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Derechos humanos

Los peores alumnos en libertad de expresión de Latinoamérica

En términos de libertad de expresión, el mejor entre los peores es Nicaragua. El 16% del puntaje es evidencia del ejercicio de la profesión en un marco de violencia y desprotección estatal.

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8 de abril de 2022 - 20:21 Por Redacción El Archivo

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. El debate por el ejercicio de la libertad de expresión es permanente en todo el mundo. A veces las regiones geográficas, otras los gobiernos, otras la religión, y muchas otras todo juntos, atentan contra el libre ejercicio del derecho reconocido en este artículo.

Como si fuera poco, llegó la pandemia. Durante los últimos años, a las amenazas habituales, la libertad de expresión debió sumar la del Covid-19: las restricciones de movilidad impactaron de manera concreta en el ejercicio de la libertad de expresión, tanto de medios de comunicación como de la sociedad en general. Las amenazas se agravaron y aquellas situaciones que eran saludables encontraron un obstáculo inesperado.

La situación en América latina y el Caribe

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa es una referencia para analizar cómo está la región en materia de respeto de la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a otros actores, a partir del aporte de periodistas y referentes en la materia, ofrece información sobre más de veinte países de la región. Su último informe, que analiza el período 2019-2020, nos permite tener un pantallazo sobre el accionar de los distintos estados respecto a la libertad de expresión de sus sociedades.

El índice es construido a partir de cuatro dimensiones: el flujo de información de los medios hacia la ciudadanía y la libertad que el estado brinda a ésta para expresar sus opiniones; las garantías estatales del ejercicio libre del periodismo; la más relevante, el nivel de protección que el Estado provee a periodistas a través de sus instituciones; el grado de control directo e indirecto que el Estado ejerce sobre los medios de comunicación.

Ninguno de los países de la región incluidos en el índice logró llegar a la categoría “Libertad de Expresión Plena”, el ideal, para lo cual se requiere obtener un promedio entre las cuatro dimensiones igual o mayor al 80% del puntaje ofrecido. El promedio de la región se ubica apenas por encima del 50% (51,42%), lo que demuestra que, a nivel general, existe una libertad de expresión y de prensa parcial. La dimensión que más alarmas enciende en la región es el nivel de protección que el Estado ofrece a quienes ejercen el periodismo, la más importante. En promedio, la región solo obtuvo poco más del 30% del puntaje disponible. Es decir, si la protección total del estado recibe un puntaje de 10, en la región ese nivel de protección es 3. En otras palabras, el nivel de desprotección es preocupante. El Estado no solo no garantiza la seguridad para el ejercicio de la profesión, sino que además muchas veces es responsable de la situación de inseguridad. Las otras tres dimensiones presentan valores más auspiciosos: la ciudadanía está informada en un 50% del ideal, el ejercicio del periodismo se realiza de manera libre en un 67%, y el grado de control alcanza 73% (siendo 100% el ideal).

Los peores alumnos

El mejor entre los peores es Nicaragua. El 16% del puntaje obtenido es evidencia del ejercicio de la profesión en un marco de violencia y desprotección por parte del Estado. Los pocos medios independientes pierden todo tipo de difusión a manos de la gran cantidad de medios afines al gobierno de los Ortega-Murillo.

Durante el periodo electoral 2021, el régimen llegó a encarcelar a cerca de 40 periodistas (además de a todos los candidatos de la oposición) y ejerció persecución sobre el diario La Prensa y otros medios a través de distintos organismos estatales. Pero para entender cabalmente por qué Nicaragua es parte del anti-top 3, basta con la principal conclusión de un reciente informe de la organización local Voces del Sur: solo durante enero de este año, se registraron 114 ataques a la libertad de expresión, con el Estado como principal victimario. Violencia física, restricciones al acceso a la información y a internet, abusos de poder, criminalización del ejercicio del periodismo, cierre de medios, encarcelamiento de periodistas. Es decir, un menú completo, perpetrado por el gobierno recientemente reelecto, que nació defendiendo justamente los valores que hoy ataca. No en vano la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han condenado el ejercicio del periodismo en el país.

En la tabla descendente, a Nicaragua lo sigue Cuba, con 6% del puntaje ideal. No sorprende. Un régimen dictatorial desde hace seis décadas difícilmente pudo haber creado un ámbito propicio para ejercer la libertad de expresión en condiciones ideales. Ataque al periodismo independiente y control sobre las manifestaciones de la sociedad son las dos caras de la misma moneda, y completan un panorama en el que el periodismo libre no existe y la sociedad, entonces, no puede acceder a información independiente.

Las protestas de julio de 2021, con sus repeticiones posteriores, probablemente hayan marcado un antes y un después en la historia de Cuba. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el régimen castrista, hoy liderado por Miguel Díaz-Canel. Las manifestaciones dieron lugar a numerosas muestras del accionar represivo del gobierno y, por supuesto, la prensa no fue la excepción. Para controlar la difusión de los episodios de julio, el gobierno emitió una nueva normativa, el Decreto-Ley 35, mediante el cual se penaliza la difusión de contenidos "contrarios a los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado" o que "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público". Asimismo, se condena la difusión de noticias consideradas falsas y toda aquella que “afecte el prestigio del país". La falta de definiciones concretas de la normativa ofreció un amplio espacio para la discrecionalidad del régimen para evaluar las acciones de la prensa y, eventualmente, condenar con hasta 20 años de cárcel, bajo la sospecha de terrorismo, sedición o rebelión contra el orden público.

El accionar del gobierno, que incluyó el retiro de credenciales a periodistas e incluso la detención de algunos, le valió el rechazo formal de distintas organizaciones internacionales, como la Unión Europea y la Sociedad Interamericana de Prensa.

Como no podía ser de otra manera, el peor alumno de la clase es la Venezuela de Maduro. Según el índice, el 3,8% del total del puntaje posible según el índice, está conformado por violencia institucional, tortura, desapariciones forzadas, cierre de medios, todo a cargo del gobierno. Las pocas expresiones independientes que sobreviven a esta situación solo alcanzan una limitada difusión en redes sociales.

Desde hace mucho tiempo, los medios de comunicación y sus trabajadores se convirtieron en el blanco preferido de Maduro, sufriendo detenciones, campañas de estigmatización y operativos de fiscalización por parte de las autoridades gubernamentales. Así lo señala Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien no dudó en asegurar que en Venezuela existen serias restricciones a la libertad de expresión, a partir de las cuales “los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública”. Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el accionar del gobierno de Maduro no se limita al amedrentamiento: basándose en la organización local de derechos humanos Provea, informaron que solo en los primeros 8 meses de la pandemia fueron detenidos 66 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, justificándose en el estado de emergencia provocado por la crisis sanitaria desatada por el Covid-19 en todo el mundo.

Por supuesto, el accionar sobre la prensa tiene su correlación en el nivel de información fidedigna que recibe la sociedad. Todo contribuye a justificar la posición de Venezuela en el Índice de Chapultepec. Según un informe de la organización Un Mundo sin Mordaza, el 93% de la sociedad civil en Venezuela considera que no se puede ejercer plenamente la libertad de expresión y el 26% manifiesta que nunca se ha sentido seguro al expresar su opinión o difundir información. Contundente. El informe agrega que el temor de la ciudadanía a sufrir agresiones, hostigamientos e incluso asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad disparó un fenómeno preocupante: la autocensura. Los venezolanos aseguran que prefieren no manifestar lo que piensan públicamente, a correr peligro por hacerlo.

No podía ser de otra manera

Poco cuestionable parece ser que Nicaragua, Venezuela y Cuba son regímenes autoritarios o actúan como tales (aunque en sus constituciones algunos se definan como repúblicas democráticas). El encarcelamiento de opositores, ejecuciones extra judiciales, desapariciones forzadas y la comisión de otros delitos de lesa humanidad, jamás pueden convivir con las manifestaciones sociales y la prensa independiente.

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