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Derechos Humanos

Derechos Humanos en América Latina: situación crítica en Nicaragua, Cuba y Venezuela

Estos países son los mayores exponentes de la violación de Derechos Humanos en la región y la comunidad internacional es poco eficiente para frenar los abusos.

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4 de abril de 2022 - 17:31 Por Redacción El Archivo

Aunque han habido períodos más oscuros que otros, la llegada de la pandemia agravó una situación de por sí preocupante. La propagación del COVID-19 implicó un aumento en la violación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En este sentido, una gran cantidad de ciudadanos han visto vulnerados sus derechos a un trabajo decente o a una vivienda digna.

En un contexto de desigualdad sistémica, la pandemia supuso un desafío aún mayor para los Estados de la región a la hora de implementar las medidas de atención y contención necesarias para proteger a sus poblaciones respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En esta misma línea, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha remarcado que el virus afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables.

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Centroamérica: La represión de la oposición en el gobierno de Ortega

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega logró concentrar el poder en el Ejecutivo eliminando los límites que restringían el período presidencial en 2014. A su vez, en 2016 ordenó la destitución de los legisladores opositores. Más recientemente, el Gobierno nicaragüense excluyó a los partidos políticos de la oposición en vistas de las elecciones presidenciales celebradas en 2021. Habiendo asumido la presidencia en 2007, Ortega consiguió su cuarto mandato consecutivo en noviembre pasado. Este proceso electoral estuvo marcado por la persecución contra figuras políticas opositoras.

Esta ausencia de controles y contrapesos que limitan el margen de acción del Presidente permitió que en 2018 cientos de manifestantes fueran reprimidos, dejando un saldo decenas de víctimas fatales, miles de heridos y un gran número de detenidos por haber participado de las protestas. Desde abril de ese año, la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas independientes se ha intensificado. Asimismo, las autoridades expulsaron a distintas organizaciones internacionales que monitoreaban la situación de los derechos humanos en el país.

El último año, la policía nicaragüense detuvo arbitrariamente o sometió a desaparición forzada a incontables activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y otras figuras públicas críticas del gobierno. Entre estos últimos se destacan siete aspirantes a disputar la presidencia al propio Ortega. Durante los meses previos a los comicios, Ortega también hizo uso de los órganos legislativo y judicial para implementar prácticas represivas. Mientras tanto, cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos aguardaban -y aún aguardan- la impartición de justicia por los delitos cometidos por agentes del Estado.

El Caribe: en Cuba todo sigue igual después del 11 de julio

No es novedad que el gobierno cubano reprime y castiga prácticamente cualquier tipo de disenso o crítica pública. Tampoco es noticia que los cubanos siguen sumergidos en una profunda crisis económica que cercena sus derechos sociales y económicos.

En julio de 2021, miles de personas tomaron las calles de la isla para participar de una manifestación sin precedentes y reclamar por la escasez de insumos básicos y alimentos. Entre los reclamos también se incluyó una dura crítica contra la gestión de la pandemia por parte de La Habana. El gobierno cubano respondió con una represión atroz. Más de mil personas, principalmente manifestantes pacíficos, fueron detenidas. A su vez, las fuerzas de seguridad impidieron la participación y la difusión de información sobre las protestas. Críticos, artistas y periodistas independientes fueron detenidos o fueron obligados a permanecer en sus viviendas. Algunos de ellos incluso estuvieron incomunicados durante días o semanas.

Después de las manifestaciones de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias de ataques violentos contra los medios de comunicación y la detención de al menos una decena de periodistas por parte de la policía y grupos simpatizantes del gobierno castrista. En febrero y agosto del año pasado, el Ejecutivo cubano amplió el listado de actividades económicas privadas habilitadas, pero el periodismo independiente no fue incluido.

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Periodistas, blogueros, influencers, artistas y académicos que se atrevieron a publicar información considerada crítica frecuentemente han sido víctimas de violencia, campañas de desprestigio, impedimento para viajar, restricción del acceso a internet, allanamientos y detenciones arbitrarias. Por caso, en octubre pasado un grupo de disidentes estaba organizando una nueva protesta. Las autoridades declararon que la movilización era ilegal y la Fiscalía General de la República emitió un comunicado advirtiendo que cualquier persona que participara podía ser sometida a un proceso penal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias de ataques violentos contra los medios de comunicación y la detención de al menos una decena de periodistas por parte de la policía y grupos simpatizantes del gobierno castrista.

Sudamérica: Una investigación de la CPI complica a Venezuela

Desde su ascenso al poder tras la muerte de Hugo Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad perpetraron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, encarcelaron a opositores, juzgaron a civiles en tribunales militares, torturaron a detenidos y reprimieron a manifestantes. En medio de la pandemia, también se valieron del estado de excepción para incrementar su control sobre la población. En Venezuela la impunidad está garantizada en la medida en que en muchas ocasiones las autoridades del Poder Judicial participaron o fueron cómplices de los delitos cometidos.

El hostigamiento y la persecución penal a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país es una práctica frecuente. Sólo en 2021 se reportaron 743 ataques contra activistas defensores de los derechos humanos. Ello ha obstaculizado el acceso de millones de personas a una atención médica básica y a una nutrición adecuada, dejando al país en una situación sumamente desfavorable para hacer frente a la pandemia. Producto de esta realidad, casi 6 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. Se trata de la mayor crisis migratoria que haya atravesado América Latina.

En Venezuela la impunidad está garantizada en la medida en que en muchas ocasiones las autoridades del Poder Judicial participaron o fueron cómplices de los delitos cometidos.

En agosto, representantes del gobierno y de la oposición se reunieron en México. La ronda de negociaciones puso en discusión la posibilidad de contar con garantías electorales y derechos políticos, el respeto al Estado de derecho, el levantamiento de las sanciones y las alternativas para que la población pudiera acceder a ayuda humanitaria. Sin embargo, los funcionarios chavistas abandonaron el diálogo en octubre.

En este contexto, una Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas fue establecida para investigar la situación en el país sudamericano. Ésta identificó patrones de violaciones y crímenes son parte de un ataque sistemático y generalizado, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad. En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Pocas razones para ser optimistas

A pesar de la cantidad de reportes y denuncias de violaciones a los derechos humanos en estos países, no parece haber indicios de cambio. Las potencias occidentales no han ejercido presiones significativas para forzar un cambio de rumbo ni para exigir garantías mínimas para los ciudadanos de Latinoamérica. Las prioridades siempre yacen en otros puntos del globo. No obstante, los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela cuentan con el apoyo de la Rusia de Putin y su situación podría verse afectada una vez superado el conflicto en Ucrania. Si Moscú sale debilitado de la guerra, podría redirigir todos sus recursos hacia adentro para contrarrestar el impacto de las sanciones económicas que ya estrangulan su margen de maniobra. Si, en cambio, Rusia emerge fortalecido de la situación en Europa del Este, sus aliados latinoamericanos se encontrarán ante un escenario sumamente favorable en el que no habrá límites a su accionar y avance contra las disidencias.

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