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¿Embestida contra Castillo?

Perú: un gobierno a la deriva

El gobierno de Castillo parece ignorar la gravedad de la situación social del país, golpeado fuertemente por la guerra en Ucrania y la pandemia.

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11 de mayo de 2022 - 13:27 Por Damian Szvalb

Desde hace algunas semanas Perú se enfrenta a una inflación desbocada y una movilización social que se ha expresado en protestas masivas en todo el país. En este marco, se produjeron algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron un saldo de seis víctimas fatales. El gremio de transportistas inició un paro general que se convirtió en el puntapié de una manifestación generalizada contra el gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo.

Uno de los factores que motiva el descontento social es el aumento del precio de los combustibles, una consecuencia directa de la guerra en Ucrania. A su vez, en los últimos meses se han disparado los precios de los fertilizantes y ha caído la oferta de suministros, empujando al alza el precio de los alimentos.

Hasta ahora la respuesta del gobierno fue errática. Castillo decretó el estado de emergencia e impuso un toque de queda con el objetivo de contener las protestas en Lima. No obstante, en menos de 24 horas se vio obligado a dar marcha atrás ante la imposibilidad de hacer cumplir la medida.

Una crisis de larga data

La arista política de la crisis que afecta a Perú tiene una extensa trayectoria. El resquebrajamiento del sistema político peruano se remonta, al menos, a 2017. En diciembre de ese año la bancada opositora en el Congreso intentó destituir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario estaba envuelto en acusaciones de corrupción asociadas a la actividad de la empresa constructora de origen brasileño Odebrecht. La jugada no prosperó y en marzo de 2018 se produjo una nueva embestida contra Kuczynski. Esta vez, pesaban sobre el jefe de Estado acusaciones de corrupción y compra de votos con el objetivo de evitar la aprobación de su destitución. El presidente peruano presentó su renuncia un día antes de que el Legislativo debatiera y votara su vacancia.

El caso Kuczynski dio inicio a un período de suma inestabilidad política en el país sudamericano. Menos de tres años después, su vicepresidente y sucesor Martín Vizcarra también fue objeto de un intento de destitución. Los embates del flamante mandatario contra la Asamblea Legislativa incluyeron su disolución en septiembre de 2019. La nueva composición del Congreso se definió en enero de 2020. Ese mismo año, los legisladores intentaron remover a Vizcarra del cargo en dos ocasiones. Finalmente, el presidente fue llevado a juicio político por incapacidad moral y destituido con el voto de 105 parlamentarios.

Durante 2020 Perú vio pasar a dos figuras más por el máximo cargo del Ejecutivo. En noviembre, Manuel Merino renunció a la presidencia luego de tan solo cinco días de haber asumido. La movilización popular y la represión policial, que provocó la muerte de dos manifestantes y cientos de heridos, resultaron demasiada carga para el sucesor de Vizcarra. La salida de Merino obligó al Congreso peruano a designar a un nuevo jefe de Estado. Francisco Sagasti fue nombrado presidente del Poder Legislativo, quedando habilitado por sucesión constitucional a asumir la presidencia de la República. El gobierno de transición liderado por Sagasti, anteriormente congresista del Partido Morado, culminó en julio de 2021 una vez celebradas las elecciones generales.

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Pedro Castillo. Gobierno de Perú

Pedro Castillo. Gobierno de Perú

Los comicios del año pasado resultaron en la elección del maestro Pedro Castillo. A pesar de no estar habilitado, el mandatario viene ejerciendo sus funciones desde un despacho privado donde ha recibido a ministros y empresarios, sin registro público de la actividad presidencial. Esta situación estuvo acompañada de denuncias de tráfico de influencias y corrupción por parte del círculo más próximo de Castillo. Ello condujo a un primer pedido de destitución presentado por un grupo de 28 legisladores en noviembre pasado. La moción no alcanzó el mínimo de 52 votos necesarios para ser tratada en la Asamblea Legislativa.

No obstante, el historial peruano permite adelantar que no faltarán nuevos intentos de vacancia contra el actual presidente. De hecho, Castillo está siendo investigado por la fiscalía desde enero. La pesquisa se centra en las acusaciones de tráfico de influencias y colusión en el marco de supuestas irregularidades en la licitación de la obra vial “Puente Tarata”, así como también en la compra de biodiesel por parte del Gobierno. Asimismo, Castillo es objeto de otra investigación por presunto plagio de su tesis de maestría, hecho que habría ocurrido en 2012.

Economía y pandemia: los catalizadores del descontento social

La ola de manifestaciones, paros y bloqueos que actualmente paraliza al país sudamericano comenzó con las medidas de fuerza de grupos de transportistas afectados por el aumento del combustible. A ellos se sumaron los trabajadores del sector agrícola, golpeados por la suba de los fertilizantes. Los docentes también se han movilizado por el abandono de la educación pública en una etapa de la pandemia que habilita el regreso a las aulas. El resto de la ciudadanía se ha unido a estos grupos indignada por la espiral inflacionaria que impacta principalmente en el precio de los alimentos y, por ende, en los bolsillos de todos los peruanos.

En esta misma línea, el Instituto Nacional de Estadística e Informática confirmó que en el mes de marzo se registró la mayor inflación mensual de los últimos 26 años. De acuerdo con el organismo, el índice de precios al consumidor aumentó un 1,48% en ese período. Este incremento se debe principalmente al encarecimiento de los alimentos, el transporte y la educación.

Aunque el gobierno atribuye el encarecimiento del costo de vida a la guerra en Ucrania, los expertos señalan que lo que en realidad subyace a la efervescencia social es la crisis terminal del sistema de representación política. Es este fenómeno el que, desde 2017 a esta parte, viene erosionando las bases de la institucionalidad política peruana. Cinco presidentes, trece primeros ministros y un Congreso disuelto dan cuenta de la gravedad de la coyuntura y de la inestabilidad del sistema político.

La pandemia también carga con cierta responsabilidad. Perú ha sido uno de los países más duramente afectados por el Covid en todo el mundo, presentando hoy una de las mayores tasas de mortalidad. Además, la crisis sanitaria contribuyó a evidenciar las profundas falencias que atraviesan a todos los servicios públicos del país.

El camino hacia adelante

En definitiva, la convulsión social que golpea a Perú responde a un cúmulo de decepciones exacerbadas por la pandemia y por la aparente inoperancia del gobierno de Pedro Castillo. Pero el problema trasciende al presidente. Incluso si éste fuera destituido o si presentara su renuncia, las falencias estructurales del sistema aún persistirían. Con o sin Castillo, la inestabilidad, la ingobernabilidad, la polarización social y el descontento con las instituciones democráticas no serán resueltos.

A nueve meses de haber asumido el cargo, Castillo registra altísimos niveles de desaprobación que se acercan al 75%. A ello se agrega que los estudios de opinión han registrado que un gran número de peruanos consideran que el presidente debe dejar su cargo antes de 2026, fecha de finalización de su mandato.

En este contexto, Perú celebrará elecciones locales y regionales este año. Es probable que el descontento y la conflictividad social, lejos de ceder en el futuro cercano, se conviertan en un arma política de los caudillos locales que aspiran a apuntalar su poder ante un gobierno nacional debilitado.

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