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SUSCRIBITEEcuador padece hoy las consecuencias de un mal que aqueja a varios de sus vecinos. A la crisis política que derivó en la decisión del presidente Guillermo Lasso de decretar la caducidad de los mandatos y la convocatoria para elecciones generales previstas para el 20 de agosto, se sumó un enemigo que se mantenía latente y hoy genera un complejo escenario: la violencia organizada por causa del narcotráfico.
Las 210 toneladas de droga que se incautaron en un solo año (récord nacional), los más de 4000 asesinatos en 2022 (un número inédito para la tasa de criminalidad del país) y los niños reclutados por pandillas y barrios consumidos por rencillas criminales, son apenas de algunos de los aspectos críticos que muestran que el narcotráfico ha permeado fuertemente en Ecuador. Hasta hace un tiempo, ese país solo funcionaba como tránsito de sus importantes vecinos que tienen problemas con los narcos desde hace tiempo: Colombia y Perú.
No obstante, el problema del narcotráfico en Ecuador no es nuevo, solamente se ha agravado fuertemente. Durante mucho tiempo ha sido un punto de salida de productos ilícitos con destino a América del Norte y Europa y luego se fue convirtiendo en una base cada vez más atractiva para la fabricación y distribución de drogas. El escenario complejo que trae aparejado esto comenzó a aumentar en 2018 a medida que los grupos delictivos locales competían por mejores posiciones en el negocio. Al principio, la violencia se limitaba principalmente a las prisiones, donde la población había aumentado tras el endurecimiento de las penas relacionadas con las drogas y el mayor uso de la prisión preventiva.
Sin embargo, el crecimiento de estas bandas y la pérdida de control sobre las internas penitenciarias por parte del gobierno, convirtieron a las cárceles en bases de operaciones para el tráfico de drogas. A eso debe sumarse la aparición de financiamiento y presencia externa. Los carteles más poderosos de México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son financiadores en el terreno junto con un grupo procedente de los Balcanes al que la policía llama mafia albanesa. Grupos locales de delincuencia callejera y carcelaria con nombres como Los Choneros y Los Tiguerones trabajan con los grupos internacionales, coordinando el almacenamiento, el transporte y otras actividades.
En ese sentido, el importante puerto de Guayaquil se convirtió en un importante eje comercial del narcotráfico. Las autoridades consideran que de los aproximadamente 300.000 contenedores que salen cada mes de Guayaquil, una de las mayores ciudades de Ecuador y uno de los puertos más activos de Sudamérica, solo pueden inspeccionar el 20%. Mientras tanto la droga se transporta desde los puertos ecuatorianos escondida en suelos reconstruidos, en cajas de bananas, en palés de madera y cacao como paso a EEUU y Europa.
Lo más grave d toda esta situación termina siendo la violencia subsidiaria generada por el accionar de los narcos, escenario que repite imágenes terribles de la Colombia de los años ochenta o de lo ocurre en algunos lugares de México hoy (y, en menor medida, lo que vive en la ciudad de Rosario de Argentina). Circulan frecuentemente noticias sobre decapitaciones, coches bomba, asesinatos policiales, jóvenes colgados de puentes y niños asesinados a balazos a la puerta de sus casas o escuelas. Recientemente, Los Choneros y otros han encontrado otra fuente de ingresos: la extorsión. Comerciantes, líderes comunitarios e incluso proveedores de agua, recolectores de basura y escuelas se ven obligados a pagar un impuesto a los grupos criminales a cambio de su seguridad.
Por ahora la respuesta gubernamental ha sido declarar el estado de emergencia y enviar al ejército a las calles para vigilar escuelas y negocios, pero la situación es grave y no parece tener un punto de retorno a la normalidad.