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SUSCRIBITEEl cierre del Ueno Bank afectó los ahorros de 3 millones de paraguayos y generó una crisis política que se llevó puesta a la autoridad presidencial.
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SUSCRIBITEParaguay atraviesa una de las crisis institucionales y financieras más graves de los últimos años. Lo que comenzó como un problema de solvencia de una entidad bancaria terminó convirtiéndose en un escándalo político que sacudió al gobierno de Santiago Peña y puso en cuestión los mecanismos de control del sistema financiero.
El epicentro de la crisis es Ueno Bank, una entidad digital que experimentó un crecimiento acelerado y llegó a reunir aproximadamente 2,9 millones de clientes. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar su procedimiento de resolución después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa.
La decisión provocó un fuerte impacto entre los ahorristas, que quedaron imposibilitados de acceder normalmente a sus cuentas, tarjetas y depósitos. La situación adquirió una dimensión todavía mayor cuando trascendió que la entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares pertenecientes a organismos y fondos públicos. La caída de Ueno Bank abrió interrogantes sobre su extraordinario crecimiento, sus operaciones crediticias y sus relaciones con el poder político.
La entidad pertenece al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial con el que Santiago Peña mantuvo vínculos comerciales antes de llegar a la Presidencia. También quedaron bajo cuestionamiento los préstamos otorgados a empresas relacionadas con los propietarios del banco y el manejo de recursos provenientes de instituciones estatales. La Fiscalía abrió investigaciones por presuntas irregularidades financieras y posibles responsabilidades de funcionarios y directivos. Las acusaciones incluyen eventuales conflictos de intereses y utilización irregular de recursos públicos.
El impacto político fue inmediato. La oposición impulsó un juicio político contra el mandatario, mientras las protestas crecían en Asunción y aumentaba el malestar dentro del propio Partido Colorado, la fuerza gobernante. En medio de la presión, Peña anunció el 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia. Sin embargo, el proceso institucional no quedó resuelto: el Congreso no aceptó su dimisión y el procedimiento de juicio político continuó avanzando en el Senado. La crisis también alcanzó al Banco Central, cuya conducción sufrió renuncias en medio de los cuestionamientos por la supervisión de la entidad financiera.
El 5 de noviembre de 2026, Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), anunció que acompañaría el juicio político contra Peña. Cartes había sido el principal padrino político de Peña y el impulsor de su candidatura presidencial en 2023, ante esta postura, el Partido Colorado, que sostenía al Gobierno, dejó de respaldar al presidente. Peña llegó al poder con el respaldo de Cartes, pero cuando la crisis amenazó con arrastrar al Partido Colorado, Cartes decidió sacrificar al presidente antes que comprometer su propia estructura de poder.
El caso Ueno dejó al descubierto un problema mucho más profundo que la caída de una institución financiera. La concentración de recursos públicos, los vínculos entre empresarios y funcionarios y las posibles fallas de supervisión abrieron un debate sobre la transparencia y la independencia de los organismos de control. Paraguay enfrenta ahora tres desafíos simultáneos: recuperar la confianza de los ahorristas, determinar las responsabilidades políticas y judiciales y resolver la sucesión presidencial en medio de una fuerte disputa institucional. La caída de Ueno Bank se convirtió así en una prueba decisiva para las instituciones paraguayas. Ya no se trata solamente de salvar los depósitos de millones de ciudadanos, sino también de establecer hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas y económicas detrás de uno de los mayores escándalos recientes del país.
Desde el retorno a la democracia en 1989, tras la larga dictadura de Stroesner, no es la primera vez que una crisis generada en otra área provoca problemas en lo institucional
En 1996 el comandante del Ejército Lino Oviedo se negó a obedecer la orden del presidente Juan Carlos Wasmosy de relevarlo. Se atrincheró con tropas y amenazó con un golpe. Wasmosy resistió y Oviedo terminó apartado de la conducción militar. En 1999 el vicepresidente Luis María Argaña fue asesinado el 23 de marzo. Las protestas dejaron siete manifestantes muertos. El presidente Raúl Cubas Grau renunció el 27 de marzo y se exilió en Brasil. En 2000 sectores militares vinculados al oviedismo intentaron derrocar al gobierno. Hubo movimientos de tropas y ocupación de medios de comunicación. La sublevación fracasó y el presidente permaneció en el cargo. En 2012 el enfrentamiento de Curuguaty, donde murieron 17 personas entre policías y campesinos, desencadenó una crisis política que llevó al Congreso a un juicio político y posterior destitución del Presidente Lugo el 22 de junio y su reemplazo por el vicepresidente Federico Franco, esto generó la suspensión temporal del Mercosur de Paraguay. En 2019 un acuerdo secreto con Brasil sobre la distribución de energía de la represa binacional Itaipú desató una crisis política. Renunciaron el canciller Luis Castiglioni, el titular de ANDE, el director paraguayo de Itaipú y el embajador en Brasil. Mario Abdo Benítez enfrentó un pedido de juicio político, que finalmente no prosperó. En 2022 Estados Unidos declaró al vicepresidente Hugo Velázquez «significativamente corrupto», por presuntas maniobras de soborno. Velázquez anunció que renunciaría a la vicepresidencia y abandonó su precandidatura presidencial.
En estas crisis hay tres características recurrentes:
El poder del Partido Colorado: las disputas internas de la ANR fueron determinantes en varias crisis.
La influencia de los militares y de los grupos económicos: desde Oviedo en 1996 hasta los escándalos financieros más recientes.
La debilidad institucional: presidentes que pierden respaldo parlamentario, renuncias de funcionarios y organismos de control cuestionados.
La crisis de 2026 tiene un antecedente político especialmente parecido en 1999: un escándalo que comienza con un hecho grave, provoca una movilización social, rompe al oficialismo y termina comprometiendo la continuidad presidencial. Pero hay una diferencia: en 1999 el detonante fue el asesinato del vicepresidente; en 2026, el eje es el colapso financiero y sus conexiones políticas.
