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SUSCRIBITEEl 11 de diciembre de 2020, las fuerzas armadas de Azerbaiyán violaron el acuerdo de alto el fuego y lanzaron un ataque contra los asentamientos de Hin Tagher y Khtsaberd, sitos en la región de Hadrut de Nagorno-Karabaj. Los militares armenios posicionados en Khtsaberd se encontraron enfrentados a una fuerza mucho más grande en cuantía de soldados azerbaiyanos.
Basándose en las garantías expresadas por los militares azerbaiyanos de que serían entregados a las fuerzas de paz rusas, los combatientes armenios se rindieron a los soldados azerbaiyanos. Aproximadamente treinta de los militares armenios fueron entregados a las fuerzas de paz rusas. Sin embargo, los restantes sesenta y dos militares armenios de Khtsaberd fueron hechos prisioneros y llevados al territorio controlado por Azerbaiyán, y así llegaron a Bakú, capital de dicho país.
Las milicias armenias fueron acusadas de violar varios artículos del Código Penal de Azerbaiyán y la mayoría enfrentó juicios “simulados” en el Tribunal de Delitos Graves de Bakú y se encuentra cumpliendo condenas a consecuencia. Siempre es necesario aclarar que estos juicios son ilegales, arbitrarios, que los militares armenios son imputados bajo cargos falsos, que no cuentan con garantía alguna y en algún caso ni siquiera les adjudican un “abogado defensor”. Y previa a esta aclaración, corresponde subrayar que bajo ninguna circunstancia estos combatientes debieran estar detenidos en Bakú, dado que bajo las reglas de las Convenciones de Ginebra en relación al tratamiento de prisioneros de guerra que fueran combatientes, ellos debieran haber sido devueltos inmediatamente, luego de su arresto. Para que el lector tenga una aproximación de conducta ejemplar, durante la guerra de Malvinas la devolución de prisioneros de guerra operó prolijamente, cumpliéndose todas las disposiciones de las convenciones de Ginebra a pie juntillas.
El régimen autocrático de Azerbaiyán infringe todas y cada una de las normas del derecho internacional humanitario cada vez que toma prisioneros a combatientes (y civiles) de origen armenio, y en lugar de devolverlos les adjudica cargos criminales y los enjuicia. Lamentablemente, estas políticas no son solamente aplicadas a los ciudadanos de origen armenio que apresan, sino que los mismos jueces del tribunal de crímenes graves de Azerbaiyán suelen aplicar este mismo tratamiento ilegal y arbitrario a ciudadanos nacionales de Azerbaiyán que de alguna manera expresan disidencia política o se pronuncian en contra del dictador Aliyev, y les aplican sentencias de igual gravedad y longitud que a los prisioneros armenios. Claramente esos nacionales de Azerbaiyán sentenciados tienen estatus de presos políticos.
Vale aclarar que las regiones de Khtsaberd y Hin Tagher fueron los únicos dos asentamientos de la región de Hadrut que permanecieron bajo control armenio después de la Guerra de 2020. Los militares armenios estaban estacionados allí de acuerdo con los términos del acuerdo tripartito de alto el fuego del 9 de noviembre de 2020. Por ese motivo se encontraron en una situación absolutamente desfavorable y rodeados de fuerzas azerbaiyanas claramente mayoritarias en número.
En mi reciente viaje a Armenia, tuve un encuentro con los familiares de estos prisioneros de guerra, a la reunión concurrieron aproximadamente unos veinte familiares. Las madres, con la fortaleza propia de la naturaleza femenina, se sentaron al frente, y sin ningún prurito se manifestaron de todas las formas imaginables e inimaginables, tras la frustración de padecer que hace tres años a sus hijos están detenidos en forma ilegal y arbitraria en establecimientos carcelarios de Bakú, Azerbaiyán. Hay que atravesar una barrera de duras emociones, no es sencillo posicionarse desde la empatía y el sentir materno. Siempre tuve la convicción que lo peor que puede suceder durante las agresiones por parte de Azerbaiyán a las milicias armenias es la posibilidad de ser tomado como prisionero, en la medida que la evidencia de las pericias sobre las víctimas ( fallecidas) suele indicar el nivel de tortura al que son sometidos los combatientes tomados como rehenes.
Puede ser una percepción personal, pero en el caso de los padres capté una sensación de devastación y resignación, miradas perdidas y derrotadas en el dolor, que secretamente me conmovieron aún más que el enérgico reclamo de las madres. Muchos pensamientos vinieron a mi mente, primero, que la ayuda que se puede brindar no pasa por el desempeño legal en lo inmediato, sino que aún y a pesar de tres años de encarcelamiento ilegal, la falta de visibilización de un tema tan sensible ha sido un factor desencadenante para que no haya motivación política por parte de ningún estado a fin de reclamar por la libertad de estos muchachos.
Tal vez sea necesario dar mayores pormenores de los detalles de la captura de este grupo de combatientes, pues inicialmente el número de abducidos fue de 62 soldados, los cuales con criterio absolutamente dispar fueron imputados de distintos crímenes incluidos en el Código Penal de Azerbaiyán, tales como los artículos 318, parágrafo 2, referente al “cruce ilegal de fronteras o fuera de un checkpoint” , o sea un cruce aduanero, por parte de un grupo organizado y que también pudiera tener como objetivo el ejercicio de la violencia.
En algunos casos se los imputa en base al artículo 228, parágrafo 3, referente a la compra ilegal de armas, transferencia , venta de las mismas, acopio de ellas, por un grupo de personas, en base a una frecuencia repetida. Estos cargos resultan absolutamente inadmisibles y absolutamente reprochables desde el punto de vista jurídico, ético, moral. Contravienen las normas del derecho internacional humanitario, toda vez que los 62 combatientes que fueron tomados prisioneros están amparados por las disposiciones de las Convenciones de Ginebra referentes al respeto a las normativas con el que se debe manejar en todo momento el estado beligerante que se encuentra en poder de las milicias de otro estado.
Estas disposiciones hacen obligatorio el deber de devolución en tiempo y forma de todos los prisioneros, haciendo primar en todo momento la integridad física de los mismos y velando porque cada uno de los combatientes sean retornados a su patria a la brevedad.
Ahora bien, más allá de la infracción absoluta de Azerbaiyán a las disposiciones de Ginebra que ordenan devolver en lo inmediato a los prisioneros de guerra, hay numerosos jueces de dicho estado que conforman el tribunal de crímenes graves, los cuales están a cargo de conducir estos “simulacros” de procesos judiciales en contra de los prisioneros, cargados de ilegalidad y arbitrariedad. Llama poderosamente la atención el hecho que todos estos jueces tienen espantosos antecedentes, en el sentido que han juzgado y condenado a prisioneros políticos nacionales de Azerbaiyán, probablemente obedeciendo órdenes impartidas desde el poder ejecutivo del régimen autocrático del presidente Aliyev.
Los siguientes son los falsos y simulados procesos en donde se condenó a los prisioneros en cuestión: Caso No. 1(101)-1204/2021, Caso No. 1(101)-1242/2021, Caso No. 1(101)-1256/2021, Caso No. 1(101)-1258/2021. Los jueces a cargo de estos procesos vergonzosos son los siguientes: AFGAN HAJIYEV, ELDAR ISMAYILOV, AZAD MAJIDOV y FAIG GANIYEV. Alternativamente, esos tribunales payasescos, cual corte de bufones están también están conformados por TELMAN HUSEYNOV, ALI MAMMADOV,JAVID HUSEYNOV,SAMIR ALIYEV,ZEYNAL AGHAYEV,SABUKHI GUSEYNOV, MIRZA KHANKISHIYEV e ILLHAM MAHMUDOV.
Los siguientes prisioneros han recibido la condena de seis meses de prisión. Todos ellos han sido repatriados, dado que sus falsas condenas han sido completadas en tiempo y forma.
Estos combatientes son los que fueron sentenciados a 4 años de prisión. Siguen en poder de Azerbaiyán.
Todos estos combatientes han sido condenados a seis años de prisión:
Cabe informar que 12 condenados de esta última lista han sido repatriados, lo que agrega aún más informalidad al criterio adoptado para el tratamiento de ellos.
Una vez explicado el nivel de inconsistencia y de arbitrariedad, marco en el cual se desarrollan estos juicios, tal vez sea más sencillo comprender que en ese mismo sentido algunos de los prisioneros han sido devueltos antes de un pronunciamiento judicial, mientras que otros han sido condenados a 6 meses de prisión, dos de ellos tienen una condena de 4 años de prisión, y muchos otros han recibido 6 años de condena en el veredicto absolutamente irrazonable. Todo esto explica el nivel de angustia de las familias que no han sido beneficiadas con un criterio coherente. Existen 26 familias en la segunda ciudad más grande de Armenia, de nombre Gyumrí, que esperan impacientemente el regreso de sus seres queridos. Dado que no es factible dar lucha en el terreno legal, queda al menos la posibilidad de acompañar a los familiares en el doloroso proceso y visibilizar incesantemente esta situación a fin que una decisión en las más altas esferas de la arena política pueda poner fin a este reprochable accionar de la dictadura azerbaiyana.