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El mundo, espiado

Pegasus: de combatir el crimen a violar derechos humanos.

Pegasus, originalmente desarrollada para combatir el crimen organizado y el terrorismo, se convirtió en un arma para perseguir y espiar a opositores.

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27 de mayo de 2022 - 18:17 Por Damian Szvalb

En julio de 2021, Amnistía Internacional y un grupo de medios de comunicación, en el marco del denominado Proyecto Pegasus y bajo el paraguas del consorcio de periodismo de investigación Forbidden Stories, reveló que el software “Pegasus” estaba siendo utilizado para violar derechos humanos al espiar a funcionarios y diplomáticos de distintos gobiernos, periodistas, activistas, empresarios, y académicos.

En noviembre de ese mismo año, el Gobierno de los Estados Unidos incluyó a NSO y Candiru (otra empresa desarrolladora de sistemas de ciberinteligencia) en su lista negra. De acuerdo con la Secretaría de Comercio, estas compañías realizan actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior estadounidenses. La decisión se debió a que ambas entidades desarrollan y proveen de sistemas de espionaje a gobiernos extranjeros.

Arabia Saudita, Hungría, India, Marruecos y México figuran entre los clientes del grupo israelí NSO. En tanto, un software de Candiru fue utilizado para hackear a Microsoft, de acuerdo con el informe conjunto de la firma de Bill Gates y el laboratorio de la Universidad de Toronto, Citizen Lab.

A comienzos de 2022 se dieron a conocer los resultados de las investigaciones preliminares ordenadas por países como España, Francia y el Reino Unido, entre otros. Madrid anunció que tanto los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez como el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron intervenidos utilizando el programa de origen israelí. En Francia, el propio presidente Emmanuel Macron, algunos de sus ministros y sus respectivos equipos habrían sido objeto de un ataque masivo en 2019. Al otro lado del canal de la Mancha, los servicios de seguridad británicos investigaron un gran número de celulares afectados pertenecientes al staff de las oficinas del primer ministro Boris Johnson. Aparentemente, en el Gobierno del Reino Unido sólo habrían sido víctimas de un hackeo los teléfonos de cinco funcionarios de la oficina de Asuntos Exteriores.

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En varios países europeos, organizaciones de derechos humanos denunciaron espionaje a jefes de estado, opositores, periodistas y activistas sociales.

En varios países europeos, organizaciones de derechos humanos denunciaron espionaje a jefes de estado, opositores, periodistas y activistas sociales.

Nuevas revelaciones

Este año, se publicó un nuevo informe que concluye que Pegasus está siendo utilizado por más de 45 países. Este y otros programas similares permiten obtener acceso a todos los contenidos de los teléfonos móviles de las víctimas a través de fallas en los sistemas operativos y softwares de los dispositivos. En general, el programa funciona a partir del envío de mensajes de texto con información falsa y enlaces a medios de comunicación para atraer al usuario. Al clickear el link se garantiza acceso a Pegasus.

La evidencia indica que alrededor de 50.000 dispositivos han sido hackeados. Entre las víctimas hay 65 empresarios, 85 activistas, 189 periodistas y más de 600 políticos, jefes de Estado, primeros ministros y funcionarios de gobierno. Según los resultados de la investigación, miembros de the Wall Street Journal, the Financial Times, CNN, the New York Times, Al Jazeera, France 24, Mediapart, El País, Radio Free Europe, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, AFP, the Economist, Reuters y Voice of America fueron objeto de hackeo.

Las repercusiones en Europa

En Bruselas la preocupación por Pegasus se asocia al temor de que la propagación del programa desestabilice la democracia en los países que integran el bloque comunitario. En consonancia con ello, en marzo pasado el órgano legislativo de la Unión Europea (UE) estableció una comisión investigadora que llevará adelante una pesquisa sobre la utilización del programa que técnicamente sólo puede ser vendido a entidades gubernamentales. Durante un período de 12 meses se investigará el alcance de la mala administración de la herramienta y la posible violación a las normas que rigen al interior del bloque. En particular se busca analizar si al utilizar Pegasus alguno de los países incurrió en violaciones a los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la UE.

En paralelo, el Parlamento europeo realizó chequeos a los teléfonos de todos los eurodiputados que integran la asamblea. La revisión liderada por los servicios informáticos de la Eurocámara se activó luego de que el diputado de origen catalán, Carles Puigdemont, denunció que había sido víctima de espionaje junto a otros 60 políticos y activistas involucrados en el proceso independentista de Cataluña que comenzó en 2012.

Respecto de los compradores de Pegasus, durante el año pasado el Gobierno alemán confirmó ante una comisión parlamentaria que la policía federal contaba con acceso al sistema en casos puntuales. Asimismo, la Oficina Central Anticorrupción de Polonia adquirió la herramienta con fondos del ministerio de Justicia hace ya cinco años. Incluso en Israel Pegasus ha sido implementado para controlar a los miembros de la oposición, antiguos empleados públicos y activistas durante el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Por último, aunque no hay confirmación oficial, es muy probable que el Gobierno de Viktor Orbán, en Hungría, también haya comprado el sistema de espionaje.

La región

Los países de América latina no han logrado ser la excepción. Entre 2016 y 2017 se reveló que los gobiernos de Panamá y México estaban implementando el software de origen israelí para espiar a figuras políticas, legisladores y periodistas así como también defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción.

Por otra parte, a comienzos de este año se conoció que al menos una treintena de periodistas y otros ciudadanos fueron hackeados en El Salvador entre mediados de 2020 y fines de 2021. Los empleados de distintos medios de comunicación que reportaban sobre el gobierno de Nayib Bukele como El Faro, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, entre otros, fueron atacados. Asimismo, integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales también fueron perseguidos.

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