23 de mayo de 2024 - 13:53 Por Damian Szvalb En El Archivo venimos refiriéndonos al presidente Nayib Bukele especialmente considerando la enorme baja en los índices de criminalidad desde que asumió, pero también poniendo énfasis en la parte oscura de sus métodos. Así, en notas anteriores destacamos las características de dos elementos principales de su método: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el estado de excepción.
A continuación nos adentramos sobre otros dos aspectos clave para el famoso “método Bukele”.
El camino de Nayib Bukele hacia la deriva autoritaria
El primer indicio de las tendencias autoritarias de Bukele vino a meses de asumir el mandato, cuando entró con fuerzas armadas a la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 y amenazó con disolverla si los legisladores opositores no aprobaban un préstamo, que finalmente aprobaron. Ya en 2021, la Asamblea controlada desde poco antes por Bukele, sustituyó ilegalmente al fiscal general, destituyó a toda la Sala de lo Constitucional e impuso a dedo a magistrados afines. Cinco meses después, la misma Asamblea purgó mediante un decreto exprés a un tercio de los jueces y juezas del país, y jubiló a los jueces de más de sesenta años. Todos los nuevos designados fueron partidarios del gobierno.
Conjuntamente con la jubilación de los jueces la nueva Asamblea sancionó una Ley de Reforma a la Fiscalía General, que contempla la posibilidad de traslado temporal o permanente de miembros de la carrera fiscal “por razones justificadas de conveniencia del servicio”. Bukele también se encargó de liquidar espacios de trabajo con la comunidad internacional. Tal fue el caso del cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), creada mediante un acuerdo con la OEA de septiembre de 2019.
Pero hubo más. El gobierno se encargó de afectar el accionar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Bukele modificó por decreto el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública aumentando las potestades del presidente en detrimento de las decisiones colegiadas. También impulsó una ley que busca modificar aspectos sustanciales de la Ley de Acceso a la Información Pública, en la que se propone como información confidencial la declaración patrimonial de las personas que ejercen una función pública, entre otras medidas .
“Preocupa la concentración de poder: la Asamblea, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial. Se tiene poca información sobre lo que realmente están haciendo. No hay transparencia y el gobierno no está sujeto a rendición de cuentas”, indicó Ana María Méndez-Dardón, Directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
El amedrentamiento de voces críticas
Como no podía ser de otra manera, el gobierno de Bukele plantea una relación hostil con la prensa. El punto más conflictivo con este sector es el que analizamos justamente en El Archivo: las condiciones en las que se da la baja en la tasa de criminalidad. Es decir, a qué costó Bukele logró bajar los índices. En sus primeros dos años de gobierno las agresiones a periodistas habían aumentado un 184% según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador (OUDH). Desde la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se calificó a Bukele como un presidente “antiprensa”. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF) en El Salvador existe alta restricción a la liberta de prensa. Veamos cuáles son las dinámicas que caracterizan el vínculo de Bukele con la prensa, y sus consecuencias.
Según resalta José Luis Sanz en su nota “La motosierra de Bukele”, el presidente llama “panfleto” y acusa de ser “cómplice de los pandilleros” a todo periodista disidente. Y por disidente Bukele entiende a todo aquel que denuncie los abusos y torturas de la Policía, el Ejército y las autoridades penitenciarias, cometidos en el marco de régimen de excepción. Entre las cosas que destaca Sanz, se menciona que Bukele desmiente cada publicación de pruebas nuevas (sean documentos oficiales de sus mismos servicios de inteligencia, fotografías, grabaciones en audio) de que su gobierno negoció en secreto por al menos tres años una reducción de homicidios con las pandillas MS-13 y Barrio 18, a cambio ayudó a algunos líderes de estos grupos a salir ilegalmente de la cárcel. La corrupción es un gran punto de conflicto con la prensa. De hecho, es la corrupción la que inicia este sendero de desencuentros entre Bukele y la prensa. Durante la pandemia, los medios informaron de distintos casos de corrupción en la gestión de vacunas y otros instrumentos necesarios para abordar la crisis sanitaria.
Hostigamiento, amenazas y violencia
El gobierno realiza constantes amenazas de muerte y de violencia sexual, o acoso digital a familias de los periodistas solo por cuestionar las políticas gubernamentales o exigir transparencia en las instituciones. “Muchos llevan tres años trabajando con temor a ser detenidos”, afirma Sanz.
El Faro, uno de los medios más esquivos al presidente, enfrenta desde 2020 cuatro auditorías simultáneas del Ministerio de Hacienda por supuesta evasión de impuestos. También recibió acusaciones de lavado de dinero. Asimismo, según peritajes forenses de Citizen Lab, Access Now y Amnistía Internacional, sufrió acciones de espionaje a 22 miembros de su redacción a través del software Pegasus. Como resultado, el medio decidió mudarse a Costa Rica, para operar desde allí. Son muchos los periodistas que han emigrado, y muchos los medios que han redoblado sus esfuerzos por garantizar su seguridad física y jurídica. También se han documentado acciones de espionaje y seguimiento con drones que sobrevuelan las casas particulares de los periodistas.
Desde el gobierno se llama a los periodistas “carniceros con pluma”. Hay constantes reportes de policías y soldados que retienen a fotógrafos o reporteros y los obligan a borrar material grabado, bajo la amenaza de procesarlos bajo el régimen de excepción. Esto se complementa con un hostigamiento digital, a través de cuentas de redes sociales (especialmente en X) que atacan a los periodistas opositores.
Por supuesto, no existe la información pública oficial. El Instituto de Acceso a la Información Pública fue desmantelado. El presidente Bukele no ofrece entrevistas ni tampoco realiza conferencias de prensa. Toda la información oficial se da a través de sus redes, o bien de los medios afines, y los funcionarios no pueden hacer declaraciones públicas sin previa autorización.