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SUSCRIBITEManejó contratos estatales durante el gobierno de Chávez, fue investigado por presunto lavado de dinero en Estado Unidos.
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SUSCRIBITEEn agosto de 2026, Donald Trump anunció lo que presentó como el mayor acuerdo petrolero de la historia entre Estados Unidos y Venezuela. Uno de sus protagonistas era Alejandro Betancourt López, un empresario venezolano de 46 años que había construido su fortuna durante el chavismo y que, meses antes, enfrentaba restricciones judiciales en Reino Unido por una investigación de presunto lavado de dinero en Suiza.
El acuerdo contempla una participación del 35% para Washington en una sociedad vinculada a North American Blue Energy Partners (NABEP), la compañía dirigida por Betancourt, además de derechos preferenciales para comprar petróleo venezolano durante décadas. El empresario mantiene vínculos tanto con la administración Trump como con el gobierno de Delcy Rodríguez.
Betancourt pertenece a la generación de empresarios venezolanos conocidos como los bolichicos, término popularizado durante el gobierno de Hugo Chávez para describir a jóvenes que acumularon grandes fortunas mediante negocios con el Estado, en algunos casos sin experiencia previa en los sectores donde operaban.
Hijo de un músico y una diseñadora de joyas, creció en una familia acomodada y estudió en el Instituto Cumbres de Caracas, donde estableció relaciones que posteriormente lo vincularon con el sector energético.
Durante la crisis eléctrica venezolana de 2009, fundó junto a su primo Pedro Trebbau la empresa Derwick Associates, que obtuvo al menos once contratos estatales sin licitación para construir plantas termoeléctricas. Según investigaciones de OCCRP y Transparencia Venezuela, las adjudicaciones alcanzaron aproximadamente 5.000 millones de dólares, con presuntos sobreprecios estimados en 2.900 millones.
Varias instalaciones funcionaron por debajo de su capacidad prevista o dejaron de operar, mientras Venezuela continuaba sufriendo cortes de electricidad. Betancourt y Derwick rechazaron las acusaciones de irregularidades y atribuyeron los problemas posteriores a la administración estatal de las plantas.
Posteriormente, Betancourt expandió sus negocios hacia el petróleo mediante asociaciones vinculadas a PDVSA y al banco ruso Gazprombank. También desarrolló inversiones internacionales y adquirió propiedades en Europa, incluida una extensa finca con un castillo en Toledo, España.
Después de prosperar durante el chavismo, la relación de Betancourt con el gobierno de Nicolás Maduro se deterioró alrededor de 2020. Ese año, Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicación, lo acusó públicamente de financiar a Juan Guaidó, el dirigente opositor reconocido por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela.
Según investigaciones periodísticas, Betancourt había mantenido contactos con sectores opositores. Durante ese período, el gobierno venezolano tomó medidas contra sus intereses petroleros y congeló activos vinculados a él.
En 2023, el empresario retomó contactos con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, en el marco de negociaciones para regresar al negocio petrolero. Al año siguiente, fundó NABEP junto al empresario estadounidense Harry Sargeant, vinculado al entorno político de Trump.
Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, Betancourt participó en contactos relacionados con la nueva relación entre Washington y Caracas. Reuters informó que había proporcionado información a autoridades estadounidenses sobre operaciones petroleras venezolanas y colaborado en gestiones previas a la intervención.
Durante más de una década, Betancourt ha aparecido en investigaciones sobre presunto lavado de dinero y corrupción relacionadas con negocios energéticos venezolanos.
En Estados Unidos, su nombre surgió en la investigación Operation Money Flight, vinculada al presunto desvío de más de 1.000 millones de dólares de PDVSA. Varios implicados fueron acusados o condenados, aunque Betancourt no recibió cargos penales formales.
También fue investigado en España y Suiza por operaciones financieras presuntamente vinculadas al desvío de fondos públicos venezolanos. En 2025 fue detenido en Reino Unido en el contexto de solicitudes judiciales europeas y quedó sometido a restricciones de movimiento.
Según reveló The Washington Post, durante 2026 altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos Christopher Landau, Pam Bondi y Todd Blanche, realizaron gestiones ante autoridades suizas relacionadas con la situación judicial del empresario.
En mayo, Suiza retiró su solicitud de extradición desde Reino Unido, aunque aclaró que la investigación penal continuaba abierta. Paralelamente, una investigación federal estadounidense que involucraba a Betancourt quedó suspendida. Reuters no pudo determinar si esa decisión estuvo relacionada con su cooperación con Washington.
En España, la justicia reabrió una investigación por presunto blanqueo de capitales y delitos fiscales. Sin embargo, hasta septiembre seguía esperando una solicitud de cooperación enviada a Estados Unidos para interrogar a testigos considerados relevantes para el expediente.
Estas actuaciones coincidieron con la participación de Betancourt en las negociaciones petroleras con Washington. Hasta el momento, no se ha demostrado públicamente que las decisiones judiciales hayan respondido a su colaboración con las autoridades estadounidenses.
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Alejandro Betancourt pasó a desempeñar un papel relevante en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Según Reuters, el empresario proporcionó información a Washington sobre operaciones petroleras venezolanas y facilitó contactos con funcionarios del país. En agosto, la administración Trump anunció un acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa dirigida por Betancourt, que otorga a Estados Unidos una participación del 35% en una sociedad vinculada al negocio y acceso preferencial a su producción petrolera. Una investigación de ProPublica reveló que el convenio también establece condiciones especiales para removerlo de la dirección de la compañía y que no se conoce públicamente la identidad de todos sus inversores.
De esta manera, el empresario que construyó su fortuna mediante contratos estatales durante el chavismo ocupa hoy un lugar destacado en las negociaciones petroleras impulsadas por Washington, mientras mantiene vínculos con el gobierno de Delcy Rodríguez y continúa bajo investigación judicial en Europa.
