15 de febrero de 2023 - 16:26 La organización insignia sobre la protección y defensa de los derechos humanos en todo el mundo publicó su reporte anual sobre la situación en 100 países. Cubriendo los cinco continentes, el reporte busca llamar la atención sobre los casos más preocupantes y las principales problemáticas que afectaron a los distintos países durante el año anterior. Entre los primeros se cuenta el caso de Irán, que quedó sumergido en un círculo vicioso de protestas y represión policial durante la segunda mitad de 2022.
Las autoridades iraníes reprimieron brutalmente las protestas generalizadas a lo largo de 2022 en las que los manifestantes exigían derechos fundamentales. Asimismo, las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegal de fuerza excesiva y letal contra quienes tomaron las calles para manifestarse así como también atacaron a las minorías étnicas y religiosas e impusieron violentamente los códigos de vestimenta discriminatorios para las mujeres. Durante el último año, el gobierno de Irán arrestó y condenó a decenas de activistas de derechos humanos por cargos vagamente definidos. Paralelamente, evitó investigar los informes de abuso o tortura por parte de la policía y las fuerzas de seguridad.
La represión más allá del caso de Mahsa Amini
Human Rights Watch documentó el uso de escopetas, rifles de asalto y pistolas por parte de la policía contra los manifestantes en situaciones mayoritariamente pacíficas y a menudo en lugares abarrotados de gente. El 30 de septiembre, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes en la localidad de Zahedan, matando e hiriendo a decenas. Entre esa fecha y el 14 de noviembre, distintos grupos de derechos humanos abrieron investigaciones sobre 341 muertes de manifestantes, incluidos un total de 52 niños.
A principios de 2022, las huelgas sindicales y las protestas contra el aumento de los precios se intensificaron y también se enfrentaron con el accionar represivo de las autoridades. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, pro sus siglas en inglés), entre mayo de 2021 y 2022, más de 69 activistas por los derechos de los trabajadores fueron arrestados, decenas más sujetos a interrogatorios y muchos otros sometidos a tortura. Teherán no ha mostrado voluntad de investigar estas graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo su supervisión.
Ya en diciembre de 2021, miles de docentes habían protestado en las calles de múltiples ciudades y pueblos exigiendo salarios justos, mejor atención médica y la liberación de los docentes encarcelados. Un video que circuló en Twitter mostró a las fuerzas de seguridad intentando dispersar violentamente a los manifestantes frente al parlamento. Además de los docentes, la represión contra activistas estudiantiles también se ha incrementado. Muchos estudiantes iraníes fueron condenados a penas de prisión o amenazados con la prohibición de continuar con su educación, un castigo típicamente utilizado por el gobierno para restringir el activismo estudiantil.
Protests in Iran continue despite police violence | DW News
La represión de las movilizaciones estuvo acompañada de interrupciones a los servicios de internet y telefonía móvil para sofocar la expansión de las protestas. También se bloqueó el acceso a las redes sociales y las plataformas de mensajería en reiteradas ocasiones desde el inicio de las protestas en todo el país en septiembre. El parlamento iraní acompañó estas medidas avanzando en la ratificación del “Proyecto de Ley del Sistema de Regulación para los Servicios del Ciberespacio”, cuyos principios violan el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
Persecución de activistas y organizaciones de la sociedad civil
Decenas de defensores de los derechos humanos siguen encarcelados mientras las autoridades continúan persiguiendo, arrestando y enjuiciando a quienes exigen la instauración de mecanismos de rendición de cuentas y una justicia independiente. Especialmente a raíz de las protestas relacionadas con la muerte de Mahsa Amini, el aparato de seguridad iraní arrestó a cientos de defensores de los derechos humanos, estudiantes, activistas por los derechos de las mujeres, abogados, periodistas. Decenas de actores, atletas y otras figuras públicas también fueron demoradas e interrogadas por haber expresado su apoyo a las manifestaciones.
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Irán apunta contra su población.
Ausencia de garantías civiles
Los tribunales iraníes, y en particular los tribunales revolucionarios, no brindan juicios justos y utilizan confesiones aparentemente obtenidas bajo tortura como pruebas válidas. Las autoridades no han investigado las numerosas denuncias de tortura contra los detenidos. Al mismo tiempo, continúan restringiendo de forma rutinaria el acceso de los detenidos a una defensa legal, especialmente durante el período inicial de las investigaciones. Además de las limitaciones para acceder al asesoramiento legal, las autoridades siguen poniendo en peligro la vida de activistas y defensores de los derechos humanos al encarcelarlos y negarles el acceso a atención médica suficiente.
Agravando aún más este contexto, Irán es uno de los países que lidera la utilización de la pena de muerte. El país asiático incluso aplica la pena capital a individuos condenados por delitos cometidos en la infancia, además de los acusados por cargos vinculados a la seguridad nacional y otros delitos no violentos. La ley define como delitos punibles con la muerte a los actos como insultar al profeta, la apostasía, las relaciones entre personas del mismo sexo, el adulterio, beber alcohol, y algunos delitos no violentos vinculados al consumo de drogas. La ley también prescribe el castigo de flagelación para más de 100 delitos, incluida la perturbación del orden público, un cargo que se ha utilizado frecuentemente para condenar a quienes participaron en protestas.
Según las organizaciones de derechos humanos, se documentaron 306 ejecuciones desde el 21 de marzo de 2022 -fecha del Año Nuevo iraní-. De este total, 130 fueron por cargos relacionados con drogas y 151 basadas en el principio islámico de “qisas”, o castigos de “retribución en especie”. En julio de 2022, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Irán presentó un informe a la Asamblea General expresando su preocupación por el aumento de las ejecuciones, y particularmente de aquellas relacionadas con las drogas.
