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Embestida contra el poder judicial

El gobierno recibe críticas por intervenir en la justicia

El informe anual de Human Rigth Watchs reparó en lo que considera graves intromisiones por parte del gobierno en el poder judicial

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18 de enero de 2023 - 11:21 Por Uriel Salamon

Las fuertes y constantes intromisiones del gobierno encabezado por Alberto Fernández en el poder judicial no han sido desapercibidas en el resto del mundo. Recientemente fuentes del Departamento de Estado de los EEUU han mostrado la preocupación que existe en EEUU por estos pasos que van a contramano del normal funcionamiento del estado de derecho, sobre todo a partir de la iniciativa del gobierno de llevar a Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, cuestión generada a partir de una resolución en contra de los intereses del ejecutivo en relación a una discusión establecida con el opositor gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, este episodio de gravísimo daño institucional a la división de poderes, es solamente la continuidad de una serie de intervenciones que ya habían sido marcadas en su informe anual por la ONG Human Rights Watch, organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo y reconocida por la investigaciones realizadas en diversas áreas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, uno de ellas, justamente, el respeto por la justicia.

El extenso informe sobre Argentina abarca muchos temas, no obstante en la presentación del mismo puede leerse El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros del gobierno han empleado una retórica hostil contra el poder judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente.

Si esto no fuera poca crítica, en el apartado dedicado a la cuestión judicial, el durísimo informe de la ONG expone diversas críticas que podemos puntualizar.

Autoridades de alto nivel han utilizado una retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción.

Desde los encendidos alegatos de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner hasta la gravísima expresión del presidente Alberto Fernández vinculando al asesinado fiscal Nisman con el fiscal que juzgó a la vicepresidente, Diego Luciani cuando afirmó : " Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que no haga algo así el fiscal Luciani”

En diciembre de 2022, un tribunal condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la presunta comisión del delito de “administración fraudulenta” en relación con proyectos de obra pública llevados a cabo durante su presidencia. Los fundamentos de la sentencia todavía no habían sido publicados al momento de redacción de este informe. La vicepresidenta rechazó las alegaciones, acusó al fiscal de llevar adelante una investigación abusiva y políticamente motivada y a los jueces de ser parte de una “mafia” que buscaría mantenerla alejada de la función pública. Se prevé que Fernández de Kirchner apele la sentencia, lo cual suspendería sus efectos. Debido a su cargo como vicepresidenta, Fernández de Kirchner goza de inmunidad de arresto.

El rechazo del kirchnerismo en todas sus expresiones al fallo condenatorio de la vicepresidente, impulsado además por las propias críticas de la acusada, generaron un intento de descrédito sobre el trabajo de la justicia y intentaron minimizar la gravedad de la condena.

El gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales. En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte. El proyecto no había sido tratado en la Cámara de Diputados al momento de la redacción de este informe. El procurador general en funciones se encuentra en calidad de interino desde 2018, ya que el Senado no logra reunir la mayoría de dos tercios requerida para nombrar a una persona para ese cargo. En 2020, el Senado aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobierno para reducir la mayoría necesaria para designar a un procurador general, pero la Cámara de Diputados no había tratado el proyecto al momento de preparación de este informe. En 2015, la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de jueces permanentes, que provoca que los jueces subrogantes ocupen los cargos durante años, atenta contra la independencia judicial. A septiembre de 2022 había 257 puestos vacantes en la justicia federal y nacional. En abril, el Consejo de la Magistratura, que selecciona a los jueces para los tribunales federales y nacionales, cambió de estructura tras un fallo de la Corte Suprema del año 2021. La sentencia establece la incorporación del presidente de la Corte Suprema como presidente del órgano y adiciona representantes del Congreso, el Colegio de Abogados, el sector académico y los jueces. El gobierno de Fernández criticó la nueva estructura e instó al Congreso a que aprobara un proyecto de ley promovido por el oficialismo para modificarla. El proyecto fue aprobado por el Senado en el mes de abril, pero hasta octubre no se había tratado en la Cámara de Diputados.

Finalmente se refirió a los diferentes intentos del gobierno de modificar la estructura de la justicia, de buscar intervenir en el clave Consejo de la Magistratura.

Si bien, la preocupación manifestada por EEUU se refiere a la última gran polémica que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, está claro que la preocupación en general, sobre todo de organizaciones que estudian y analizan el cumplimiento del normal funcionamiento de la instituciones ya venía siendo observado.

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Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. ¿El próximo objetivo del gobierno contra la justicia?

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