El Salvador, con Nayib Bukele a la cabeza, se posicionó como el país más seguro de América latina. ¿Cuáles son los pilares de su modelo?
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue adelante con su estrategia contra la inseguridad generada por las pandillas. Es incuestionable que en El Salvador bajó el índice de homicidios. De esta manera, 2023 fue el año más seguro de la historia reciente de El Salvador.
Siempre según datos oficiales, esta cifra ubica al país como el segundo país más seguro de América, solo superado por Canadá con una tasa de 2.25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero muchos cuestionan los métodos utilizados para lograrlo. Y otros, hasta se animan a afirmar que su modelo fracasará. A continuación analizamos los dos elementos salientes del Método Bukele: el estado de excepción y la megacárcel.
Bukele implementó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, tras una jornada en la que se llegaron a superar los 60 homicidios. Fue el último atisbo de rebelión de las pandillas. La Asamblea Legislativa, bajo dominio oficialista desde 2021, prorrogó esta condición todos los meses. Por este motivo, los especialistas afirman que El Salvador vive bajo un estado que de excepción tiene poco.
Bajo este régimen, el estado tiene un mayor despliegue policial y militar en las zonas más conflictivas del país y la detención de toda aquella persona sospechosa de pertenecer a las pandillas maras. Además, suspende la libertad de asociación y reunión, el derecho a defensa de los detenidos, la privacidad en las comunicaciones, el derecho de una persona a ser debidamente informada sobre su detención. También permite a la policía detener a cualquier persona sin una orden de captura y mantenerla en detención por al menos 15 días antes de ser presentada ante un tribunal. Esto último ha dado lugar a muchas detenciones injustificadas. Además, incluye la suspensión del derecho a pedir un abogado y la falta de ser informado de sus derechos al ser detenido, así como el motivo de su detención. Asimismo, amplía el período de detención preventiva de 72 horas a 15 días, dando a las autoridades el permiso de intervenir celulares de los detenidos en busca de pruebas durante ese lapso de tiempo.
Jordana Timerman describe la situación. “El modelo es, superficialmente, simple: capturas masivas de personas supuestamente afiliadas con pandillas, o acusadas de asociación con ellas. En la práctica las causales reales son amplísimas y pueden incluir: tener tatuajes, ser delatados por llamadas anónimas, tener desacuerdos con fuerzas de seguridad, o simplemente estar en el lugar equivocado cuando buscan cumplir cuotas de detención. En ciertas zonas –a veces en pueblos enteros– las fuerzas de seguridad arman un cordón perimetral alrededor del territorio y allanan casas una por una. Bajo el estado de excepción, los detenidos no tienen derecho a representación legal y se extienden los tiempos de los procesos penales. Se les proporciona solo comida mínima de subsistencia, para todo lo demás –calorías adicionales, ropa, elementos de higiene– dependen de sus familias, muchos de los cuales se encuentran en aprietos económicos gracias a la situación. Una nueva ley promulgada en julio permitiría juicios colectivos de hasta 900 personas, complicando aún más la pantomima de debido proceso” .
Muchos especialistas no ven una diferencia sustancial con medidas tomadas antes en el Salvador para combatir el mismo mal, a excepción de la crueldad del Método Bukele. Por ende, no confían que sea una solución de largo plazo. Noah Bullock, director de la ONG Cristosal, dijo que “lo que estamos tratando aquí no es el modelo de Bukele, sino un modelo clásico y bien conocido de represión estatal, donde se suplanta la violencia criminal por la violencia estatal. La historia marca que cuando la violencia estatal se convierte en política oficial, nunca produce una paz duradera”.
Los analistas coinciden en que esta estrategia puede fracasar en el mediano y largo plazo. “La mano dura, por sus características, no tiene efectos a largo plazo. En un contexto electoral tiene un componente simbólico que se persigue para dar la sensación de tomar acciones contundentes”, explicó Sonja Wolf, investigadora y autora de “Mano Dura: la política del control de las bandas en El Salvador”.
“Vemos en esta administración un mayor énfasis en la publicidad del gobierno para hacer creer que los operativos son efectivos. Pero para resolver la problemática de las pandillas cualquier sociedad debería llevar adelante una política integral: siempre está el punto de la mano dura como política represiva, pero tiene que estar la reintegración social. La violencia de las pandillas solo se controla enfocándose en el cuadro social y el trasfondo de estos grupos”, añadió .