La madrugada del 29 de octubre de 2025 reveló el rostro más brutal de la guerra contra el narcotráfico en Brasil. Vecinos del Complexo da Penha, en el norte de Río de Janeiro, trasladaron más de 60 cadáveres hasta la plaza São Lucas tras encontrarlos abandonados en una zona boscosa. Las escenas fueron desgarradoras: cuerpos alineados en el suelo, familias desesperadas buscando a sus hijos, una madre gritando "Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?". La Defensa Civil confirmó que la cifra oficial ascendió a 132 muertos, convirtiendo la operación "Contención" en la más letal de la historia del estado de Río de Janeiro, superando ampliamente la masacre de Jacarezinho de 2021, que había dejado 28 fallecidos.
El operativo involucró a unos 2.500 policías fuertemente armados que ingresaron a las favelas del Complexo do Alemão y de Penha, donde viven 280.000 personas, para combatir al Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal de la ciudad. La operación, ordenada por el gobernador Cláudio Castro del Partido Liberal de Bolsonaro, dejó además cuatro policías muertos y 81 personas detenidas. Sin embargo, el principal objetivo —Edgar Alves Andrade, conocido como "Doca da Penha" o "Urso", uno de los líderes del CV— logró escapar. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100.000 reales (18.653 dólares) por su captura.
image
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos no tardaron en surgir. La abogada Flávia Fróes, presente durante la retirada de los cuerpos, denunció que varios presentaban "marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas", calificando la intervención como "la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro". Entre los cuerpos hallados había uno decapitado, cuya cabeza fue transportada en una bolsa. Otra madre encontró a su hijo de 20 años con las muñecas atadas en la zona boscosa. Menores de edad participaron en las tareas de remoción de los cadáveres, en escenas que impactaron a la opinión pública internacional.
Escenario de guerra en Brasil
La respuesta del Comando Vermelho transformó las favelas en un escenario de guerra. Los narcotraficantes lanzaron granadas desde drones, dispararon con rifles de alto poder capaces de derribar helicópteros y bloquearon las vías de acceso con autobuses secuestrados e incendiados. Videos grabados por habitantes mostraban ráfagas de 200 disparos por minuto. Los criminales amenazaron a la población a través de grupos de WhatsApp comunitarios, forzando a motociclistas que trabajan para aplicaciones de comida a participar en el bloqueo con sus motos. La ciudad quedó paralizada: se bloqueó el acceso al aeropuerto Galeão, universidades cancelaron clases, bares y restaurantes cerraron, e incluso farmacias de 24 horas cesaron actividades.
image
El Comando Vermelho nació a finales de los años 70 cuando presos comunes y militantes de izquierda compartían la cárcel de Isla Grande durante la dictadura brasileña. En 1979 surgió la llamada Falange Vermelha bajo el lema "Paz, Justicia y Libertad", que luego la prensa denominó CV. A comienzos de los años 80, varios líderes salieron de prisión y transformaron la organización en una potente estructura criminal en las favelas. Para 1990, el CV ya dominaba el 90% de las favelas de Río. Hoy controla el 51,9% del territorio dominado por grupos criminales en la zona metropolitana y opera en al menos diez estados brasileños.
La política también juega
La operación desató una fuerte polémica política. El gobernador Castro declaró que la situación ya no es "responsabilidad exclusiva del Estado" y afirmó que Río está "aislada", en clara crítica al gobierno federal de Lula. Castro aseguró que solicitó blindados del ejército al menos tres veces, pero le fueron negados. El Ministerio de Justicia respondió enérgicamente, afirmando que desde 2023 aceptó las 11 solicitudes de renovación de la Fuerza de Seguridad Nacional en Río y que la Policía Federal realizó 178 operaciones en el estado solo en 2025, 24 de ellas relacionadas con tráfico de drogas y armas.
La comunidad internacional reaccionó con dureza. La ONU se mostró "horrorizada" por la operación y pidió una investigación inmediata sobre lo ocurrido. Organizaciones y defensores de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de DDHH la presencia de interventores y peritos internacionales en Río. El presidente Lula habría expresado estar "horrorizado" por la jornada de violencia. Mientras tanto, el alcalde de Río aseguró que la ciudad ya volvió al nivel de "normalidad" habitual, una afirmación que contrasta con el temor de los habitantes ante posibles represalias del CV en las próximas horas.
Expertos señalan que la crisis actual es resultado de décadas de negligencia estatal. "La situación actual es el resultado de décadas de negligencia y fragmentación de las políticas públicas. El problema no se resolverá solo con operaciones de choque que aborden los efectos en lugar de las causas", escribe Rafael Alcadipani de la Fundación Getulio Vargas. El especialista advierte que recuperar el territorio requiere "una estrategia coherente, permanente e integrada" que incluya presencia cualificada de las fuerzas del orden, rehabilitación de zonas enteras y alternativas económicas concretas para quienes viven en estos barrios. Mientras tanto, Río permanece dividida entre el control del narcotráfico y las milicias paramilitares, con millones de habitantes viviendo en territorios donde el Estado solo llega en forma de redadas letales.
