Alex Saab acordó cooperar con la justicia federal estadounidense y entregar 195 millones de dólares tras admitir su responsabilidad penal.
El 15 de septiembre de 2026, Alex Saab Morán (54 años) compareció ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en la ciudad de Miami, y modificó su declaración inicial para declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El acto procesal se llevó a cabo frente a la jueza de distrito Kathleen Williams y clausura uno de los expedientes más extensos sobre la arquitectura financiera externa del Estado venezolano.
En virtud de un acuerdo de culpabilidad (plea agreement) de 12 páginas negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab admitió haber estructurado una red transnacional de lavado de capitales y pago de sobornos vinculada a la obtención de contratos estatales. El documento judicial estipula que el acusado acepta cooperar plenamente con las investigaciones federales en curso. A cambio, la fiscalía retiró los cargos adicionales y acordó recomendar una sentencia en el extremo inferior de las pautas penales, supeditada a la utilidad probatoria de la información que Saab provea contra otros co-conspiradores. En la formulación de cargos se menciona específicamente a un individuo identificado como "Funcionario Gubernamental 1A", quien designaba intermediarios para la recepción de los sobornos.
La pena estatutaria máxima por el delito imputado es de 20 años de prisión. Adicionalmente, el entendimiento obliga al empresario a renunciar a 195 millones de dólares derivados directamente de la actividad criminal, otorgándole un plazo perentorio de 14 días para transparentar y entregar la totalidad de los activos financieros vinculados al ilícito. Durante la audiencia de aceptación de cargos, Saab dejó constancia en el registro de la corte que padece trastorno de estrés postraumático producto de su primer arresto en 2020 y que se encuentra bajo medicación diaria con antidepresivos (Zoloft).
Para dimensionar el volumen de la operatoria, el expediente reconstruye el origen del contratista. Nacido en 1971 en Barranquilla, Colombia, en una familia de ascendencia libanesa, Saab inició su trayectoria en el sector privado comercializando artículos promocionales, uniformes y toallas. Sus primeras empresas enfrentaron severos embargos y problemas de liquidez, escenario que se revirtió a partir de su vinculación con la política gubernamental venezolana.
Las auditorías federales ubican el punto de inflexión patrimonial en noviembre de 2011. A través del Fondo Global de Construcción, Saab suscribió un contrato por 685 millones de dólares con el Estado venezolano para la provisión de viviendas prefabricadas, un acuerdo formalizado en el Palacio de Miraflores. El modelo de negocios inicial se sostuvo sobre la explotación del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) y del control de cambio venezolano (CADIVI).
Las pericias determinaron que las empresas vinculadas a Saab presentaban facturas por exportaciones de materiales desde Ecuador que nunca se ejecutaron o que exhibían sobreprecios documentados de hasta el 300%. Los fondos recibidos en bolívares a una tasa de cambio preferencial eran convertidos inmediatamente a dólares y transferidos a cuentas corresponsales en el exterior. Mediante este primer esquema, se canalizaron aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela, garantizando la fluidez de las aprobaciones aduaneras a través del pago sistemático de sobornos a funcionarios del Banco Central y de los ministerios económicos.
La consolidación de Saab como contratista cuasi-estatal ocurrió a partir de 2016, en el contexto de la contracción económica y el desabastecimiento en Venezuela. El gobierno implementó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema estatal de importación, subsidio y distribución de cajas de alimentos. Sin procesos de licitación pública, Saab y su socio colombiano, Álvaro Pulido Vargas, obtuvieron el control mayoritario sobre la importación de estos insumos.
La estructura corporativa se diversificó para eludir auditorías internacionales. Las operaciones logísticas se triangularon mediante empresas fachada como Group Grand Limited, radicada en Hong Kong, y posteriormente Mulberry Proje Yatirim, con sede en Turquía. El sistema operaba comprando alimentos de baja calidad nutricional en México —principalmente leche en polvo, pasta y aceite— para facturarlos al Estado venezolano con márgenes de ganancia masivos.
Los registros presentados por la fiscalía federal probaron que los sobornos pagados para asegurar estos contratos permitieron que los fondos estatales se blanquearan a través de la banca corresponsal en Estados Unidos, Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Para enmascarar los movimientos de capital, la red utilizó de manera sistemática facturas de transporte marítimo falsificadas y registros aduaneros adulterados.
El rastreo financiero internacional derivó en acciones ejecutivas en julio de 2019, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Saab, a Pulido y a una red de 13 empresas satélites en la lista de Nacionales Designados Especialmente (SDN). El gobierno estadounidense lo catalogó en sus comunicados oficiales como el principal "testaferro" encargado de la ingeniería financiera gubernamental.
Al quedar excluido y bloqueado del sistema financiero occidental, el rol de Saab mutó de importador a operador logístico para la evasión de las sanciones sectoriales. Cuando el Banco Central de Venezuela perdió la capacidad de operar con divisas internacionales, los pagos a la red de Saab comenzaron a efectuarse directamente con recursos naturales del Estado. El empresario diagramó rutas alternativas para extraer oro no monetario e hidrocarburos, intercambiándolos en los mercados de Turquía e Irán a cambio de euros en efectivo, combustible refinado y bienes de consumo básico.
La desclasificación de anexos judiciales expuso un capítulo de inteligencia previo a la formulación de los cargos formales. Entre agosto de 2018 y abril de 2019, Saab mantuvo una serie de reuniones presenciales y confidenciales con agentes especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del FBI en Bogotá y en diversas capitales europeas.
En dichos encuentros, el financista firmó un acuerdo preliminar como fuente cooperante activa. Reconoció formalmente haber pagado sobornos a la dirigencia venezolana y transfirió más de 12 millones de dólares a cuentas controladas por el gobierno estadounidense como reconocimiento de la procedencia ilícita de sus ganancias. Sin embargo, el pacto colapsó en mayo de 2019 cuando Saab incumplió el plazo límite que se le había fijado para presentarse ante las autoridades en Florida. La ruptura del canal de cooperación forzó la publicación de la primera acusación (indictment) y la posterior emisión de una circular roja de Interpol.
La captura se materializó el 12 de junio de 2020, cuando el avión privado en el que Saab se dirigía a Irán fue interceptado durante una escala técnica en la Isla de Sal, en Cabo Verde. El arresto desencadenó un litigio internacional de 16 meses. El gobierno de Caracas argumentó que Saab poseía estatus diplomático como "Enviado Especial" y exigió el respeto a la inmunidad garantizada por la Convención de Viena. A pesar de obtener sentencias favorables en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), el Tribunal Supremo de Cabo Verde priorizó la orden de Interpol y autorizó su extradición a Estados Unidos, la cual se ejecutó en octubre de 2021.
Ese primer proceso en Florida quedó trunco debido a negociaciones de política exterior. En diciembre de 2023, el presidente Joe Biden otorgó a Saab un indulto presidencial (clemency), liberándolo de la custodia federal. La decisión formó parte de un intercambio geopolítico que aseguró la liberación de diez ciudadanos estadounidenses prisioneros en Venezuela y buscaba sentar las bases para un acuerdo de elecciones libres con la administración de Maduro. A su retorno a Caracas, Saab fue asimilado orgánicamente al gabinete nacional y designado Ministro de Industria y Producción Nacional, cargo que ejerció hasta el colapso del gobierno.
La viabilidad operativa de Saab en el país se extinguió en enero de 2026, mes en el que fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una incursión en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro. El exmandatario fue trasladado a Nueva York, donde espera un juicio federal por narcoterrorismo.
La intervención extranjera y la reconfiguración del poder local dejaron a Saab expuesto. Delcy Rodríguez, al asumir la presidencia interina frente a la crisis institucional, ejecutó una purga del gabinete. Como maniobra de acercamiento hacia Washington para negociar el levantamiento de sanciones petroleras, la nueva administración destituyó a Saab en enero y procedió a deportarlo de manera unilateral hacia Estados Unidos en mayo de 2026.
Este retorno forzado habilitó a la fiscalía a activar un nuevo expediente. Los fiscales argumentaron que los cargos presentados por lavado de activos se circunscriben a delitos y contratos que no estaban contemplados en el texto del indulto limitado emitido en 2023, lo que permitió procesarlo nuevamente sin infringir la garantía constitucional de doble enjuiciamiento (double jeopardy).
La firma definitiva del memorando de culpabilidad generó respuestas inmediatas en las cúpulas de las fuerzas de seguridad e inteligencia. El director del FBI, Kash Patel, enmarcó la resolución del caso en un comunicado oficial: “Los criminales como Alex Saab, que robaron al pueblo de Venezuela y trabajaron para explotar y hacer un mal uso de las instituciones financieras estadounidenses para financiar actividades ilícitas, tendrán que rendir cuentas ante este FBI”.
En paralelo, la oficina del fiscal federal a cargo del caso destacó el nivel de sofisticación del ocultamiento financiero, subrayando la utilización de sociedades de fachada (shell companies) diseminadas en jurisdicciones de alta opacidad como Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Suiza y las Islas Marshall.
El impacto procesal de esta declaración de culpabilidad trasciende el plano del decomiso patrimonial. Al ingresar en la fase de cooperación bajo juramento, Saab se consolida como el informante de mayor valor táctico captado por la justicia estadounidense en la última década. El testimonio documentado sobre la ingeniería de los contratos de PDVSA, la ruta de los sobreprecios del programa CLAP y las identidades detrás de las cuentas fiduciarias será empleado directamente por la fiscalía en el juicio contra Nicolás Maduro, proyectado para iniciar el 1 de junio de 2027. La condena definitiva de Saab permanecerá en suspenso y dependerá estrictamente de la precisión, calidad y contundencia del material probatorio que aporte para sostener las acusaciones contra la cúpula que previamente lo protegió.