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SUSCRIBITEA pesar de haber terminado su mandato con altos indices de popularidad, AMLO deja cuentas pendientes: inseguridad, migración y pueblos originarios.
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SUSCRIBITELa situación en México se encuentra marcada por tres problemáticas complejas y entrelazadas: la dinámica de la migración y sus tensiones con Estados Unidos, la inseguridad rampante, y la situación límite de los pueblos originarios. Cada uno de estos temas refleja desafíos profundos que impactan la estabilidad social, política y económica del país.
El flujo migratorio ha sido históricamente un tema central en las relaciones entre México y Estados Unidos, pero en los últimos años ha alcanzado niveles críticos. En el periodo de 2018 a 2024, México experimentó un aumento del 530% en la cantidad de migrantes en situación irregular, pasando de 131,445 personas en 2018 a más de 828,505 en 2024. Este fenómeno ha sido impulsado tanto por la crisis económica y política en los países de origen, como por las políticas migratorias de EE.UU., que bajo la presión de líderes como Donald Trump y Joe Biden, han externalizado el control de las fronteras hacia México. Este país, que alguna vez fue principalmente un lugar de paso, se ha convertido en un "muro de contención" donde miles de personas, principalmente de Centroamérica, Venezuela, y otros países, esperan en condiciones inhumanas una respuesta a sus solicitudes de asilo.
La militarización de las fronteras sur y norte de México ha sido una medida adoptada bajo la presión de Estados Unidos para controlar el flujo migratorio. Esta política de contención, sin embargo, ha tenido consecuencias devastadoras para los migrantes, quienes son víctimas de redes de tráfico humano, extorsiones y abusos tanto por parte de las autoridades como de grupos criminales. En marzo de 2023, un incendio en una estación migratoria en Chihuahua dejó 40 muertos, lo que puso de relieve las condiciones extremas y peligrosas a las que se enfrentan los migrantes dentro del país.
Las tensiones con EE.UU. no solo se limitan al control migratorio. En la campaña presidencial estadounidense de 2024, tanto Kamala Harris como Donald Trump utilizaron la migración como una herramienta política. Mientras Harris abogaba por un enfoque humanitario, Trump volvió a su retórica de 2016, prometiendo una deportación masiva y demonizando a los migrantes. Esta polarización en torno al tema no ha hecho más que alimentar la xenofobia y las tensiones en la frontera.
Este fenómeno migratorio tiene raíces históricas. Desde la década de 1980, la migración forzada hacia EE.UU. se ha intensificado debido a los conflictos civiles en Centroamérica y las políticas estadounidenses que han externalizado su frontera. Aunque en un principio México funcionaba como un corredor de paso, las recientes políticas de contención han consolidado su rol como el último filtro antes de la frontera estadounidense.
La violencia y la crisis migratoria tienen un impacto devastador en la economía de México. En estados como Sinaloa, la violencia ha provocado la muerte de más de 155 personas en pocas semanas, afectando gravemente la estabilidad económica local. Se estima que las pérdidas económicas superan los 800 millones de pesos debido a la interrupción del comercio y las actividades económicas. Esto demuestra cómo la inseguridad no solo afecta a las personas, sino también a la viabilidad económica de estas regiones. Además, las políticas de contención migratoria en ciudades fronterizas como Tapachula, Chiapas, han generado tensiones económicas, ya que la presencia de migrantes ha sobrecargado los recursos locales y ha generado problemas de empleo, vivienda y servicios sociales. Tapachula, que alberga el 60% de los migrantes que ingresan a México, es un claro ejemplo de cómo la migración está desbordando la capacidad de las ciudades receptoras, generando crisis humanitarias y económicas.
Las políticas migratorias implementadas tanto por EE.UU. como por México han dado lugar a serias violaciones a los derechos humanos. Las estaciones migratorias mexicanas, como las de Puebla y Tlaxcala, han sido denunciadas por el hacinamiento, la extorsión y el abuso de los migrantes. Según un informe, el 40% de los migrantes detenidos fueron deportados en 2021, lo que muestra cómo la militarización de la frontera sur ha priorizado la detención y deportación sobre la protección de los derechos humanos. El gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el de López Obrador, ha continuado con esta política, sin proponer cambios sustanciales para desmilitarizar la frontera.
A pesar de los esfuerzos por contener la migración, el flujo migratorio ha aumentado un 530% en los últimos seis años. Aunque se han propuesto soluciones que atacan las causas estructurales de la migración, como la pobreza y la inseguridad en los países de origen, estas medidas han sido insuficientes para frenar la crisis. La falta de una estrategia integral que incluya el respeto a los derechos humanos, así como la colaboración internacional efectiva, sigue siendo un obstáculo importante.
La violencia es otro de los grandes desafíos que enfrenta México. El país ha vivido un incremento en los homicidios y enfrentamientos armados en los últimos años, en gran parte alimentados por el narcotráfico y la lucha entre los cárteles. Regiones como Guerrero y Sinaloa han sido escenario de actos atroces como la decapitación de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, apenas unos días después de su toma de posesión. Este tipo de violencia no solo afecta a las autoridades, sino también a la población civil, que vive bajo la constante amenaza de grupos criminales.
Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024, ha enfrentado estas crisis de inseguridad desde su primer día en el cargo. A pesar de su promesa de reducir la violencia mediante la atención a las causas estructurales, como la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes, la realidad en estados como Guerrero y Sinaloa sigue siendo preocupante. La Coparmex ha exigido al gobierno una acción inmediata, señalando que solo en Sinaloa, los enfrentamientos entre los cárteles han dejado más de 155 muertos y pérdidas económicas superiores a los 800 millones de pesos. El reto de la nueva administración es claro: superar el legado de violencia que dejó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el más violento en la historia reciente de México, con más de 191 mil homicidios. La estrategia de Sheinbaum se basa en la prevención y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero la militarización de la seguridad pública ha sido criticada por su impacto en los derechos humanos.
Los pueblos originarios de México enfrentan una situación crítica que combina pobreza extrema, desplazamiento forzado y violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. En estados como Chiapas, el desplazamiento forzado ha desmembrado el tejido social y cultural de estas comunidades. El 13 de septiembre de 2024, 15 mil personas marcharon en Chiapas para exigir al gobierno federal un alto a la violencia y el desplazamiento forzado que sufren las comunidades indígenas.
Estos desplazamientos son muchas veces resultado de conflictos armados locales, la violencia del narcotráfico, y la explotación de recursos naturales por parte de empresas nacionales e internacionales. Además, los pueblos originarios sufren de una falta de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y salud. La promotora indígena Dolores de la Cruz ha señalado la necesidad urgente de resolver los problemas estructurales que afectan a estas comunidades, como los cobros excesivos de luz y la falta de infraestructura adecuada.
La vulnerabilidad de los pueblos originarios también está relacionada con su estricta dependencia del entorno ecológico, lo que los hace especialmente susceptibles a los cambios ambientales y a las expropiaciones territoriales. En muchos casos, la migración forzada hacia zonas metropolitanas o hacia Estados Unidos es la única opción para escapar de la violencia y la pobreza.
Con la reciente elección de Claudia Sheinbaum como presidenta, se espera que continúe la política de militarización y contención de la migración. Sin embargo, la falta de propuestas concretas para mejorar las condiciones de los migrantes y reducir la violencia plantea un futuro incierto. México se enfrenta al desafío de balancear su relación con EE.UU. mientras trata de atender las crecientes crisis internas que afectan su estabilidad.