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Un año sin homicidios en El Salvador

Nayib Bukele: una estrategia tan exitosa como polémica

La estrategia de Nayib Bukele parece ser un éxito. Pero su gestión en materia en seguridad incluye graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.

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17 de mayo de 2023 - 10:38 Por Sarai Avila

El pasado 10 diez de mayo el Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en twitter que el país salvadoreño alcanzó un año sin homicidios gracias al plan “Control Territorial”. Este proyecto tiene la finalidad de combatir la delincuencia y violencia, dos de los mayores problemas del país que posicionan a El Salvador entre los lugares con la mayor violencia a nivel internacional. Recordemos que en enero de 2023, Bukele anunció la creación del Centro de Confinamiento el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad con capacidad para cuarenta mil personas, convirtiéndose en el centro penitenciario más grande de América.

La principal causa de violencia y conflicto son las pandillas que han ejercido control territorial sobre algunas regiones. Los grupos pandilleros llegaron al país en la década de los años 80. En 2003, con el plan “Mano Dura” que impuso Francisco Flores, estos grupos quedaron en primer plano político a nivel nacional. Desde entonces, las pandillas, su poder y sus modus operandi se han incrementado: violaciones, abusos, asesinatos, secuestros y extorsiones son solo algunas de las técnicas que utilizan para someter a las comunidades.

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Nayib Bukele creo el Centro de Confinamiento el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad con capacidad para cuarenta mil personas.

Nayib Bukele creo el Centro de Confinamiento el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad con capacidad para cuarenta mil personas.

En marzo del 2022, la Asamblea Legislativa declaró la aplicación del Estado de excepción que suspende las garantías constitucionales básicas como una estrategia para combatir a las pandillas y frenar principalmente la ola de homicidios que éstas llevaban a cabo. Bajo este régimen los arrestos pueden realizarse sin una orden judicial y el gobierno tiene acceso a las comunicaciones privadas y el derecho a obtener un abogado por parte de los detenidos, fue cancelado. Además, el plazo de detención provisional pasó de ser de 72 horas a 15 días.

El proyecto del Estado ha demostrado ser efectivo y está logrando cumplir los objetivos propuestos. Se desvanece el poder que los grupos pandilleros tenían sobre la población: desaparecieron las fronteras territoriales que habían impuesto, se desarticularon las pandillas, se recuperaron los espacios públicos y la gente dejó de pagar renta a las bandas.

La calidad de vida de los y las ciudadanas ha mejorado pese a que los problemas estructurales como la falta de agua potable, el difícil acceso a la salud y la educación, son problemas que no logra ser resueltos. Según las declaraciones del gobierno, hasta enero de 2023 habían sido capturadas más de 63.000 personas, aunque no hay forma de verificar ese número más que que por las publicaciones gubernamentales, debido a que todo lo relacionado con los juicios y arrestos ha sido declarado bajo reserva total.

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Sin embargo, múltiples denuncias de abusos sistemáticos han sido realizadas por organismos de derechos humanos no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Las personas detenidas durante el Estado de excepción han descrito la situación que ocurre dentro de las prisiones: muertes bajo custodia, hacinamiento, tortura, falta se asistencia médica, incomunicación, son solo algunas de las experiencias que viven quienes son apresados sin pruebas, incluso menores de edad.

Human Rights Watch y Cristosal han podido acceder a una base de datos que respalda las violaciones y los procesos que se llevan a cabo en los centros penales y han realizado un informe que puedes leer aquí. La CIDH ha llamado a El Salvador a “restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas durante los últimos 12 meses”, y la ONU ha denunciado las violaciones que se producen en el régimen. También llamó al Presidente a “respetar los derechos humanos incluso durante el estado de excepción”. Bukele ha rechazado las críticas y ha pedido a “la comunidad internacional que le presente un plan de seguridad con mejores resultados”.

Otra acusación que se realiza a Bukele es que no ejecuta la reinserción de quienes son liberados de los centros penitenciarios, y ha desarmado los centros de reinserción de ex pandilleros que las iglesias evangélicas llevaban a cabo, por lo que muchos han sido recapturados.

Incluso con múltiples denuncias por violaciones de DDHH, el régimen de excepción goza de la aprobación de alrededor del 80% de los salvadoreños. En septiembre de 2022, el presidente Bukele anunció que buscará la reelección en 2024 a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

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