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SUSCRIBITELa esperada cumbre entre Donald Trump, y Vladimir Putin, prevista en Budapest, se pospuso indefinidamente. Crece la tensión entre ambos líderes
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SUSCRIBITE“No quiero tener una reunión desperdiciada”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca. “No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa”, agregó, dejando claro que cualquier encuentro dependerá de avances concretos sobre el terreno y no de simples gestos diplomáticos. El Kremlin, por su parte, reconoció que no existe fecha precisa para el encuentro y que la logística sigue siendo evaluada.
El encuentro en Budapest surgió como continuación de una llamada telefónica de más de dos horas entre Trump y Putin el jueves pasado, que según el mandatario estadounidense mostró “grandes progresos”. La idea era concretar la primera reunión presencial de alto nivel entre ambos desde el inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre un alto el fuego y la disparidad de objetivos han llevado a que la cumbre quede ahora en suspenso.
Al día siguiente de la llamada, Trump recibió en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La reunión evidenció los objetivos divergentes: Zelenski buscaba la luz verde para recibir misiles de largo alcance Tomahawk, mientras que Trump pretendía obtener concesiones de Ucrania para poder presentar un avance en las negociaciones. Tras el encuentro, el mandatario estadounidense reconoció que el conflicto ucraniano no tiene solución a corto plazo y que muchas decisiones dependerán de próximos días de coordinación diplomática.
Con la cancelación de la cumbre, la atención se desplaza ahora hacia las reuniones clave programadas en Bruselas y Londres, a finales de esta semana. Estos encuentros pondrán a prueba la capacidad de Europa para asegurar nuevo apoyo financiero a Kiev y para convencer a Trump de mantener la presión sobre Moscú, dada su influencia en la política internacional hacia Ucrania.
La eventual visita de Putin a Budapest presentaba varios desafíos legales. Según el derecho internacional, Hungría estaría obligada a arrestar a Putin si pisara su territorio, aun cuando Budapest anunciara su salida de la Corte Penal Internacional (CPI) en junio. La normativa de la CPI establece que los Estados deben cumplir obligaciones durante un año posterior a su retirada, lo que incluye la detención de personas bajo órdenes de arresto. Expertos señalan que Hungría ya había incumplido la CPI en 2025 al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sin enfrentar consecuencias tangibles.
A esto se suma la restricción aérea: desde 2022, la Unión Europea prohíbe el acceso de aviones rusos a su espacio aéreo. Para que el avión presidencial de Putin llegara a Hungría sería necesario obtener permisos individuales de cada Estado miembro. Hungría comparte fronteras con Rumania, Eslovaquia, Austria, Eslovenia y Croacia; hasta ahora, Rumania y Bulgaria afirmaron no haber recibido solicitudes, aunque este último país dejó abierta la posibilidad de permitir el sobrevuelo.
Los Estados de la Unión Europea han insistido en que ningún criminal de guerra debe transitar libremente por suelo europeo. El alto diplomático lituano Kestutis Budrys afirmó: “El único lugar para Putin en Europa es La Haya, en el tribunal. No en ninguna de nuestras capitales. No hay lugar para criminales de guerra en Europa”.
El ministro irlandés de Exteriores, Simon Harris, calificó la elección de Budapest como “provocadora”, aunque subrayó que los esfuerzos por la paz son bienvenidos. Su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, destacó que la presencia de Putin solo tendría sentido si conduce a un alto el fuego inmediato e incondicional.
En paralelo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, defendió que su país era “el único lugar adecuado” para las conversaciones, citando su postura a favor de la paz. Expertos europeos han señalado que Orbán podría actuar como un “caballo de Troya” para intereses rusos dentro de la UE, dada la histórica cercanía de su gobierno con Moscú y la política exterior autónoma de Hungría.
Más allá de los obstáculos legales, la UE busca mantener a Trump alineado con los intereses occidentales, asegurando su apoyo a Ucrania y a la seguridad del continente. La administración estadounidense ha enfatizado que cualquier negociación futura con Rusia debe estar condicionada al respeto del derecho internacional y a la soberanía ucraniana.
Aunque Budapest sigue apareciendo como sede potencial, la cumbre de Trump y Putin queda en suspenso hasta nuevo aviso, y cualquier intento de realización enfrentará dilemas logísticos, legales y diplomáticos. Las reuniones de Bruselas y Londres serán una prueba decisiva para determinar si Europa logra consolidar un frente común, asegurar financiamiento a Ucrania y mantener a Trump comprometido con la presión sobre Moscú.
La iniciativa de Budapest se inscribe en un contexto previo de contactos limitados entre EE.UU. y Rusia desde la invasión de Ucrania. En agosto, Trump ya invitó a Putin a una cumbre en Alaska, la cual no produjo resultados tangibles. Este antecedente ha reforzado la cautela europea y estadounidense sobre la utilidad de reuniones bilaterales sin objetivos concretos verificables sobre el terreno.
La situación refleja la compleja interacción entre diplomacia, derecho internacional y política interna de los Estados europeos. Hungría, miembro de la UE pero con políticas exteriores autónomas, ha mostrado disposición a facilitar conversaciones, pero sin un marco legal y político sólido, la viabilidad de la cumbre queda bajo intenso escrutinio. La atención ahora se centra en el rol que jugarán Trump, la UE y Kiev en las próximas semanas para definir el rumbo de la presión internacional sobre Moscú y los pasos hacia un eventual alto el fuego.