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SUSCRIBITEMientras el Reino Unido busca recomponer la relación con Europa después del Brexit, Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclama mayor autonomía.
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SUSCRIBITEEl debate sobre el futuro del Reino Unido está entrando en una nueva etapa. Mientras el gobierno de Andy Burnham busca reconstruir los vínculos económicos y políticos con la Unión Europea, las tres naciones que, junto con Inglaterra, conforman el Reino Unido están gobernadas por fuerzas que cuestionan el actual orden constitucional.
La coordinación quedó plasmada el 14 de septiembre, cuando los líderes del Scottish National Party (SNP), Plaid Cymru y Sinn Féin se reunieron en Cardiff y firmaron un de entendimiento. El acuerdo reclama que Escocia, Gales e Irlanda del Norte puedan determinar su propio futuro constitucional y pide a Westminster que facilite los procesos necesarios para que cada nación pueda ejercer ese derecho. Al mismo tiempo, propone una mayor cooperación entre los tres gobiernos y una relación más estrecha con Europa.
El pacto no plantea un camino común hacia la ruptura del Reino Unido. Cada territorio mantiene una demanda diferente y decidirá sus propios tiempos. Su importancia radica en que, por primera vez, los tres movimientos nacionalistas coordinan sus posiciones frente a Westminster y vinculan sus distintas demandas constitucionales con una agenda común de cooperación europea.
Ahí aparece la paradoja que atraviesa la política británica actual: mientras Westminster intenta redefinir la relación del Reino Unido con Europa, tres de las cuatro naciones que forman ese mismo Reino Unido están cuestionando cuánto poder debería conservar Westminster sobre su futuro.
La estructura actual del Reino Unido comenzó a cambiar a fines de los años noventa, cuando Escocia y Gales crearon sus propios parlamentos y recibieron competencias que antes estaban concentradas en Westminster. Irlanda del Norte siguió un camino diferente, con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que estableció un sistema de gobierno autónomo y sentó las bases para decidir su futuro constitucional.
La devolución de poderes buscaba dar mayor autonomía a las distintas naciones sin romper el Reino Unido. Sin embargo, con el tiempo, la discusión pasó de cuánto poder debía transferirse a una pregunta más profunda: quién debe tener la última palabra sobre el futuro de cada territorio.
Escocia es donde esa discusión llegó más lejos. En 2014 celebró un referéndum de independencia, en el que el 55,3% votó por permanecer en el Reino Unido y el 44,7% por independizarse. En agosto de este año, el gobierno de John Swinney publicó un proyecto de ley para celebrar una nueva consulta y reclamó a Westminster las competencias necesarias para hacerlo.
En Gales, la demanda de mayor autonomía tomó fuerza con la llegada de Plaid Cymru al gobierno en mayo. Rhun ap Iorwerth asumió como primer ministro y mantiene la independencia como objetivo político, aunque su gobierno plantea avanzar primero hacia una mayor capacidad de decisión para Gales, sin convocar por ahora un referéndum.
Irlanda del Norte tiene un escenario diferente. Su futuro constitucional está definido por el principio de consentimiento del Acuerdo de Viernes Santo: mientras una mayoría quiera permanecer en el Reino Unido, esa es su posición constitucional; si existe una base suficiente para considerar que una mayoría apoyaría la reunificación, puede convocarse un referéndum.
Los tres procesos, por tanto, no son equivalentes. Escocia debate una nueva independencia estatal; Gales busca ampliar progresivamente su autonomía, con la independencia como horizonte político; e Irlanda del Norte podría dejar el Reino Unido para formar parte de una Irlanda unificada.
La dimensión europea agrega una capa adicional al conflicto. En 2016, el Reino Unido votó abandonar la Unión Europea como Estado único, aunque el resultado estuvo marcado por diferencias territoriales. Escocia votó mayoritariamente por permanecer en el bloque, al igual que Irlanda del Norte, mientras que Inglaterra y Gales apoyaron el Brexit.
Para el nacionalismo escocés, esa diferencia se convirtió en un argumento central: Escocia abandonó la UE como consecuencia de una decisión tomada por el conjunto del Reino Unido, pese a que sus propios votantes habían elegido permanecer.
En Gales, Plaid Cymru también vincula una mayor autonomía con la posibilidad de desarrollar relaciones económicas e institucionales propias con Europa. En Irlanda del Norte, la cuestión europea tiene una dimensión todavía más directa, ya que una eventual reunificación supondría la incorporación de Irlanda del Norte a la República de Irlanda, un Estado miembro de la UE.
Ahora Westminster también está intentando acercarse nuevamente a Bruselas. El gobierno de Burnham está negociando cuestiones relacionadas con alimentos y agricultura, comercio de emisiones, movilidad juvenil y participación británica en iniciativas europeas. Entre ellas se encuentra la propuesta “Made in Europe”, que podría afectar a sectores británicos integrados en las cadenas de suministro europeas. Burnham ha pedido que el Reino Unido pueda participar en el esquema, argumentando que una exclusión perjudicaría a ambas economías.
El gobierno británico continúa diferenciando entre reconstruir la relación con la UE y revertir el Brexit. Sin embargo, Burnham tampoco ha descartado que la cuestión de una eventual reincorporación pueda formar parte de futuros debates políticos.
El gobierno británico debe gestionar ahora dos frentes que empiezan a converger: la relación con Bruselas y una estructura territorial en la que tres de sus gobiernos reclaman mayor capacidad para decidir sobre su futuro.
Westminster mantiene su oposición a un nuevo referéndum de independencia escocés, mientras que en Irlanda del Norte debe respetar el principio de consentimiento establecido por el Acuerdo de Viernes Santo. El memorando de Cardiff no establece un calendario común ni un mecanismo conjunto, pero sí formaliza una coordinación política alrededor de una misma demanda: que cada nación pueda decidir su futuro constitucional.
El Reino Unido está revisando su relación con Europa mientras Escocia, Gales e Irlanda del Norte revisan su relación con Westminster. La convergencia entre ambos procesos abre una nueva etapa en el debate sobre el futuro de la unión.
