2 de junio de 2026 - 11:28 Por Damian Szvalb La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó una ley de excepción que faculta de manera explícita al presidente Rodrigo Paz Pereira a desplegar las Fuerzas Armadas en el territorio nacional con el objetivo de restaurar el libre tránsito y asegurar el abastecimiento en los centros urbanos. La norma legislativa dota al Poder Ejecutivo de un marco jurídico extraordinario para emplear el aparato de coacción estatal en el despeje de las rutas troncales, las cuales permanecen bajo asedio logístico desde hace veintiocho días por parte de organizaciones sindicales agrarias y bases cocaleras del Chapare, alineadas con la dirigencia del expresidente Evo Morales.
La sanción de este instrumento normativo modifica de forma sustancial las condiciones operativas de la fuerza pública. Tras la parálisis inicial motivada por los antecedentes judiciales del año 2019, la nueva legislación establece protocolos específicos de actuación y delimita las responsabilidades penales de los mandos militares, orientándose a neutralizar la reticencia de los cuarteles frente a eventuales directivas de intervención. El texto aprobado estipula que las operaciones militares se enfocarán de manera prioritaria en los nodos viales que conectan los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, declarados en situación de alta vulnerabilidad logística.
Pese a la aprobación de la ley de excepción, el Palacio Quemado mantiene abiertos canales de interlocución con sectores intermedios de las movilizaciones no alineados con la cúpula del Movimiento al Socialismo (MAS) del ala evista. El ministro de Gobierno precisó que la intención del Ejecutivo es disuadir los focos de resistencia civil mediante la exhibición de capacidades de despliegue antes de proceder al uso efectivo de la fuerza letal. Sin embargo, la administración central ratificó que las reformas fiscales y el cronograma de reestructuración de los subsidios a los hidrocarburos continuarán vigentes, calificando estas medidas de administrativas y no sujetas a negociación política bajo condiciones de presión vial.
El factor Chapare: apagón eléctrico y refuerzo de barricadas por temor a detención
Las organizaciones cocaleras del trópico de Cochabamba procedieron a incrementar de forma significativa la densidad de los bloqueos y barricadas en los accesos vehiculares a la región del Chapare. La movilización de los sectores agrícolas responde al temor generalizado entre las bases ante una inminente orden de detención judicial contra Evo Morales por las causas penales de presunto abuso de menores y trata de personas que tramita la Fiscalía General del Estado. Las milicias civiles establecieron puestos de vigilancia fijos con troncos, piedras y escombros en los puentes principales y rutas secundarias para impedir el ingreso de contingentes de la Policía Boliviana.
La tensión en el bastión evista se agudizó tras registrarse un corte total en el suministro de energía eléctrica y en las redes de telecomunicaciones en diversas localidades del Chapare. La dirigencia sindical calificó el apagón como una maniobra táctica de carácter técnico implementada por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira para anular las comunicaciones de alerta y facilitar una incursión nocturna de las fuerzas de seguridad y el grupo de operaciones especiales de la policía. En respuesta, miles de productores de hoja de coca abandonaron sus comunidades rurales para concentrarse en los puntos neurálgicos de las carreteras, declarándose en estado de vigilia permanente y armados con herramientas agrícolas y elementos de pirotecnia de alta potencia.
La persistencia del cerco vial en el centro geográfico de Bolivia bloquea por completo el transporte terrestre entre el oriente y el occidente del país. Los reportes técnicos del sector logístico privado indican que las pérdidas económicas acumuladas por el transporte de carga pesada superan los doscientos millones de dólares, afectando también los flujos de exportación hacia los puertos del Océano Pacífico. La escasez de alimentos frescos generó que el abastecimiento en La Paz dependa exclusivamente de puentes aéreos limitados gestionados por aeronaves de transporte militar, los cuales resultan insuficientes para satisfacer la demanda de consumo de la población civil del altiplano.
El recrudecimiento del escenario de conflictividad motivó pronunciamientos explícitos por parte de los principales funcionarios de la administración pública nacional: "La tolerancia del Estado Plurinacional frente a la destrucción del aparato productivo llegó a su límite biológico. Aplicaremos de forma irrestricta toda la fuerza de la Constitución y las herramientas que el Congreso nos otorgó para garantizar que los ciudadanos bolivianos recuperen el derecho constitucional a transitar, alimentarse y trabajar libremente". — Rodrigo Paz Pereira, Presidente de Bolivia, en mensaje a la Nación.
"Los cortes de energía en el trópico responden a fallas técnicas estructurales en las líneas de alta tensión debido a la falta de mantenimiento provocada por los propios bloqueos que impiden el paso de las cuadrillas operativas. El Ministerio de Gobierno no utiliza cortes de servicios como estrategia de intervención; las operaciones judiciales se ejecutan a la luz del día y bajo el amparo de los códigos procesales". — Vocero del Ministerio de Gobierno de Bolivia, ante medios de prensa en La Paz.
Expulsión de activistas extranjeros y el frente diplomático con la Argentina
El Ministerio de Gobierno de Bolivia anunció la detención y posterior expulsión formal del territorio nacional de una exlegisladora de origen argentino, cuya identidad fue reservada bajo las iniciales de los registros migratorios oficiales. Las autoridades de la Dirección General de Migración justificaron la medida administrativa señalando que la ciudadana extranjera ingresó al país bajo un estatus de residencia transitoria no apto para el desarrollo de actividades políticas, siendo detectada en asambleas sindicales y puntos de bloqueo en el departamento de Cochabamba brindando apoyo logístico y discursivo a las facciones movilizadas contra la administración de Rodrigo Paz Pereira.
La Cancillería de Bolivia argumentó que el Estado no tolerará acciones de injerencia ideológica externa que pretendan dinamizar la desestabilización interna o incitar a la desobediencia civil en favor de las estructuras evistas. Este procedimiento migratorio añade un elemento de fricción a las complejas relaciones bilaterales entre La Paz y Buenos Aires, las cuales se encontraban tensionadas tras las denuncias previas de Evo Morales sobre el presunto envío de aeronaves C-130 Hércules con pertrechos militares desde la Argentina para cooperar con las fuerzas de seguridad locales.
Desde el Palacio San Martín, la Cancillería de la República Argentina optó por no emitir notas oficiales de protesta ante la expulsión de la activista política, limitándose a señalar a través de voceros de nivel técnico que el gobierno argentino respeta de forma irrestricta la soberanía jurídica de Bolivia en materia de aplicación de leyes migratorias y de seguridad interior. El lineamiento de la administración de Javier Milei mantiene una distancia conceptual respecto de los actores vinculados al espectro de izquierda regional que se desplazaron hacia territorio boliviano para solidarizarse con las bases de la federación de cocaleros del Chapare.
Variables de impacto regional: suministro energético e interconexión vecina
El agravamiento de la parálisis político-social en Bolivia comenzó a generar repercusiones directas en las matrices energéticas y comerciales de los países limítrofes del Cono Sur. Aunque Argentina cesó la importación de gas boliviano de manera formal debido a la reversión de su propia infraestructura en el norte del país, los flujos logísticos terrestres que conectan Chile, Perú, Brasil y Paraguay a través del territorio boliviano se encuentran completamente interrumpidos. Los transportistas de carga internacional de bandera chilena y peruana reportaron la retención forzosa de centenares de camiones cisterna y contenedores en las rutas del altiplano, sin condiciones mínimas de seguridad sanitaria.
El impacto económico repercute de igual forma en la balanza comercial de exportadores agrícolas de la región, que utilizaban los corredores bioceánicos bolivianos para canalizar mercancías hacia los puertos del Atlántico y el Pacífico. Las cancillerías de Santiago y Lima emitieron circulares preventivas a sus respectivos sectores comerciales recomendando suspender temporalmente el despacho de mercaderías por vía terrestre con destino o tránsito en Bolivia, advirtiendo sobre la ausencia de garantías fácticas por parte del Estado boliviano para asegurar la integridad física de las tripulaciones y las cargas en los departamentos en conflicto.
