27 de noviembre de 2024 - 16:25 Por Sarai Avila La crisis política que sacudió a Brasil en enero de 2023, con el ataque coordinado a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia por parte de seguidores de Jair Bolsonaro, sigue dejando secuelas. Este asalto, ocurrido una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, destapó una red criminal de alcance transnacional y ha involucrado a figuras de alto perfil político y militar, además de cruzar fronteras hacia países vecinos como Argentina.
El ataque al Planalto y la investigación policial
El 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas irrumpieron violentamente en el Palacio de Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia, alegando fraude electoral y exigiendo la intervención militar para deponer a Lula. Estos disturbios fueron precedidos por meses de desinformación sobre el sistema electoral, alentados por Bolsonaro, quien nunca admitió su derrota en las elecciones de 2022.
La Policía Federal de Brasil concluyó que el ataque formó parte de una conspiración más amplia para impedir la transición democrática. Entre los acusados están Jair Bolsonaro y 36 colaboradores, incluidos ministros y militares de alto rango. Según las investigaciones, se dividieron en grupos con tareas específicas, desde desinformación hasta planificación golpista, con objetivos como el asesinato de Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes.
Las pruebas incluyen registros telefónicos, bancarios y fiscales, así como testimonios de delatores. Entre los acusados destaca el argentino Fernando Cerimedo, consultor político vinculado a Javier Milei, quien supuestamente participó en la difusión de noticias falsas para deslegitimar los resultados electorales.
El cruce de fronteras: implicados en Argentina
La trama brasileña alcanzó territorio argentino, donde al menos 61 bolsonaristas acusados de participar en los disturbios se refugiaron. El juez federal argentino Daniel Rafecas emitió órdenes de detención, logrando la captura de al menos cuatro personas, incluidas figuras clave como Joelton Gusmão de Oliveira, condenado a 17 años de prisión por su participación en el golpe. Estas detenciones han generado tensiones diplomáticas: Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo han calificado a los detenidos como "exiliados políticos", criticando las acciones de la Justicia argentina. Eduardo Bolsonaro expresó confianza en que el gobierno de Javier Milei respetará los derechos de los detenidos, destacando la admiración de la ultraderecha brasileña por el mandatario argentino.
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El 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas atacaron la sede de gobierno de Brasil
Además, se ha señalado a María Celeste Ponce, diputada de La Libertad Avanza, por sus presuntos vínculos con los prófugos. La conexión entre ultraderechistas argentinos y brasileños incluye reuniones y participaciones en actos políticos en Argentina.
Las relaciones entre Brasil y Argentina ya enfrentaban dificultades debido a las diferencias ideológicas entre Lula y Milei. El presidente argentino se ausentó de la cumbre de Mercosur, lo que fue interpretado como un desaire diplomático. Sin embargo, este nuevo episodio podría tensar aún más los vínculos bilaterales, especialmente considerando las denuncias sobre el apoyo indirecto de sectores argentinos a la red bolsonarista. La detención de los implicados coincide con la reciente modificación de la ley argentina sobre refugiados, que ahora prohíbe otorgar asilo a personas condenadas o imputadas por delitos graves en sus países de origen. Esta decisión, aunque en línea con acuerdos internacionales, ha sido criticada por el Partido Liberal de Brasil, que la considera un ataque contra sus aliados políticos.
Respuesta de los protagonistas
Jair Bolsonaro ha negado cualquier implicación en los hechos y acusa al juez Alexandre de Moraes de dirigir una investigación sesgada. Eduardo Bolsonaro ha intensificado las críticas al gobierno de Lula, calificándolo de totalitario, y ha llamado a la derecha internacional a unirse contra lo que considera un sistema de persecución global liderado por la izquierda.
El intento de golpe y sus repercusiones evidencian la fragilidad de las democracias en la región. Las investigaciones en Brasil avanzan con una denuncia formal presentada ante el Supremo Tribunal Federal, mientras Lula refuerza su liderazgo en un contexto de alta polarización.Por otro lado, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil ha exigido la inmediata encarcelación de Bolsonaro y su exministro Braga Netto. La solicitud refleja el clamor de la izquierda brasileña por justicia frente a los crímenes contra la democracia.
