China en América Latina: la trama del cable submarino que quiere conectar Chile con Hong Kong
Se trata del proyecto Chile–China Express. Bajo el mar se define silenciosamente una parte crucial del futuro geopolítico regional en la disputa global.
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Bajo las aguas del océano Pacífico se desarrolla una disputa estratégica que rara vez aparece en la agenda pública, pero que resulta central para la economía digital, la seguridad nacional y el equilibrio de poder global. En ese escenario se inscribe el proyecto Chile–China Express (CCE), un cable submarino impulsado por la empresa Inchcape Shipping Services (ISS) que busca conectar directamente a Chile con Hong Kong. Presentado como una apuesta por la autonomía digital y la modernización tecnológica, el proyecto expone, en realidad, una trama más compleja de intereses geopolíticos, vulnerabilidades críticas y competencia entre grandes potencias.
El CCE fue presentado ante Puerto Valparaíso como una iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura digital chilena y regional. El proyecto contempla el tendido de un cable de fibra óptica con entre dos y cuatro pares de fibras, cada uno con capacidad de hasta 16 terabits por segundo, superando ampliamente las capacidades actuales de conectividad del país. En la presentación participaron representantes de EGS de Brasil, CMI y HMB Technologies de China, lo que revela una arquitectura empresarial que combina actores sudamericanos con proveedores tecnológicos chinos. Según sus impulsores, el cable permitiría diversificar rutas de conexión, reducir latencias y disminuir los costos de transmisión de datos, en un contexto en el que más del 95% del tráfico global de información circula por cables submarinos.
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La motivación estratégica es clara. Hoy, Chile depende casi exclusivamente de rutas de fibra óptica que conectan directa o indirectamente con Estados Unidos, lo que lo expone a riesgos técnicos, económicos y políticos. Esta dependencia constituye una debilidad estructural: un incidente, un sabotaje o una decisión política externa podría afectar de forma inmediata la conectividad del país. El CCE aparece así como una alternativa para ampliar la cobertura y reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones en los cables existentes.
América Latina, escenario de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos
Sin embargo, el proyecto no puede analizarse únicamente desde una lógica de eficiencia tecnológica. La conexión directa con Hong Kong lo coloca en el centro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de la infraestructura digital global. Para Beijing, el despliegue de cables submarinos es un componente clave de la Nueva Ruta de la Seda Digital, una estrategia orientada a construir rutas propias para el flujo de datos, reducir su dependencia de sistemas dominados por Occidente y consolidar su influencia en economías emergentes. Para Washington, en cambio, estas infraestructuras representan un riesgo de seguridad nacional.
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Estados Unidos ha desplegado en los últimos años una política activa para bloquear la participación de empresas chinas en proyectos de cables submarinos, especialmente aquellos que involucran a Hong Kong. A través de mecanismos como el Team Telecom, ha vetado permisos y financiamientos bajo el argumento de que la legislación china obliga a sus empresas a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado. El temor central es la posibilidad de interceptación de datos, espionaje industrial y acceso a comunicaciones gubernamentales y financieras sensibles.
El dilema chileno
Chile ya enfrentó este dilema. Entre 2017 y 2019, el país evaluó una conexión directa con Shanghái como parte de su primer cable transpacífico. Finalmente, tras intensas gestiones diplomáticas, incluida la visita del entonces secretario de Estado Mike Pompeo, el gobierno chileno optó por una ruta alternativa hacia Australia y Nueva Zelanda, una decisión interpretada como un alineamiento con los intereses estratégicos de Estados Unidos y sus aliados. El antecedente del Cable Humboldt funciona hoy como un recordatorio de los límites reales de la autonomía chilena en materia digital.
A estas tensiones se suma un factor cada vez más visible: la creciente vulnerabilidad física de los cables submarinos, convertidos en una pieza central de la disputa geopolítica contemporánea. En los últimos meses, desde el mar Báltico hasta el Pacífico Occidental, se han registrado cortes reiterados de cables de fibra óptica vinculados a la actividad de buques comerciales, en incidentes que involucran a naves asociadas a China y Rusia. Uno de los casos más recientes ocurrió en el Golfo de Finlandia, donde se dañó un cable submarino de comunicaciones que conecta Helsinki y Tallin, una infraestructura crítica para el tráfico de datos entre Finlandia y Estonia. Las autoridades de ambos países activaron protocolos de seguridad tras detectar una interrupción anómala y centraron la investigación en el carguero Fitburg, procedente del puerto ruso de San Petersburgo, que fue escoltado por la Guardia Costera finlandesa y retenido para su inspección. El análisis de los movimientos marítimos indicó que el buque habría arrastrado el ancla por el fondo marino en el punto exacto de la rotura, una técnica simple pero efectiva que aprovecha la escasa profundidad del mar Báltico.
Mientras se investiga si el daño fue accidental o deliberado, países europeos han denunciado que embarcaciones vinculadas a la denominada “flota en la sombra” rusa, utilizada para evadir sanciones internacionales, han sido empleadas en ocasiones para provocar disrupciones sobre infraestructuras submarinas. Este episodio se suma a otros cortes recientes en la región y a incidentes registrados frente a Taiwán, evidenciando que la facilidad técnica para dañar cables submarinos y la dificultad para atribuir responsabilidades los convierte en una herramienta ideal para operaciones encubiertas en el marco de conflictos de “zona gris”, con impacto directo sobre la seguridad económica y digital de los Estados.
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En este contexto, la protección legal internacional resulta limitada. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, redactada en la década de 1980, contempla sanciones por el daño intencional o negligente a cables submarinos, pero la aplicación práctica de estas normas es compleja: la escena del crimen se encuentra a decenas o cientos de metros de profundidad y la prueba material es difícil de obtener. Mientras tanto, países como Francia y el Reino Unido ya desarrollan estrategias específicas y plataformas navales para vigilar su infraestructura submarina.
Chile presenta una situación ambivalente. Por un lado, cuenta con ventajas comparativas para la seguridad de sus cables, como la gran profundidad de sus aguas y su relativa lejanía de los principales nodos globales. Por otro, mantiene una vulnerabilidad estructural: tiene pocas conexiones internacionales, lo que lo vuelve más sensible a cortes deliberados o accidentales. Esa ecuación podría empezar a cambiar con el cable entre Chile y Australia impulsado por Google y con el proyecto que busca conectar Puerto Williams con la Antártica, pero hoy la fragilidad persiste. Los puntos de aterrizaje de los cables, además, son fáciles de identificar.
En este escenario, el proyecto Chile–China Express no es solo una obra de ingeniería, sino una decisión estratégica de alto impacto. Convertir a Chile en un hub digital entre Asia y Sudamérica implica beneficios económicos y tecnológicos, pero también expone al país a presiones diplomáticas, riesgos de seguridad y a una disputa global por el control del “sistema nervioso” de la economía del siglo XXI. Bajo el mar, lejos del debate público, se define una parte central del futuro geopolítico de la región.
