14 de marzo de 2025 - 12:50 Por Sarai Avila El exmandatario filipino Rodrigo Duterte, de 79 años, fue detenido el martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, inmediatamente después de su arribo desde Hong Kong. La detención fue ejecutada por la Policía Nacional de Filipinas bajo una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que lo acusa de crímenes de lesa humanidad debido a su brutal guerra contra las drogas, que dejó miles de muertos durante su gobierno (2016-2022).
Duterte, nacido en 1945 en Maasin, Leyte, proviene de una influyente familia política. Estudió Derecho y se desempeñó como fiscal antes de iniciar su carrera política como alcalde de Davao en 1988. Durante 22 años gobernó esa ciudad con una política de mano dura contra el crimen, lo que le otorgó popularidad y el apodo de "El Castigador". En 2016, accedió a la presidencia de Filipinas con un discurso centrado en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, una promesa que derivó en su controvertida guerra contra las drogas.
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Rodrigo Duterte estaba bajo una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.
El arresto generó conmoción en el aeropuerto, donde abogados y simpatizantes de Duterte protestaron contra la acción policial. Aliados del exmandatario, como el senador Bong Go, denunciaron que se le impidió el acceso a asistencia legal inmediata. La CPI justificó la detención afirmando que Duterte "ejercía aún un considerable poder" y que su arresto era necesario para evitar la obstrucción de la investigación y la intimidación de testigos.
Los cargos contra Rodrigo Duterte
La investigación de la CPI abarca las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de su política antidrogas. Durante su presidencia, la Policía filipina reconoció al menos 6.600 muertes en operativos oficiales, pero organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 20.000, muchas de ellas atribuidas a escuadrones de la muerte parapoliciales.
Duterte admitió en múltiples ocasiones haber autorizado el uso de la fuerza letal contra presuntos narcotraficantes y consumidores. También reconoció haber formado grupos paramilitares para combatir la delincuencia en la ciudad de Davao, donde fue alcalde entre 1998 y 2016, antes de asumir la presidencia.
En 2019, Filipinas se retiró de la CPI bajo la administración de Duterte, en un intento por eludir la jurisdicción del tribunal. Sin embargo, la CPI mantiene su competencia sobre los crímenes cometidos antes de la retirada, lo que le permitió seguir adelante con la investigación.
Reacciones y tensión política en Filipinas
El gobierno del actual presidente Ferdinand Marcos Jr. aseguró que no interferirá en la investigación ni en el proceso legal contra Duterte. Sin embargo, la detención del exmandatario ha profundizado la crisis política interna. Su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta y antigua aliada de Marcos Jr., se encuentra envuelta en una disputa política con el presidente, lo que podría afectar la estabilidad del gobierno de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Simpatizantes de Duterte han salido a las calles en Davao y Cagayán de Oro para protestar contra su detención, mientras que organizaciones de derechos humanos han celebrado la captura como un paso fundamental hacia la justicia. "Es un día largamente esperado para las familias de las víctimas", declaró Randy Delos Santos, tío de un adolescente asesinado en una operación policial en 2017.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Filipinas anunció que examinará una petición presentada por los abogados de Duterte para suspender su arresto y evitar su traslado a La Haya. Sin embargo, la CPI podría solicitar a la Interpol una "notificación roja" para acelerar su extradición.
El futuro del exmandatario dependerá de si Filipinas accede a entregarlo a la justicia internacional o si permite que sea juzgado en el país. Aunque Duterte sigue siendo una figura influyente, su detención podría debilitar su dinastía política y redefinir el panorama electoral de Filipinas. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca el caso, y la CPI busca enviar un mensaje contundente: nadie está por encima de la ley.
