrictivas que limitan la libertad de expresión o movimiento de los liberados.
Familiares de presos políticos mantienen desde hace semanas campamentos frente a centros de detención, especialmente en Caracas. Un grupo de madres se negó a abandonar un campamento instalado frente a una prisión, pese a denuncias de intimidación por parte de fuerzas de seguridad. Las familias reclaman información sobre el estado de los detenidos, acceso a visitas regulares y la inclusión de sus casos en las listas de excarcelación. En varios casos, señalaron que se enteraron de las liberaciones de manera informal, sin comunicación oficial previa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció públicamente lo que calificó como un “gesto humanitario” por parte de Delcy Rodríguez tras la liberación de presos políticos. Trump sostuvo que las excarcelaciones representan un primer paso, pero que se esperan acciones adicionales, entre ellas la liberación de todos los presos políticos, garantías electorales y cooperación institucional.
Funcionarios estadounidenses señalaron que la situación en Venezuela seguirá siendo monitoreada y que futuras relaciones diplomáticas dependerán de avances verificables en derechos humanos y procesos democráticos. Medios europeos como Euronews, Deutsche Welle y la BBC destacaron el impacto regional de las excarcelaciones, señalando que se trata de uno de los mayores movimientos de liberación de presos políticos registrados en Venezuela en los últimos años. Organismos internacionales y gobiernos extranjeros expresaron cautela, subrayando la necesidad de que el proceso sea completo, transparente y verificable, y no limitado a gestos parciales.
En el plano internacional, la liberación de presos políticos ha sido recibida con atención, especialmente por Estados Unidos. La administración de Trump expresó apoyo a los esfuerzos de reconciliación tras la captura de Maduro, pero mantuvo demandas hacia la administración interina, incluyendo expectativas de cooperación en temas como el combate al narcotráfico y la apertura para elecciones libres y transparentes bajo supervisión internacional.
El proceso de excarcelaciones se desarrolla en un contexto de transición institucional no definido, con un gobierno interino que combina mensajes de soberanía con gestos diplomáticos, y con una oposición fragmentada. Rodríguez reiteró que el país no se encuentra bajo tutela externa y que cualquier diálogo internacional se realizará bajo principios de igualdad soberana. “No aceptamos órdenes de ningún actor externo”, afirmó en reiteradas oportunidades.
Al mismo tiempo, sostuvo que la unión nacional es clave para garantizar la estabilidad política y social, en un escenario de alta sensibilidad institucional. A pesar de las liberaciones, organizaciones como Foro Penal estiman que centenares de presos políticos permanecen detenidos, lo que mantiene la tensión en la agenda de derechos humanos y políticas de reconciliación en Venezuela. La disputa sobre cifras reales de excarcelados, la verificación de quienes realmente fueron detenidos por motivos políticos y la falta de claridad en los criterios de liberación contribuyen a un ambiente de incertidumbre tanto dentro como fuera del país.