9 de agosto de 2026 - 16:10 Por Sarai Avila Cuba volvió a quedar sumida en la oscuridad, marcando uno de los episodios de infraestructura más graves de la historia reciente del país. Durante los últimos siete días, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió al menos dos apagones generales en un lapso menor a veinticuatro horas, una falla en cadena que expone la obsolescencia de las plantas termoeléctricas y la imposibilidad del régimen para garantizar la demanda mínima del país. La crisis energética ya no se mide en cortes programados, sino en la ausencia total de suministro durante días completos. Hay provincias que han documentado más de cien horas acumuladas sin servicio en el transcurso de la última semana, un escenario que ha desarticulado cualquier atisbo de normalidad.
El impacto de este colapso trasciende la falta de iluminación. La interrupción del flujo eléctrico ha paralizado las estaciones de bombeo, dejando a millones de habitantes sin acceso a agua potable. La imposibilidad de refrigerar alimentos en medio del verano caribeño ha derivado en la pérdida masiva de las raciones subsidiadas y los escasos productos que los ciudadanos logran adquirir en el mercado negro o mediante remesas. A la crisis técnica se sumó el factor climático: las severas condiciones meteorológicas de los últimos días frenaron los intentos de reconexión eléctrica, impidiendo el despliegue seguro de las brigadas de la Unión Eléctrica (UNE) y retrasando la sincronización de las plantas operativas.
Desde el Palacio de la Revolución, la narrativa oficial no ha variado. Las autoridades cubanas han culpado de forma unánime al embargo estadounidense, argumentando que las sanciones bloquean el acceso al combustible necesario para operar las centrales flotantes y las termoeléctricas soviéticas, así como a las piezas de repuesto críticas. Sin embargo, la disfuncionalidad del sistema evidencia también décadas de desinversión estatal, en las que el gobierno priorizó la construcción de complejos hoteleros bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas en detrimento del mantenimiento de la infraestructura crítica civil. La situación, descrita por analistas y residentes como "insoportable", ha comenzado a encender alarmas de seguridad interna ante el riesgo inminente de estallidos sociales similares a los del 11 de julio de 2021.
La doctrina de asfixia: la hoja de ruta de Trump y Marco Rubio
Mientras La Habana lidia con el colapso interno, desde Washington se ha diseñado y puesto en marcha una arquitectura de presión sin precedentes, configurada para forzar un cambio de régimen. La estrategia de la administración de Donald Trump, con el senador y figura clave en la política exterior hacia Latinoamérica, Marco Rubio, operando como arquitecto ideológico, no busca concesiones ni negociaciones graduales, sino el estrangulamiento definitivo de las vías de financiamiento de la nomenclatura cubana. Las directivas de la Casa Blanca han sepultado cualquier vestigio del deshielo que alguna vez existió, apostando por una campaña de máxima presión que combina diplomacia coercitiva, sanciones económicas y operaciones encubiertas.
Los reportes recientes confirman que la estrategia de Rubio y Trump se basa en aprovechar el momento de mayor vulnerabilidad de la isla. Mientras públicamente se anuncian medidas de línea dura, fuentes en Washington revelaron la existencia de conversaciones secretas con aliados regionales para acorralar diplomáticamente al gobierno de Miguel Díaz-Canel. El plan es claro: cortar el oxígeno financiero, asilar a la isla de sus proveedores energéticos internacionales y fomentar el descontento interno. "No hay espacio para la coexistencia con un modelo que parasita a su población y desestabiliza la región", fue la premisa que ha guiado los memorandos del Departamento de Estado en los últimos días. La política estadounidense ha dejado de tratar a Cuba como un residuo de la Guerra Fría para abordarla como un objetivo inmediato de desarticulación política.
En esta línea, una de las maniobras más controversiales de la semana involucra la política migratoria. Tras las presiones de Washington y en un intento por desincentivar el éxodo masivo a través de la frontera sur o el Estrecho de Florida, la administración estadounidense planea triangular la crisis de los refugiados. Documentos filtrados indican que Estados Unidos negocia el envío de deportados cubanos hacia Uruguay, un movimiento que busca eludir la negativa de La Habana a aceptar vuelos de repatriación y, al mismo tiempo, delegar la carga humanitaria en terceros países aliados. Esta tercerización migratoria refleja la determinación de la Casa Blanca de cerrar todas las válvulas de escape al régimen.
El cerco financiero: GAESA, Cuba-Petróleo y el objetivo militar
El brazo ejecutor de la estrategia estadounidense se ha materializado esta semana en una batería de sanciones quirúrgicas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. El objetivo primario no es el gobierno civil, sino la verdadera estructura de poder en la isla: el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que controla más del 70% de la economía cubana, desde supermercados y gasolineras hasta puertos y hoteles de lujo.
En los últimos días, Estados Unidos oficializó sanciones contra ocho altos mandos militares y cinco entidades corporativas directamente vinculadas a la represión interna y la cooperación militar internacional. Entre las penalidades más severas destaca la inclusión en las listas negras de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la empresa estatal encargada de la importación, refinación y distribución de hidrocarburos. Sancionar a CUPET implica criminalizar cualquier transacción financiera internacional que involucre a la empresa, ahuyentando a los navieros y aseguradoras que transportan crudo desde Venezuela o Rusia. Al bloquear la logística de CUPET, Washington ataca la base misma del Sistema Eléctrico Nacional, calculando que la falta de combustible acelerará el colapso operativo del país y, con ello, la ingobernabilidad.
Esta estructura de sanciones está diseñada para ser hermética. La inteligencia financiera estadounidense ha rastreado las empresas fantasma que GAESA utiliza en Panamá, Liechtenstein y otros paraísos fiscales para lavar los ingresos del turismo y evadir el embargo. Al congelar los activos y prohibir a cualquier entidad internacional con intereses en Estados Unidos operar con estas filiales, la administración norteamericana busca asfixiar el capital de los generales, impidiendo que los altos mandos puedan sostener el aparato de seguridad del Estado.
Inteligencia y terreno: el refuerzo de la CIA y la presión interna
La guerra económica y diplomática se ha complementado con un agresivo retorno a las operaciones de terreno. Según múltiples reportes periodísticos, Estados Unidos ha redoblado su presencia de inteligencia en la isla y sus alrededores. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha incrementado su plantilla de agentes y analistas enfocados exclusivamente en Cuba, con el mandato explícito de monitorear la fragilidad de las instituciones estatales, identificar fisuras en la cadena de mando de las FAR y del Ministerio del Interior (MININT), y evaluar las capacidades logísticas del régimen ante un escenario de protesta masiva y generalizada.
El refuerzo del espionaje estadounidense no es un secreto bien guardado, sino una señal disuasoria. Washington busca capitalizar la indignación civil por los apagones y la escasez, apostando a que el desgaste diario fracture la lealtad de los mandos medios militares. La infiltración de información, la penetración de las redes de comunicación del Estado y el apoyo logístico a actores disidentes y periodistas independientes forman parte de una doctrina que entiende que el régimen de La Habana es hoy más susceptible a la implosión interna que a una invasión externa. La presencia de la CIA también tiene como objetivo neutralizar la influencia de potencias extranjeras, monitoreando de cerca las estaciones de escucha de China y la cooperación técnica de Rusia en suelo cubano.
La diplomacia de la crisis: la intervención de Naciones Unidas
Ante la aceleración de la crisis estructural en la isla y la implacabilidad de las sanciones, el tablero diplomático ha encontrado su principal campo de batalla en la sede de Naciones Unidas. A lo largo de la semana, relatores independientes y altos comisionados de la ONU han emitido duras declaraciones en defensa de la población cubana, advirtiendo sobre una catástrofe humanitaria inminente. Desde los foros de Ginebra y Nueva York, los funcionarios han señalado que, si bien la gestión interna del gobierno cubano presenta fallas estructurales evidentes, la política de máxima presión de Estados Unidos constituye una violación sistemática de los derechos humanos al privar a millones de civiles de servicios esenciales.
Las intervenciones de la ONU han buscado despolitizar el sufrimiento ciudadano, apuntando directamente a los efectos secundarios del cerco financiero. Documentos presentados ante la Asamblea General subrayan que el bloqueo a las navieras y la sanción a entidades energéticas como CUPET impiden la llegada no solo de petróleo, sino de medicamentos básicos e insumos potabilizadores de agua. Se ha llegado a comparar la situación de asilamiento y asfixia estructural con otras crisis humanitarias críticas, denunciando que las medidas unilaterales de Washington, aunque teóricamente dirigidas a la cúpula militar, en la práctica operan como un castigo colectivo sobre once millones de habitantes.
El gobierno cubano ha utilizado estos pronunciamientos de la ONU para atrincherarse en su rol de víctima geopolítica. En cada intervención diplomática, La Habana instrumentaliza los informes de Naciones Unidas para desviar la atención de sus propias responsabilidades administrativas, como la nula inversión en infraestructura y la represión a la disidencia. Sin embargo, en los pasillos de la diplomacia internacional, el escepticismo es bidireccional: se condena enérgicamente el embargo y las tácticas de asfixia del eje Trump-Rubio, pero también se reconoce por lo bajo que el modelo centralizado cubano es económica y operativamente inviable, un sistema sostenido únicamente por su aparato policial que hoy, literalmente, se ha quedado sin energía.
