Reacciones de Harvard y la justicia federal
Harvard presentó una demanda ante la justicia federal en Massachusetts, solicitando una orden de suspensión de la medida. La jueza Allison Burroughs concedió una medida cautelar que, de momento, impide que se ejecute la revocación de la certificación SEVIS mientras se tramita el caso en los tribunales.
En un comunicado institucional, Harvard manifestó que “la acción del gobierno podría tener un impacto severo en la comunidad universitaria y en el ecosistema académico estadounidense”, y defendió su derecho a mantener políticas internas de admisión y expresión conforme a la ley vigente.
Paralelamente, el Departamento de Estado anunció una “revisión agresiva” de las visas otorgadas a estudiantes extranjeros, en particular a aquellos provenientes de la República Popular China y Hong Kong. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la revisión incluye “a quienes tengan vínculos con el Partido Comunista Chino o que estén inscriptos en campos académicos estratégicos”, aunque no se detallaron cuáles son esos campos.
Rubio indicó que se implementará un control reforzado sobre antecedentes personales y redes sociales de los solicitantes. Un memorando distribuido a las embajadas estadounidenses ordenó la suspensión de nuevas entrevistas para visados de estudiantes y de intercambio cultural, medida que estará vigente hasta nueva instrucción.
En paralelo, la administración también evalúa la posibilidad de limitar el porcentaje de estudiantes internacionales por institución. “Tenemos gente que quiere ir a Harvard y a otras universidades. No pueden entrar porque tenemos estudiantes extranjeros allí”, dijo el presidente Trump en declaraciones a la prensa.
Reacciones en China y otros países
El gobierno chino manifestó su oposición a las nuevas políticas a través de su portavoz de Exteriores, Mao Ning, quien declaró que “la cancelación de visas por motivos ideológicos no favorece los intercambios educativos ni la relación bilateral”. China presentó una protesta formal ante Washington y calificó las medidas como “discriminatorias”.
Según datos recientes, unos 277.000 estudiantes chinos están actualmente matriculados en universidades estadounidenses. Hasta 2019, China era el país con mayor número de estudiantes en EE.UU., aunque en los últimos años la cifra ha comenzado a descender. En Harvard, los estudiantes chinos representan aproximadamente el 20% del alumnado internacional.
Medios internacionales han documentado varios casos de estudiantes chinos que vieron rechazada o cancelada su visa sin explicaciones claras. En redes sociales y en medios chinos, la situación ha sido ampliamente debatida. Algunos estudiantes manifestaron preocupación ante la posibilidad de ser deportados, aun teniendo visas vigentes. Otros indicaron que están evaluando estudiar en otros países.
Estas acciones se inscriben en una serie de medidas impulsadas por el gobierno federal para reformular el papel de las universidades en el país, fortalecer los controles de inmigración y revisar los programas de diversidad y contratación en el ámbito académico. Desde su retorno a la presidencia, el mandatario ha impulsado recortes a subvenciones federales a universidades de la Ivy League, entre ellas Harvard, y ha cuestionado el uso de fondos públicos por parte de instituciones que —según sus declaraciones— “no colaboran adecuadamente con los intereses de seguridad nacional”.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó días atrás: “Estados Unidos necesita más técnicos, electricistas y fontaneros, y menos graduados en carreras ideológicas que no aportan al desarrollo del país”.
Qué puede pasar ahora
Mientras el proceso judicial sigue su curso, la Universidad de Harvard tiene un plazo de 30 días para entregar documentación adicional que justifique su cumplimiento con los requisitos del programa SEVIS. Si el DHS determina que la universidad no coopera, la revocación podría reactivarse de forma permanente.
Otras universidades del país siguen con atención la evolución del caso, dado que podrían enfrentarse a requerimientos similares. En paralelo, el debate se ha trasladado a las cámaras legislativas, donde algunos sectores consideran que la revisión de visados estudiantiles es una herramienta válida de política exterior, mientras otros cuestionan su impacto sobre la economía del conocimiento y los vínculos internacionales.
Hasta tanto se definan los litigios judiciales y las políticas definitivas, los estudiantes internacionales —actuales y futuros— enfrentan un escenario de incertidumbre con respecto a su permanencia o ingreso a Estados Unidos.
El jueves pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó formalmente a la Universidad de Harvard que su participación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) quedaba revocada con efecto inmediato. Según la carta firmada por la secretaria del DHS, Kristi Noem, “Harvard ha incumplido con requerimientos federales al no proporcionar información sobre estudiantes extranjeros implicados en incidentes que podrían afectar la seguridad nacional o el orden público”.
La carta añade que “la institución permitió que se desarrollaran actividades que podrían haber generado un entorno hostil en el campus”, y menciona además “posibles vínculos con entidades extranjeras”, entre ellas, el Partido Comunista Chino. En concreto, se solicitó a la universidad que entregue registros completos de estudiantes internacionales involucrados en protestas o actividades consideradas “riesgosas”, incluyendo materiales audiovisuales.
La medida implica que Harvard no podrá matricular nuevos estudiantes extranjeros mientras dure la suspensión, y que aquellos actualmente inscriptos deberán ser transferidos a otras universidades para mantener su estatus legal. Según cifras oficiales, los estudiantes internacionales representan el 27% del total de inscripciones en Harvard, con alrededor de 6.800 alumnos de más de 140 países.
Reacciones de Harvard y la justicia federal
Harvard presentó una demanda ante la justicia federal en Massachusetts, solicitando una orden de suspensión de la medida. La jueza Allison Burroughs concedió una medida cautelar que, de momento, impide que se ejecute la revocación de la certificación SEVIS mientras se tramita el caso en los tribunales.
En un comunicado institucional, Harvard manifestó que “la acción del gobierno podría tener un impacto severo en la comunidad universitaria y en el ecosistema académico estadounidense”, y defendió su derecho a mantener políticas internas de admisión y expresión conforme a la ley vigente.
Paralelamente, el Departamento de Estado anunció una “revisión agresiva” de las visas otorgadas a estudiantes extranjeros, en particular a aquellos provenientes de la República Popular China y Hong Kong. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la revisión incluye “a quienes tengan vínculos con el Partido Comunista Chino o que estén inscriptos en campos académicos estratégicos”, aunque no se detallaron cuáles son esos campos.
Rubio indicó que se implementará un control reforzado sobre antecedentes personales y redes sociales de los solicitantes. Un memorando distribuido a las embajadas estadounidenses ordenó la suspensión de nuevas entrevistas para visados de estudiantes y de intercambio cultural, medida que estará vigente hasta nueva instrucción.
En paralelo, la administración también evalúa la posibilidad de limitar el porcentaje de estudiantes internacionales por institución. “Tenemos gente que quiere ir a Harvard y a otras universidades. No pueden entrar porque tenemos estudiantes extranjeros allí”, dijo el presidente Trump en declaraciones a la prensa.
Reacciones en China y otros países
El gobierno chino manifestó su oposición a las nuevas políticas a través de su portavoz de Exteriores, Mao Ning, quien declaró que “la cancelación de visas por motivos ideológicos no favorece los intercambios educativos ni la relación bilateral”. China presentó una protesta formal ante Washington y calificó las medidas como “discriminatorias”.
Según datos recientes, unos 277.000 estudiantes chinos están actualmente matriculados en universidades estadounidenses. Hasta 2019, China era el país con mayor número de estudiantes en EE.UU., aunque en los últimos años la cifra ha comenzado a descender. En Harvard, los estudiantes chinos representan aproximadamente el 20% del alumnado internacional.
Medios internacionales han documentado varios casos de estudiantes chinos que vieron rechazada o cancelada su visa sin explicaciones claras. En redes sociales y en medios chinos, la situación ha sido ampliamente debatida. Algunos estudiantes manifestaron preocupación ante la posibilidad de ser deportados, aun teniendo visas vigentes. Otros indicaron que están evaluando estudiar en otros países.
Estas acciones se inscriben en una serie de medidas impulsadas por el gobierno federal para reformular el papel de las universidades en el país, fortalecer los controles de inmigración y revisar los programas de diversidad y contratación en el ámbito académico. Desde su retorno a la presidencia, el mandatario ha impulsado recortes a subvenciones federales a universidades de la Ivy League, entre ellas Harvard, y ha cuestionado el uso de fondos públicos por parte de instituciones que —según sus declaraciones— “no colaboran adecuadamente con los intereses de seguridad nacional”.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó días atrás: “Estados Unidos necesita más técnicos, electricistas y fontaneros, y menos graduados en carreras ideológicas que no aportan al desarrollo del país”.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, la Universidad de Harvard tiene un plazo de 30 días para entregar documentación adicional que justifique su cumplimiento con los requisitos del programa SEVIS. Si el DHS determina que la universidad no coopera, la revocación podría reactivarse de forma permanente.
Otras universidades del país siguen con atención la evolución del caso, dado que podrían enfrentarse a requerimientos similares. En paralelo, el debate se ha trasladado a las cámaras legislativas, donde algunos sectores consideran que la revisión de visados estudiantiles es una herramienta válida de política exterior, mientras otros cuestionan su impacto sobre la economía del conocimiento y los vínculos internacionales.
Hasta tanto se definan los litigios judiciales y las políticas definitivas, los estudiantes internacionales —actuales y futuros— enfrentan un escenario de incertidumbre con respecto a su permanencia o ingreso a Estados Unidos.
