2 de octubre de 2025 - 16:39 Por Sarai Avila El 29 de septiembre de 2025, durante una reunión del Consejo de Estado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el presidente Nicolás Maduro había firmado un decreto que declara el estado de “conmoción exterior” y habilita “facultades especiales” para la movilización de la Fuerza Armada y la toma de infraestructuras estratégicas por un periodo inicial de 90 días, prorrogables. La información fue difundida por la propia vicepresidenta y recogida por agencias internacionales.
El texto íntegro del decreto no había sido publicado en la Gaceta Oficial al cierre de las coberturas iniciales. Medios nacionales e independientes destacan que la ausencia del texto público impide verificar el alcance preciso de las facultades, las limitaciones temporales y los controles que la Constitución exige para estados de excepción. Organizaciones de la sociedad civil han pedido su publicación inmediata.
image
Nicolas Maduro endurece las medidas para que no se le diluya el poder
El Gobierno presenta la medida como una respuesta defensiva ante lo que califica como “amenazas” y “acciones agresivas” de Estados Unidos en la región. Delcy Rodríguez afirmó que el decreto busca “proteger la integridad territorial, la soberanía e independencia, los intereses vitales y estratégicos” ante ataques que, según el Ejecutivo, podrían afectar a la nación. Maduro, en sus intervenciones públicas alrededor de ese anuncio, enfatizó que “Venezuela jamás será humillada por ningún imperio”.
¿Por qué lo decretó Maduro? El elemento detonante: operaciones en el Caribe
La firma del decreto llega en medio de una escalada que Washington describe como acciones contra el narcotráfico en pasajes del sur del Caribe. Durante septiembre de 2025 la administración estadounidense informó de ataques a embarcaciones que, según el Pentágono y la Casa Blanca, estarían vinculadas a rutas de narcotráfico y a bandas como el Tren de Aragua. El presidente de EE. UU., Donald Trump, difundió informes y declaraciones en las que sostuvo que la inteligencia confirmó que “la embarcación estaba traficando estupefacientes” y defendió las operaciones letales como parte de la lucha contra carteles que, según él, “ponen en riesgo la seguridad nacional” (declaraciones publicadas por Reuters los días 3, 15 y 19 de septiembre de 2025).
¿Está justificado legalmente? Las dudas de juristas y ONG
Aunque la Constitución venezolana contempla estados de excepción (entre ellos la “conmoción exterior”), la activación de esos regímenes exige publicidad del texto, motivación detallada y controles legislativos y judiciales. Abogados y organizaciones de derechos humanos han pedido la publicación del decreto para evaluar su conformidad constitucional y alertan que, en un contexto de debilitamiento institucional, facultades extraordinarias pueden traducirse en restricción de garantías, detenciones arbitrarias y toma de empresas estratégicas sin supervisión independiente.
Alcances prácticos y riesgos inmediatos
Según declaraciones oficiales y análisis de prensa, las medidas que podría habilitar el decreto incluyen: movilización general de la FANB, toma militar de infraestructuras (energía, petróleo, transporte), restricciones a la libre circulación y poderes ampliados para control de fronteras y detenciones. En una Venezuela con servicios y contrapesos institucionales frágiles, ese paquete de herramientas incrementa el riesgo de abusos, afectación de servicios básicos y criminalización de la disidencia. Analistas consultados por medios internacionales señalan que la opacidad y la retórica belicista elevan el riesgo de errores de cálculo.
Los principales riesgos estratégicos y escenarios posibles son:
- Escalada militar limitada: enfrentamientos en mar abierto o incidentes con lanchas que podrían incrementar las sanciones y aislar más a Caracas.
- Militarización doméstica: uso del decreto para reforzar el control interno (represión de disidencia, censura, toma de empresas), lo que agravaría la crisis humanitaria y la emigración.
- Desescalada diplomática: intercambio de gestos y presión multilateral que evite choques directos —requiere transparencia sobre incidencias y canales de comunicación entre Washington y Caracas. La probabilidad de cada ruta dependerá de la presión internacional, la cohesión de las fuerzas armadas venezolanas y la respuesta —política y legal— de actores internos (asamblea, tribunales, sociedad civil). Observadores señalan que la opacidad y la retórica belicista aumentan la probabilidad de errores de cálculo.
Reacción internacional y regional
La respuesta externa fue mixta: Washington defendió sus acciones como contra el crimen organizado; gobiernos caribeños y algunos actores internacionales manifestaron preocupación por el uso de la fuerza en aguas regionales y por el posible daño a civiles y pescadores. La Unión Europea y actores diplomáticos reclamaron prudencia y exigieron que se clarifiquen pruebas sobre los vínculos entre el Estado venezolano y las organizaciones señaladas por EE. UU. La prensa internacional registra llamados a la transparencia y evita presentarse de forma concluyente ante pruebas aún no publicadas por las partes.
Primero Justicia y sectores de la oposición calificaron el decreto como “una excusa para justificar mayor represión” y exigieron la publicación del texto en la Gaceta Oficial. ONG y abogados (p. ej. Acceso a la Justicia, Efecto Cocuyo) han pedido acceso inmediato al decreto para evaluar límites y salvaguardas constitucionales; advierten que la simple declaración sin controles aumenta la probabilidad de persecución política. En terreno, líderes pesqueros y comunidades costeras han expresado temor por la intensificación de las operaciones militares en sus áreas, y por los riesgos para la actividad civil y la seguridad de pescadores; esos testimonios aparecen en coberturas regionales que recogen el impacto en poblaciones costeras.
El decreto de “conmoción exterior” entrega un andamiaje jurídico para acciones extraordinarias frente a una amenaza externa pero, sin la publicación íntegra del decreto ni la clarificación pública de las pruebas que motivan la escalada, el efecto inmediato es el aumento de la opacidad y el riesgo de abuso de poder. En un país con contrapesos debilitado, la activación de facultades excepcionales tiende a prolongarse y a traducirse en sanciones directas sobre la sociedad civil y la economía. Si el objetivo es proteger a la población, el primer paso debe ser la transparencia: publicar el decreto, detallar las evidencias presentadas por ambas partes y someter las medidas a control constitucional y fisca
