Pedro Sánchez no da respuestas al colapso de las capacidades de acogida en Ceuta y la permanencia de miles de migrantes tras los cruces masivos.
El colapso de las capacidades de acogida en la ciudad autónoma y la permanencia de miles de migrantes tras los cruces masivos movilizan a siete ministerios ante el Congreso de los Diputados. La Ciudad Autónoma exige devoluciones inmediatas y evalúa acciones judiciales, mientras el Ejecutivo central despliega infraestructuras temporales y mantiene la estrategia diplomática con Marruecos.
Entre finales de julio y mediados de agosto de 2026, la ciudad autónoma de Ceuta registró una serie de intentos de entrada e ingresos irregulares a través de los espigones fronterizos de Tarajal y Benzú. Según las estimaciones de las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, en las primeras 48 horas de mayor intensidad se produjeron entre 70.000 y 80.000 intentos o cruces efectivos desde territorio marroquí, motivados en gran parte por convocatorias masivas difundidas a través de redes sociales.
Aunque la mayoría de los migrantes retornó progresivamente a Marruecos o fue rechazada en la franja fronteriza, las cifras oficiales sobre la población que permanece en la ciudad varían según la administración consultada. El Ministerio del Interior estimó en aproximadamente 5.000 el número de personas que continúan en situación irregular dentro del término municipal. Por su parte, el Gobierno autonómico de Ceuta elevó ese balance a un intervalo de entre 8.000 y 9.000 personas al contabilizar a quienes se encuentran dispersos en el entorno urbano, zonas portuarias e infraestructuras improvisadas.
El impacto en la red de protección de menores de edad constituye uno de los puntos de mayor saturación. La Policía Nacional informó al Ministerio del Interior de que, desde el 30 de julio, se localizó, identificó y puso a disposición del Ejecutivo ceutí a 2.168 menores de edad no acompañados. Esta cifra supuso un incremento de 270 menores respecto a los registros difundidos días antes por el Ministerio. Las autoridades de la ciudad autónoma indicaron que el sistema local de acogida de menores registra una sobreocupación del 2.000% respecto a su capacidad nominal.
En el ámbito sanitario, el Sindicato de Médicos y los servicios de emergencia reportaron la realización de aproximadamente 5.800 asistencias sanitarias en un período de quince días. Más de 1.000 de estas atenciones correspondieron a cuadros de hipotermia, traumatismos y contusiones sufridas durante las entradas por vía marítima o terrestre. Mientras que el Sindicato de Médicos alertó sobre la saturación de las urgencias del Hospital Universitario, el Ministerio de Sanidad sostuvo que el sistema mantuvo la capacidad asistencial mediante el apoyo de Cruz Roja. Ambos organismos coincidieron en advertir sobre los riesgos epidemiológicos derivados del hacinamiento y la falta de condiciones habitacionales de las personas que permanecen al aire libre. Asimismo, la organización no gubernamental Caminando Fronteras estimó en 141 las personas fallecidas por ahogamiento o aplastamiento durante los intentos de cruce registrados en el período crítico.
Para contener la situación en la línea fronteriza y garantizar la seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior desplegó un contingente de refuerzo compuesto por 880 efectivos de la Policía Nacional y 714 de la Guardia Civil, respaldados de forma preventiva por unidades del Ejército de Tierra. El dispositivo incluyó 45 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y 20 funcionarios de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras destinados a agilizar los expedientes de filiación y extranjería. El Ministerio del Interior no fijó una fecha de finalización para este despliegue extraordinario, condicionándolo a la evolución del entorno fronterizo.
Ante la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Ejecutivo central inició la instalación de dispositivos de acogida de emergencia. Con el apoyo del Ejército, se comenzaron a montar carpas y tiendas de campaña en la explanada de Loma Colmenar, complementadas con actuaciones proyectadas en las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y la zona de El Guano.
Las infraestructuras iniciales prevén una capacidad inmediata de 1.500 plazas asistenciales dotadas de comedores y servicios sanitarios. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, declaró en sede radial que dicho dispositivo inicial podría ampliarse hasta alcanzar las 4.000 plazas en función de las necesidades operativas. Paralelamente, las autoridades mantienen los controles en el puerto de Ceuta para evitar el embarque no autorizado hacia la península, restringiendo el tránsito a los casos con solicitudes de protección internacional tramitadas o razones humanitarias acreditadas.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, rechazó la postura inicial del Gobierno central sobre la normalización de la ciudad y exigió la aplicación de los convenios bilaterales para el retorno sistemático de quienes ingresaron de manera irregular. Vivas declaró: "No nos vale que nos digan que no se puede. Lo que creemos que ocurre es que no hay voluntad". El presidente autonómico afirmó que el Estado cuenta con los instrumentos legales y logísticos para restablecer la situación en un plazo estimado de 30 días, y sostuvo que la falta de firmeza responde a "ineptitud", "irresponsabilidad" o al desacuerdo en contrariar al Gobierno de Marruecos.
Vivas señaló además que la permanencia de miles de personas afecta la seguridad, los servicios públicos y la convivencia local, advirtiendo de que "si se pone en riesgo la integridad territorial y la soberanía de Ceuta, también queda comprometida la integridad territorial y la soberanía del conjunto de España". En relación con las críticas vertidas por la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la gestión de las instalaciones de acogida, el presidente ceutí manifestó que a su administración no le "gana nadie en actitud humanitaria", pero recalcó que la atención debe compatibilizarse con el bienestar y la seguridad de los residentes de la ciudad.
Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, insistió en declaraciones a Radio Nacional de España en la necesidad de devolver a todos los ingresados a sus países de origen, incluidos los menores de edad. Ramírez afirmó: "Si el Gobierno no da respuesta, iremos a cualquier instancia", anunciando la posibilidad de acudir al Poder Judicial u organismos comunitarios. El portavoz local solicitó la suspensión temporal de la tramitación de solicitudes de asilo en Ceuta como medida disuasoria frente a nuevos llamamientos, y calificó de "deplorable" la gestión de la ministra de Sanidad al considerar que desatiende los problemas estructurales del sistema sanitario local.
El impacto político de la crisis motivó la fijación de un calendario de comparecencias extraordinarias de siete miembros del Gabinete ministerial en el Congreso de los Diputados durante la última semana de agosto de 2026. Las comparecencias fueron solicitadas por el propio Gobierno tras las peticiones formuladas por el Partido Popular (PP) en las Cortes Generales.
Las fuerzas de la oposición parlamentaria intensificaron sus críticas hacia el presidente Pedro Sánchez. Portavoces del PP exigieron la dimisión del jefe del Ejecutivo y cuestionaron que las comparecencias no se extiendan al Senado. Asimismo, dirigentes del PP como Elías Bendodo calificaron la visita de la ministra de Sanidad a la ciudad autónoma como un "photocall de agosto", acusando al Gabinete ministerial de falta de eficacia en la resolución del conflicto.
El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que España mantendrá sin cambios su estrategia diplomática y el marco de relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos, a pesar de las críticas procedentes de los gobiernos autonómicos y de la oposición. Las autoridades españolas destacaron la colaboración de la Gendarmería Real marroquí en la contención de posteriores intentos de cruce masivo en las proximidades de Castillejos (Fnideq) y los espigones de entrada.
Sin embargo, desde el Ejecutivo ceutí se reclamó un nivel mayor de exigencia hacia Rabat. El Gobierno autonómico planteó dudas sobre la intencionalidad de las dinámicas fronterizas y solicitó la activación de todos los mecanismos diplomáticos para acelerar las readmisiones en frontera conforme a los tratados vigentes entre ambos países.
El volumen de expedientes de extranjería y la situación de los menores no acompañados generaron repercusiones en el sistema judicial y en la administración autonómica. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibió solicitudes para habilitar medidas de refuerzo en los juzgados de Ceuta con el fin de tramitar las resoluciones administrativas, los procedimientos de asilo y las actuaciones judiciales derivadas de los ingresos irregulares.
En relación con los menores no acompañados, el plan del Gobierno central para derivar a parte de los 2.168 jóvenes identificados hacia otras comunidades autónomas encontró posturas diversas. Mientras que regiones como Navarra y Cataluña mostraron su disposición a acoger cuotas asignadas, otras comunidades expresaron reservas aduciendo límites en sus propias capacidades de absorción. Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado comunicó el inicio de actuaciones para supervisar los procedimientos de tutela y garantizar el cumplimiento de la legislación de protección de menores, evitando la paralización del sistema por discrepancias entre administraciones.