Para continuar, suscribite a El Archivo. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y un líder del grupo terrorista Hamas por crímenes de guerra.
Para continuar, suscribite a El Archivo. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, así como contra Muhammad Deif, líder de Hamas. Los tres enfrentan acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el conflicto en Gaza.
La CPI acusa a Netanyahu y Gallant de utilizar la inanición como arma de guerra, restringiendo deliberadamente el acceso a alimentos, agua y medicinas en Gaza. Además, se les responsabiliza por ataques intencionales contra civiles palestinos. Todo esto entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024. Por su parte, Deif enfrenta cargos por su participación en ataques que resultaron en cientos de muertes de civiles israelíes y el secuestro de 245 personas.
Desde 2015, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) forma parte del Estatuto de Roma, lo que otorga a la CPI jurisdicción sobre los crímenes cometidos en su territorio. La investigación en cuestión comenzó en 2021, tras denuncias de múltiples Estados miembros. Israel y Estados Unidos no adhirieron al Estatuto.
Las órdenes de arresto restringen el movimiento internacional de Netanyahu y Gallant, ya que podrían ser detenidos en cualquiera de los 124 países miembros de la CPI. Aunque es improbable que enfrenten juicio sin ser extraditados, el fallo limita su capacidad de viajar y amplifica el aislamiento diplomático de Israel. El fallo de la CPI representa un importante desafío a la inmunidad percibida de los líderes en conflictos armados y refuerza el principio de que nadie está por encima de la ley internacional. Sin embargo, su éxito depende de la cooperación entre los Estados y de la aceptación de su autoridad supranacional, elementos que han enfrentado desafíos constantes en un mundo donde la soberanía nacional sigue siendo un principio rector.
La Corte carece de un cuerpo policial propio y depende de los estados miembros para ejecutar órdenes de arresto y garantizar que los acusados comparezcan ante el tribunal, los mandatos de la CPI no son coercitivos, por lo tanto, en la práctica, la cooperación es generalmente inconsistente.
Ejemplos como el de Vladimir Putin, cuya orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania no ha sido ejecutada por países signatarios, reflejan los límites de este sistema. De manera similar, Omar al-Bashir, acusado de genocidio en Sudán, viajó a varias naciones sin ser detenido, incluso por estados parte de la CPI. Estas situaciones subrayan cómo los intereses políticos, diplomáticos y económicos frecuentemente prevalecen sobre las obligaciones legales internacionales.
Aunque no hay consecuencias directas para quienes no cooperen, los países pueden enfrentar sanciones reputacionales, como ocurrió con Mongolia tras no colaborar en la detención de Vladimir Putin. Además, algunas naciones con jurisdicción universal permiten a sus ciudadanos denunciar a sus líderes por no actuar contra los acusados de la CPI, intensificando la presión interna.
La Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 2002 bajo el Estatuto de Roma, es un tribunal independiente y permanente diseñado para trascender las fronteras nacionales, ofreciendo un marco de justicia cuando los sistemas legales locales no pueden o no quieren actuar. Su mandato busca proteger los derechos humanos universales, garantizar la rendición de cuentas y prevenir futuras atrocidades. Este modelo de justicia supranacional se construye sobre la premisa de que ciertos crímenes afectan a la humanidad en su conjunto, y su persecución no puede estar sujeta únicamente a las limitaciones de los intereses nacionales.
El gobierno israelí rechazó enérgicamente las acusaciones. Netanyahu calificó las decisiones de la CPI como “absurdas y falsas,” mientras que el presidente Isaac Herzog acusó al tribunal de apoyar el “terror y el mal sobre la democracia y la libertad.”
Este fallo histórico ha generado respuestas polarizadas a nivel mundial. Países como Sudáfrica, España, Francia y Noruega han respaldado el fallo, destacando la importancia de la justicia internacional. La Unión Europea, a través de su jefe de política exterior Josep Borrell, recordó a los estados miembros su obligación de cumplir con las órdenes de arresto.
Estados Unidos calificó la decisión como "indignante". El presidente Joe Biden rechazó la equivalencia entre Israel y Hamas, afirmando que su país seguirá apoyando a Israel. Argentina y Hungría también condenaron la decisión, con líderes como Javier Milei y Viktor Orbán mostrando su solidaridad con Netanyahu.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch elogiaron el fallo como un paso hacia la rendición de cuentas global. Por otro lado, líderes políticos y ciudadanos han expresado opiniones encontradas en redes sociales, desde apoyo incondicional a Netanyahu hasta fuertes críticas a sus políticas.