6 de diciembre de 2024 - 11:20 Por Sarai Avila Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania en 2022, la comunidad internacional ha denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos. Entre estas, destaca un controvertido programa de deportación y adopción forzada de niños ucranianos, promovido directamente desde Rusia. Una reciente investigación del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale (Yale HRL) arroja nuevas pruebas sobre el alcance sistemático de esta práctica, que ha desencadenado graves acusaciones contra el presidente ruso Vladimir Putin y otros altos funcionarios.
El informe de Yale, respaldado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, identifica a 314 niños ucranianos trasladados forzosamente a Rusia durante los primeros meses del conflicto. Sin embargo, el número total podría ser mucho mayor: las autoridades ucranianas estiman que más de 19,500 niños han sido deportados desde el inicio de la guerra, mientras que el Parlamento Europeo advierte que la cifra podría superar los 300,000.
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La política de la Rusia d Putin de rapto de niños es uno los aspectos mas crueles de su agresión contra Ucrania
Este programa no es un fenómeno nuevo; según las investigaciones, las deportaciones comenzaron en 2014, tras la anexión de Crimea. En los últimos años, las autoridades rusas han perfeccionado el sistema, utilizando recursos gubernamentales, como aviones militares y fondos presidenciales, para trasladar a niños desde zonas ocupadas de Ucrania hasta distintos puntos en Rusia. Estas operaciones han sido coordinadas directamente desde la oficina de Putin, con la participación de la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, quien también enfrenta cargos internacionales.
El proceso de rusificación
Una vez en Rusia, los niños son sometidos a un proceso de “rusificación” que incluye borrar su identidad ucraniana. Este procedimiento abarca desde la modificación de documentos oficiales, como certificados de nacimiento y pasaportes, hasta la reeducación cultural y militar. En muchos casos, los menores han sido colocados con familias rusas bajo la figura de tutela o adopción forzada. Se han documentado episodios donde se les somete a propaganda prorrusa y militarización en instituciones educativas y campamentos de verano.
Lvova-Belova ha argumentado que estas acciones buscan proteger a los niños de las hostilidades en Ucrania, asegurando que siempre se solicita el consentimiento de los padres o tutores legales. Sin embargo, el informe de Yale y las denuncias de activistas ucranianos contradicen esta versión, señalando que la intención principal es crear una “nueva generación leal al ejército ruso”.
Reacciones internacionales y jurídicas
El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y Lvova-Belova por crímenes de guerra relacionados con la deportación y transferencia forzada de niños. Aunque Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI, estas acusaciones limitan los movimientos internacionales de los implicados. Además, refuerzan la presión diplomática para garantizar el retorno de los niños a Ucrania y el enjuiciamiento de los responsables. El informe de Yale también detalla cómo este programa ha desafiado incluso la legislación rusa. Cambios en las leyes nacionales han facilitado la naturalización y adopción de niños ucranianos, lo que antes de 2022 habría sido ilegal.
Impacto para Ucrania
La deportación forzada de niños ucranianos es un crimen que deja profundas cicatrices en las víctimas y sus familias. Aunque hasta julio de 2024, más de 1,000 niños han sido devueltos a Ucrania, la mayoría sigue en paradero desconocido, enfrentando barreras creadas deliberadamente por el Kremlin. Las acciones de Rusia no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que constituyen una estrategia para desestabilizar el tejido social ucraniano y reforzar la ocupación de territorios.
En paralelo, Ucrania continúa documentando estos casos con el apoyo de aliados internacionales, mientras organizaciones como Naciones Unidas y la Unión Europea redoblan sus esfuerzos para abordar esta crisis. Por su parte, la comunidad internacional ha impuesto sanciones y restricciones a funcionarios rusos involucrados, evidenciando un creciente consenso sobre la necesidad de una justicia firme y duradera.
