8 de septiembre de 2025 - 18:31 Por Sarai Avila Brasilia permanece blindada. La Plaza de los Tres Poderes fue vallada y patrullada por drones, perros detectores de explosivos y un despliegue de seguridad pocas veces visto. En ese escenario comenzó el juicio más trascendental de la democracia brasileña: Jair Bolsonaro, expresidente y figura central de la derecha continental, sentado, aunque a distancia, en el banquillo de los acusados por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2022. Nunca un exmandatario ni generales de cuatro estrellas habían sido procesados penalmente por un intento de golpe de Estado en Brasil. El país entero, y buena parte del continente, contiene la respiración.
Según la Procuraduría General de la República, Bolsonaro encabezó desde 2021 una “organización criminal estructurada” para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Los fiscales sostienen que la trama combinó la siembra de dudas sobre el sistema de urnas electrónicas, la difusión masiva de noticias falsas, la presión a los comandantes militares y hasta planes de magnicidio contra Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, relator del caso. El intento culminó el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores bolsonaristas irrumpieron en el Congreso, la Presidencia y el propio Supremo Tribunal Federal, en imágenes que evocaron el asalto al Capitolio estadounidense de 2021.
Bolsonaro, complicado
Los cargos contra Bolsonaro y sus siete coacusados son cinco: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, conspiración para un golpe, pertenencia a organización criminal armada, daños al patrimonio público y deterioro de bienes catalogados. La suma máxima alcanza los 43 años de prisión. El testimonio del exedecán Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de colaboración judicial, resultó clave: sus mensajes, documentos y borradores de decretos golpistas dieron forma a la acusación. “El grupo liderado por Bolsonaro desarrolló un plan progresivo y sistemático de ataques a las instituciones democráticas”, afirmó el fiscal general Paulo Gonet, convencido de que las pruebas son “abrumadoras”.
La primera jornada del juicio dejó una escena que marcará los anales judiciales: Alexandre de Moraes, convertido en el némesis de Bolsonaro, abrió la audiencia con una frase contundente. “Se intentó instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”, dijo mirando a cámara, en un país donde las deliberaciones del Supremo se transmiten en vivo. Y añadió: “La impunidad no puede confundirse con pacificación”. Palabras que resonaron en todo Brasil, un país donde la memoria de la dictadura de 1964 aún late como advertencia.
Bolsonaro, de 70 años, no estuvo en la sala. Cumple arresto domiciliario en su residencia de Brasilia, con tobillera electrónica, prohibición de usar redes sociales y vigilancia permanente. Alegando problemas de salud —secuela del atentado con cuchillo que sufrió en 2018—, evitó asistir. Aun así, salió brevemente al portón de su casa y levantó el pulgar, gesto que sus seguidores interpretaron como un mensaje de resistencia. Sus abogados repiten el mismo libreto: denuncian persecución política, aseguran que “no hay una sola prueba” contra él y sostienen que el juicio busca sepultar sus aspiraciones de volver al poder. El propio Bolsonaro, en una declaración previa, minimizó su rol: “Sin líder, sin Fuerzas Armadas y sin apoyo financiero, no hay golpe”.
Impacto geopolítico
El proceso, sin embargo, trasciende a las fronteras de Brasil. Donald Trump, aliado político del expresidente, lo calificó como “una caza de brujas” e impuso un arancel del 50% a las importaciones brasileñas, además de sancionar a jueces del Supremo, incluido De Moraes. “La soberanía nacional no será negociada”, replicó el magistrado, subrayando la independencia judicial como principio inquebrantable. Las tensiones con Washington, paradójicamente, reforzaron la dimensión global del caso: dos ultraderechistas derrotados en las urnas, dos intentos de golpe y una misma narrativa de fraude electoral.
El calendario del Supremo prevé cinco audiencias entre el 2 y el 12 de septiembre. Después de la lectura del informe y los alegatos de la fiscalía, llegó el turno de las defensas, incluida la del propio Bolsonaro. Luego comenzará la votación de los cinco jueces de la Primera Sala. La condena requiere al menos tres votos, y si el fallo es 4 a 1 o unánime no habrá apelación posible. La pena sería de cumplimiento inmediato, salvo que algún magistrado pida un plazo de 90 días para revisar el caso, algo improbable.
Brasil se juego su futuro político
Las consecuencias políticas ya se sienten. Aunque el Tribunal Electoral inhabilitó a Bolsonaro hasta 2030, su figura sigue siendo el faro de la derecha brasileña. Gobernadores con ambiciones presidenciales para 2026, como Tarcísio de Freitas y Ronaldo Caiado, han prometido un eventual indulto si llegan al poder. Al mismo tiempo, crece la disputa dentro del propio clan Bolsonaro: Eduardo, su hijo, hace lobby en Estados Unidos y confronta a su padre por posibles alianzas con otros dirigentes conservadores. La derecha se reorganiza en torno a un líder que podría acabar tras las rejas.
El juicio no solo definirá el destino personal de Bolsonaro. Más de 1.200 personas ya fueron condenadas por participar en la invasión de enero de 2023, pero ahora es la élite política y militar la que debe rendir cuentas. Como explicó el constitucionalista Rubens Glezer, “este proceso no es solo sobre Bolsonaro, es un test para las democracias de la región: demuestra si es posible responsabilizar a los líderes autoritarios que buscan romper el orden institucional desde adentro”.
Tenso clima
El 7 de septiembre, Día de la Independencia, coincidió con las deliberaciones. Lula encabezó el desfile oficial en Brasilia mientras los bolsonaristas preparan movilizaciones en todo el país. El clima es tenso, la memoria reciente del caos está fresca y el riesgo de disturbios es real. El desenlace, previsto para el 12, marcará un hito histórico: la decisión de cinco jueces sobre un expresidente que quiso permanecer en el poder a cualquier costo. El futuro político de Bolsonaro, y en buena medida la fortaleza de la democracia brasileña, se definen ahora, a la vista de todo el mundo.
