Ecuador volvió a las urnas este 16 de noviembre de 2025 para decidir, mediante un referéndum y una consulta popular, un paquete de reformas impulsadas por el presidente Daniel Noboa en un contexto de violencia sin precedentes, debilitamiento institucional y expansión acelerada del crimen organizado. Las preguntas abordaban cuatro asuntos tan complejos que dan para numerosos papers y debates: permitir el regreso de bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a los partidos, reducir el número de legisladores y convocar una Asamblea Constituyente. En un país donde la percepción de inseguridad supera históricamente a la confianza en la política, el gobierno esperaba obtener una señal de respaldo plebiscitario. Sin embargo, el resultado fue inequívoco: la ciudadanía rechazó las cuatro iniciativas por amplios márgenes.
Más del 60% de los ecuatorianos votó “no” a permitir nuevamente la presencia de fuerzas militares extranjeras, una reforma que hubiese habilitado el regreso de Estados Unidos a la base de Manta, clausurada en 2009 tras la prohibición constitucional que impedía instalar o ceder bases militares a actores extranjeros. Tampoco prosperó la opción de reducir la Asamblea Nacional, eliminar el financiamiento estatal a los partidos o convocar un órgano constituyente para reemplazar la Constitución de Montecristi. El revés constituye la primera derrota electoral significativa del gobierno desde su reelección en abril, y expone la fragilidad del consenso político que Noboa imaginaba consolidar mediante la apelación a la agenda de seguridad.
Ecuador atraviesa una crisis multidimensional: Desabastecimiento crónico de medicamentos en el sistema público, inflación persistente y malestar social por la eliminación del subsidio al diésel, confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, y una escalada del narcotráfico que llevó la tasa de homicidios a casi 50 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.
No a las bases extranjeras
La propuesta de levantar la prohibición de bases extranjeras apuntaba, de manera implícita, a permitir el retorno de Estados Unidos a una instalación que durante una década funcionó como centro de vigilancia regional para operaciones antinarcóticos. Entre 1999 y 2009, la base alojó hasta 475 militares estadounidenses, con aeronaves AWACS y P-3 Orion que patrullaban una vasta franja del Pacífico oriental. Los defensores de su retorno destacaban los miles de millones de dólares en droga incautada y el impulso económico local; los detractores, en cambio, recordaban denuncias por abusos, muertes de pescadores, falta de transparencia y una sensación generalizada de intromisión que marcó el cierre definitivo ordenado por Rafael Correa en 2009.
image
El referéndum dejó en claro que, tal como en 2008, la soberanía se mantiene como principio rector. Y, aunque la cooperación militar con Estados Unidos ha crecido en los últimos años (incluyendo bombardeos a embarcaciones sospechosas en aguas del Pacífico y visitas de altos funcionarios como la secretaria de Seguridad Kristi Noem y el secretario de Estado Marco Rubio), los votantes se resistieron a ceder una porción del territorio nacional, aun bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico. Para un sector relevante de la población, la presencia estadounidense no implicaba garantías de seguridad, sino riesgos de escalamiento y pérdida de control interno.
Lo que dice el gobierno de Daniel Noboa
La narrativa oficial, centrada en combatir a los “narcoterroristas”, tampoco logró consolidarse como un mandato ciudadano. En Ecuador, el crimen organizado se ha vuelto más complejo, más violento y más imbricado con la política local. Pero las etiquetas importan, y su uso tiene implicancias jurídicas y estratégicas. En este sentido, distinguir actores resulta fundamental para comprender los límites y posibilidades de la política de seguridad.
Las bandas locales, a menudo vinculadas con carteles de México o Colombia, se comportan como narcos en su estructura económica, como terroristas en su despliegue de violencia mediática, y como paramilitares en el control de barrios, cárceles y costas estratégicas. Esa hibridez complejiza la acción estatal, y por ello la narrativa gubernamental buscaba legitimar un salto cualitativo en cooperación militar. Pero, según el resultado electoral, la población no estuvo dispuesta a ceder soberanía constitucional en nombre de una respuesta aún difusa.
Ecuador dominado por la agenda de seguridad
La tensión entre seguridad y democracia fue central durante toda la campaña. La consulta sobre una Asamblea Constituyente, rechazada por más del 61%, había generado alarma en sectores académicos y de la sociedad civil, que advirtieron sobre el riesgo de diluir los contrapesos institucionales y concentrar poder en el Ejecutivo. Noboa había acusado a la Corte Constitucional de bloquear sus políticas de seguridad y llegó a catalogarla como “enemiga del pueblo”. Para críticos, la reforma constitucional buscaba reconfigurar ese equilibrio, debilitando un órgano esencial para la separación de poderes. Para los defensores, en cambio, se trataba de actualizar una Constitución que, según señalan, limita la capacidad del Estado para atraer inversiones y actuar con mayor contundencia contra el crimen.
Mientras tanto, el escenario geopolítico enmarca cada una de estas discusiones. La presencia estadounidense en la región se ha reactivado bajo el argumento de combatir flujos transnacionales de narcotráfico. Washington considera a Ecuador un punto crítico para interrumpir rutas hacia Estados Unidos, y el propio presidente Donald Trump había respaldado públicamente la línea dura de Noboa. Tras el voto negativo, la relación bilateral deberá reacomodarse, especialmente porque la Casa Blanca veía en Manta un pilar para su estrategia regional de vigilancia marítima.
A nivel interno, el gobierno enfrenta el desafío de reorientar su agenda sin pasar por alto el mensaje de las urnas. La ciudadanía ecuatoriana expresó límites claros, y el gobierno deberá reinterpretarlos en un contexto donde el crimen organizado continúa escalando y donde la cooperación internacional será inevitable, pero no incondicional.
