17 de septiembre de 2026 - 10:11 Por Sarai Avila El 10 de septiembre de 2026, Amnistía Internacional publicó un informe detallando los mecanismos empleados por la Federación Rusa para incorporar a ciudadanos extranjeros a sus Fuerzas Armadas. El documento se fundamenta en entrevistas realizadas entre 2024 y 2026 a 15 prisioneros de guerra no rusos localizados en dos campos de detención en territorio ucraniano, complementadas con conversaciones de familiares e individuos actualmente en servicio. Los cautivos entrevistados provienen de Sri Lanka, Cuba, Colombia, Brasil, Egipto, Sierra Leona y Somalia. De la muestra directa de 15 prisioneros, los investigadores determinaron que únicamente tres de ellos se dirigieron al frente con pleno conocimiento de su participación en las hostilidades.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, definió el marco legal de estas operaciones: "El nivel de explotación y coerción involucrado nos llevó a concluir que en muchos casos esto equivale a trata de personas, tal como se define en el Protocolo de Palermo de la ONU". La organización, que fue declarada ilegal por el Estado ruso en mayo de 2025, solicitó la detención inmediata de estas campañas de captación.
El mecanismo de captación: contratos fraudulentos y coerción
El andamiaje de reclutamiento opera explotando rutas migratorias vigentes y vulnerabilidades socioeconómicas. Los agentes locales difunden ofertas de empleo virtuales prometiendo puestos civiles en los sectores de seguridad, logística, construcción o informática, ofreciendo salarios lucrativos y vías expeditivas para la obtención de la ciudadanía rusa. Al arribar a las instalaciones, los extranjeros son compelidos a rubricar contratos militares redactados en ruso, un idioma que la mayoría no comprende.
Una vez firmado el documento, el procedimiento estandarizado incluye la confiscación de pasaportes y dispositivos móviles, limitando de forma drástica la libertad de movimiento de los reclutas. El sistema también instrumentaliza la situación de los extranjeros radicados en Rusia. Las autoridades utilizan infracciones penales menores o visas de trabajo vencidas para extorsionar a los migrantes, presentando el alistamiento en el ejército como la única alternativa viable frente a la deportación o la reclusión penitenciaria.
Casos documentados: De América Latina al Sur Global
La casuística recabada abarca una pluralidad de perfiles geográficos y profesionales. En el ámbito latinoamericano se documentó el caso de Pedro, un profesional informático brasileño de 22 años. Relató haber sido reclutado mientras residía en Australia bajo la premisa de un empleo tecnológico en Rusia. Fue confinado en el "Centro Avangard", una instalación de educación militar. Permaneció tres semanas cautivo y, al demandar su liberación, la respuesta de los superiores fue: "Si intentas escapar, irás a la cárcel o te mataremos". Sobrevivió 11 meses en el conflicto bélico.
En Colombia, un ciudadano de 23 años identificado como Jorge atestiguó haber sido captado a través de un portal de clasificados laborales en 2025. Desde Cuba, el testimonio de un joven de 18 años expone la ciudadanía como incentivo primordial: "Cuando un compañero me propuso firmar un contrato con las Fuerzas Armadas rusas para luego obtener el pasaporte ruso, acepté". Recibió 20 días de instrucción en la ciudad ocupada de Lugansk y fue capturado por fuerzas ucranianas el 1 de septiembre de 2026. Otro ciudadano cubano, Rubén, fue forzado a firmar tras ser condenado a seis años de prisión moscovita por posesión de estupefacientes.
La captación fraudulenta se extiende al continente africano y asiático. Un individuo sudafricano fue instruido mediante WhatsApp para trasladarse a Moscú con el objetivo de retirar un camión con destino a Polonia; en la capital rusa le retiraron sus documentos y lo convirtieron en soldado. Dos ciudadanos de Sri Lanka afirmaron haber migrado creyendo que trabajarían como cocineros en la retaguardia militar. Fueron enviados directamente a las trincheras y tomados como prisioneros en pocas semanas.
Falta de entrenamiento y la táctica de desgaste
Los datos tácticos recogidos evidencian que la ausencia de antecedentes castrenses no representa un impedimento para la movilización al frente. El período de entrenamiento antes de ser insertados en zonas de combate directo promedia dos semanas. Los sobrevivientes reportaron deficiencias estructurales: preparación nula, falta de equipamiento y la imposibilidad de recibir órdenes operativas debido a la barrera del idioma.
Agnès Callamard interpretó que este modus operandi indica que los extranjeros son captados para engrosar estadísticamente la primera línea rusa, empleándolos como "carne de cañón" y exhibiendo desprecio por su supervivencia. La asimetría tecnológica y la letalidad del escenario fueron relatadas por uno de los prisioneros originarios de Sri Lanka: "La magnitud de los combates es inimaginable. No se ven tropas ucranianas, solo drones, drones por todos lados".
Financieramente, el incumplimiento salarial es normativo. Los sueldos prometidos y las bonificaciones de ingreso no se concretan. Quienes percibieron alguna compensación, reportaron pagos fraccionados que cesaron de manera abrupta antes de su captura.
Cifras oficiales y respuesta diplomática
Los recuentos demuestran la masividad del reclutamiento. Los registros de la Sede de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania establecen que, para abril de 2026, al menos 28.391 ciudadanos extranjeros provenientes de 136 países habían sido identificados prestando servicios en las fuerzas rusas. Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó un reporte calculando un piso de 27.000 combatientes reclutados de 130 naciones.
La diplomacia de los Estados afectados ha iniciado protocolos de contingencia. La Cancillería de Perú comunicó de manera oficial haber contribuido a la repatriación de 27 de sus ciudadanos que se encontraban inmersos en estas redes. Grupos de abogados peruanos asisten simultáneamente a 200 familias en situaciones similares, proyectando al menos 300 casos activos.
Según los mandos militares en Kiev, las Fuerzas de Defensa de Ucrania capturan semanalmente entre uno y tres ciudadanos de terceros Estados. La recolección de inteligencia sobre estos batallones extranjeros se nutre primordialmente de su captura en el terreno, facilitada por plataformas como el proyecto ucraniano "Quiero Vivir", una línea habilitada para garantizar la rendición segura de las tropas bajo bandera rusa. Amnistía Internacional demanda la apertura de investigaciones individuales para deslindar responsabilidades, garantizando el no procesamiento automático de las víctimas de trata sin evaluar primero la coacción padecida.
