23 de febrero de 2023 - 13:54 Por Uriel Salamon El régimen de Nicaragua que lidera Daniel Ortega, otrora líder revolucionario en los 80´, devenido en autocrático desde desde su primera reelección en 2011, tras retornar al poder en 2006, continua con su larga lista de violaciones de los derechos humanos y en algunos casos asemejándose al dictador Somoza, al cual el mismo derrocó en 1979. A la ausencia de reglas claras de competencia democrática, una justicia adicta y la existencia de presos por motivos políticos, Nicaragua acaba de anotar un hito más en lo que tiene que ver con las anulación de derechos civiles, destierro y pérdida de nacionalidad, algo que nos remite a las peores dictaduras de la historia, sin importar el costado ideológico desde el cual se cometieron.
Criticado fuertemente por tener presos políticos, cuestión incluso denunciada por quien era hasta ese entonces embajador de Nicaragua ante la OEA, tema que abordamos en EL ARCHIVO, Daniel Ortega y su justicia a medida, decidió " mejorar" la situación de estos presos, pero en lugar de suavizar al situación, los expulsó del país y les quitó la nacionalidad, esto se ha hecho público un comunicado sobre lo que ha denominado “deportación inmediata” de estos 222 presos por “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”, según esa argumentación. Casi de inmediato, la Asamblea Nacional se reunió para reformar el artículo 21 de la Constitución Política, que regula la nacionalidad nicaragüense, declarando apátridas a los encarcelados que llegaron a Washington por considerarlos “traidores a la patria”. Es decir que no solo manipula la justicia sino también al legislativo que crea leyes a medida del designio de Daniel Ortega.
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Entre los afectados están los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y Gioconda Belli, ambos en el exilio; el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, la escritora y feminista Sofía Montenegro, la activista Azahalea Solís, el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la Iglesia, y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH), además de otros cientos condenados hace tiempo por sus posturas políticas en contra del gobierno y por si fuera poco también se ordenó que se incauten todas las propiedades a nombre de los afectados, con lo cual el despojo que se hace sobre derechos humanos es grave y complejo.
