Perú y Chile endurecen controles en medio de un aumento de la migración irregular y tensiones políticas
El refuerzo militar en la frontera, la presión migratoria desde Chile y las declaraciones de autoridades de ambos países reconfiguran el escenario diplomático.
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El gobierno interino de Perú, encabezado por el presidente José Jerí, declaró el estado de emergencia en la frontera sur con Chile tras registrar un aumento súbito de migrantes indocumentados que intentan ingresar desde la región de Arica. La decisión, formalizada mediante el Decreto Supremo N.º 135-2025-PCM, habilitó la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, con facultades ampliadas para ejecutar operativos de control territorial, vigilancia en pasos no habilitados y restricciones a la libertad de tránsito y reunión.
Crece la tensión entre Chile y Perú en la frontera.
Las autoridades peruanas atribuyeron el incremento de movimientos en la zona limítrofe a un flujo de extranjeros —principalmente venezolanos, ecuatorianos y colombianos— que buscan abandonar Chile ante la eventualidad de un cierre migratorio más estricto. La campaña presidencial chilena, marcada por la propuesta del candidato José Antonio Kast de expulsar a los migrantes en situación irregular, ha generado desplazamientos anticipados hacia Perú y Bolivia.
Declaraciones y medidas que amplifican el clima de tensión
El presidente Jerí señaló que la emergencia busca “generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización”, subrayando que la seguridad pública podría verse comprometida si no se refuerzan los controles. Su canciller, Hugo de Zela, sostuvo que el país “no tiene capacidad para recibir más migrantes”, advirtiendo que los servicios básicos han llegado a su límite operativo.
En Chile, la situación fue interpretada con matices. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, afirmó que no existe una “crisis fronteriza”, aunque reconoció la presencia de grupos varados en el espacio entre los complejos Santa Rosa y Chacalluta. A juicio de Ramos, el fenómeno responde a “flujos habituales de fin de año”, pero se vio amplificado por declaraciones que, según sostuvo, “tienen consecuencias en la movilidad de las personas”. La ministra de Defensa chilena, Adriana Delpiano, agregó que la militarización peruana “es una medida autónoma y no hostil”, y que Chile mantiene sus operaciones sin variaciones significativas.
El impacto del ciclo electoral chileno
La segunda vuelta presidencial en Chile, programada para el 14 de diciembre, se ha convertido en un factor determinante del flujo migratorio. Kast, favorito en las encuestas, reiteró en campaña que los migrantes sin estatus legal debían “tomar sus pertenencias y abandonar el país”, advirtiendo que serían expulsados de manera inmediata si llega al poder.
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Las advertencias provocaron que numerosas familias migrantes comenzaran a desplazarse al norte chileno en busca de alternativas, lo que generó acumulación en la zona fronteriza. Autoridades locales de Arica describieron una “concentración de personas”, aunque subrayaron que la cifra diaria de salidas sigue siendo de entre 5.000 y 6.000 extranjeros, similar a periodos previos.
El gobernador regional de Arica, Diego Paco, sostuvo que la situación podría “agravarse exponencialmente” tras las elecciones chilenas, debido a la falta de un plan de contingencia frente a un eventual cierre fronterizo peruano.
Respuesta operativa en Tacna y Arica
En territorio peruano, el estado de emergencia definió la activación inmediata de patrullajes motorizados, monitoreo con drones y operativos de inteligencia para enfrentar delitos vinculados al tránsito irregular: trata de personas, contrabando y narcotráfico. También se autorizó el bloqueo de teléfonos involucrados en extorsión o sicariato mediante coordinación con Osiptel.
La Policía Nacional, con apoyo militar, ha realizado intervenciones en sectores críticos y ha retenido a las personas que intentan cruzar sin documentos válidos. La zona entre los complejos de control se convirtió en un punto de permanencia temporal, donde grupos de migrantes, incluidos menores de edad, permanecen varias horas o días a la espera de definiciones diplomáticas.
La vigilancia nocturna se ha vuelto clave: según autoridades locales, los cruces irregulares aumentan durante la noche, en ocasiones asistidos por intermediarios informales.
Bloqueos, retenciones y consecuencias logísticas
El 28 de noviembre, un grupo de migrantes bloqueó la carretera binacional en protesta por la negativa de ingreso. La interrupción provocó filas de camiones y buses en ambos países. Testimonios recogidos por medios locales indicaron que algunos buscaban retornar a Venezuela u otros países de origen debido al endurecimiento de las políticas migratorias chilenas.
Ante este cuadro, autoridades peruanas anticiparon refuerzos militares adicionales y la implementación de comités de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica coordinados desde Tacna. Estos equipos operarán con información clasificada, según establece el decreto de emergencia.
Hacia una coordinación diplomática forzada
Para contener los efectos y evitar un deterioro mayor de la situación, Chile y Perú instalaron un Comité Binacional de Cooperación Migratoria. El grupo abordará temas como:
caracterización de la población migrante;
experiencias de reconducción hacia terceros países;
intercambio policial de información;
protocolos de seguridad;
seguimiento de casos irregulares.
El canciller chileno Alberto van Klaveren y el canciller peruano Hugo de Zela encabezan el nuevo mecanismo. Ambas partes han declarado voluntad de diálogo, aunque con matices. Perú enfatiza límites de capacidad interna; Chile sostiene que la situación es manejable pero requiere coordinación estrecha para evitar una crisis humanitaria.
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Un escenario compartido en la región andina
Los hechos en la frontera chileno-peruana se suman a otros episodios recientes en Sudamérica donde la presión migratoria llevó a medidas excepcionales, cierres temporales de frontera o despliegues militares. En 2023, Perú aplicó una medida similar en Tacna; Bolivia y Chile han enfrentado tensiones por reconducciones rechazadas; y Ecuador ha reforzado sus puntos de control en pasos no habilitados. El fenómeno evidencia una falta de coordinación regional para administrar flujos de movilidad forzada y evitar la proliferación de rutas ilegales y delitos transfronterizos.
