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SUSCRIBITEMéxico se convirtió en el segundo país de América Latina en el que los ciudadanos podrán elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
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SUSCRIBITEEl domingo 1 de junio, México se embarcó en un experimento político sin precedentes: por primera vez, los ciudadanos eligieron por voto directo a los integrantes del Poder Judicial federal y de 19 estados. En total, se pusieron en juego 881 cargos federales y casi 2000 locales. El país se convirtió así en el segundo de América Latina —después de Bolivia— en implementar la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema.
La elección fue habilitada tras una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aprobada por el Congreso en septiembre de 2024. El objetivo, según el gobierno, es democratizar el Poder Judicial, eliminar el nepotismo y hacer que los jueces “respondan al pueblo”. “Es decisión del pueblo por quién vota el pueblo”, sostuvo la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre y defendió con énfasis la medida.
El proceso contempló la elección de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quince de las Salas Regionales, cinco del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. Se presentaron 3.422 candidatos federales. A estos se sumaron más de 4.000 candidaturas para puestos locales en 19 estados.
Cada cargo tiene su propia boleta, diferenciada por color, y el listado de postulantes fue organizado por género. En lugar de marcar una opción, el votante debe escribir los números identificatorios de sus candidatos preferidos. El diseño, considerado confuso incluso por expertos, fue una de las críticas recurrentes al proceso. La campaña fue limitada: sin dinero público ni privado, los aspirantes solo pudieron difundir sus propuestas en redes sociales o actos mínimos.
Más allá de la novedad democrática, la elección judicial estuvo atravesada por un clima de controversia e incertidumbre. La oposición, asociaciones civiles, organismos internacionales e incluso la ONU alertaron sobre los riesgos de politizar el Poder Judicial. También advirtieron sobre la posibilidad de que grupos delictivos influencien la elección. Al menos una veintena de candidatos ha sido vinculada en redes sociales con el crimen organizado.
La reforma fue leída como una herencia de AMLO para consolidar su proyecto político, la llamada “cuarta transformación”, ahora continuada por Sheinbaum. Según encuestas recientes, la mitad de la ciudadanía cree que el Poder Judicial quedará alineado con el Gobierno, mientras que el 37% opina que funcionará como contrapeso.
En paralelo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo protestas durante las semanas previas a la votación. El Gobierno las acusó de querer boicotear las elecciones, mientras los docentes reclamaban demandas salariales y laborales. Sheinbaum acusó: “Repiten el discurso de la derecha: que hay que boicotear la elección”.
Entre los candidatos figuran perfiles cuestionados: desde exabogados de narcos, hasta exjueces destituidos por abuso o corrupción. El caso de Silvia Delgado, quien defendió a “El Chapo” Guzmán y hoy aspiró a ser jueza penal, ilustra los dilemas éticos que el nuevo modelo plantea. “No soy corrupta. Hice mi trabajo”, dijo en un mitin.
Las críticas no apuntan sólo a las personas, sino al sistema mismo. El Laboratorio de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados señalaron que la elección popular de jueces puede debilitar la imparcialidad y alinear las sentencias con la opinión pública, no con la ley.
El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó un operativo complejo con más de 84.000 casillas, pero espera una participación de entre el 16% y el 23%, muy por debajo del 61% de las presidenciales de 2024. Las razones son múltiples: desinterés, boletas difíciles, falta de información y escepticismo.
A pesar de todo, Sheinbaum mantuvo una postura optimista: “Será una jornada histórica. Millones elegirán por primera vez a los integrantes del Poder Judicial”. Para el oficialismo, la elección fue una prueba de fuerza. Para la ciudadanía, un dilema ético: participar para influir o abstenerse para denunciar.
El INE dará a conocer los resultados definitivos el 15 de junio. Quedará por verse si esta elección inaugura un nuevo capítulo de justicia más democrática en México o si profundiza la captura política de un poder que debería ser autónomo.
Lo que es seguro es que, con esta votación, México se situó en el centro del debate mundial sobre justicia, democracia y participación ciudadana. Los ojos de América Latina —y del mundo— estarán atentos a lo que venga después.