SUSCRIBITE por $49
sábado 19 de noviembre de 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Archivo. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevo informe de Naciones Unidas

La Venezuela de Maduro: tortura y violencia sexual

Organismos de inteligencia de Venezuela reprimen a opositores políticos y disidentes cometiendo "graves delitos y violaciones a los derechos humanos"

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Archivo. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2022 - 14:45

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) presentó su tercer informe. El documento concluye que los organismos de inteligencia del Estado venezolano - tanto de carácter civil como militar - son parte de un plan sistemático de represión contra la disidencia. Estas actividades de represión han constituido y constituyen crímenes de lesa humanidad. Además de detallar el rol de distintas agencias y funcionarios, se insta a las autoridades a investigar y juzgar la responsabilidad de las personas señaladas.

Marta Valiñas, quien preside la MIIV, declaró que los datos confirman que el Estado de Venezuela emplea los servicios de inteligencia para reprimir la disidencia, lo que “conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”.

El rol de los organismos de inteligencia

Los primeros dos informes elaborados por el equipo de expertos de la MIIV se centraron en el lugar ocupado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Particularmente, abordan los crímenes cometidos desde 2014 en el marco de la persecución de figuras opositoras al Gobierno. Estos reportes se apoyan en 245 entrevistas confidenciales tanto con víctimas y familiares como con exfuncionarios de los propios servicios de seguridad e inteligencia. A su vez, se incluyó en el análisis a una serie de expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes reportados.

En cambio, el informe más reciente hace hincapié en el rol que juegan las personas específicas que ocupan cargos en distintos niveles de la estructura jerárquica de ambos organismos. Se relevaron más de 120 casos que involucran a víctimas detenidas por la DGCIM. De este total, el informa de la ONU confirma que 77 detenidos fueron sometidos a tortura, violencia sexual y/o tratos crueles e inhumanos. La ejecución de este plan diseñado por Nicolás Maduro y otras figuras de alto nivel del Gobierno venezolano se llevó adelante en una red de centros de detención clandestinos de todo el país. De acuerdo con la investigación, el epicentro de las actividades de tortura fue el centro “La Boleíta” en Caracas.

Por su parte, el SEBIN es responsable de al menos 51 casos de tortura o malos tratos. Entre las víctimas se cuentan políticos de la oposición, periodistas y activistas de los derechos humanos. En este caso, la mayor parte de los detenidos permanecieron en el centro clandestino “El Helicoide”, también en la capital de Venezuela. Los relatos de las víctimas indican que tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género como mecanismo de tortura.

helicoide_.jpg
El Helicoide, el paseo de compras de Venezuela que Maduro transformó en una cárcel de máxima seguridad. Fuente: El Comercio.

El Helicoide, el paseo de compras de Venezuela que Maduro transformó en una cárcel de máxima seguridad. Fuente: El Comercio.

La situación en el Arco Minero de Venezuela

En 2016, la crisis petrolera que afectó a Venezuela llevó al Gobierno a declarar el Arco Minero del Orinoco como “zona de desarrollo estratégico nacional”. Esta clasificación permitió a las autoridades formalizar y ampliar su control sobre las actividades extractivas desarrolladas allí. Ello también derivó en un marcado aumento de la presencia militar en la región. Actualmente hay un número de grupos armados no estatales que controlan las minas y han sometido a las poblaciones locales. Sendos grupos -fuerzas estatales y agrupaciones criminales- cometieron violaciones a los derechos humanos en el marco del enfrentamiento por el control de las minas. La Misión de ONU ha sugerido que ambos grupos operan en connivencia en algunas zonas del Arco Minero.

Las poblaciones indígenas también se han visto afectadas por esta realidad, con nulas herramientas para escapar de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares. Las comunidades del municipio de Gran Sabana fueron atacadas por las fuerzas del Estado en reiteradas ocasiones. En el informe se detallan los enfrentamientos producidos en 2019 luego de que la oposición intentó llevar ayuda humanitaria a la población local desde Brasil. Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión declaró que "las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro (...)".

La impunidad se extiende hasta la actualidad

La profunda crisis humanitaria de la Venezuela de Maduro se extiende hasta nuestros días. Por un lado, las autoridades venezolanas no han investigado a los responsables ni proporcionado ningún tipo de reparación a las víctimas. Por otro lado, la comunidad internacional ve su capacidad de acción reducida al monitoreo de la situación. En este sentido, la MIIV nunca recibió la habilitación para ingresar a Venezuela por lo que las investigaciones se realizaron de forma remota. No obstante, cabe destacar que hace tan solo unos días el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución para extender por dos años el mandato de la Misión con el objetivo de continuar investigando el accionar de las autoridades venezolanas.

La Misión de Determinación de los Hechos visita zonas de frontera con Venezuela en julio de 2022

El informe publicado hace algunas semanas denuncia que un número importante de los funcionarios investigados continúan desempeñando funciones en el SEBIN y la DGCIM y, en algunos casos, han sido ascendidos a puestos de mayor jerarquía. Asimismo, en 2021 el Gobierno anunció una serie de reformas que acrecentaron la ausencia de independencia e imparcialidad del sistema judicial venezolano. Ello permite prever que las posibilidades de que los culpables sean juzgados son virtualmente inexistentes.

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar