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SUSCRIBITESon varias las denuncias que indican que Maduro anulará las elecciones y convocará nuevos comicios para fin de año en Venezuela.
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SUSCRIBITELa situación política en Venezuela continúa siendo objeto de preocupación internacional, con el gobierno de Nicolás Maduro manteniendo un férreo, violento y represor control sobre el país. En los últimos años, el régimen utilizó diversas tácticas para consolidar su poder, entre las cuales destaca la manipulación del discurso político para justificar sus acciones represivas y antidemocráticas.
Una de las estrategias más recurrentes de Maduro fue la de culpar a los Estados Unidos, al que se refiere como "el imperio", de estar detrás de supuestos intentos de golpe de Estado en su contra. Esta narrativa no solo busca desviar la atención de los problemas internos del país, sino también generar un sentimiento de unidad nacional frente a un supuesto enemigo externo.
El gobierno venezolano ya utilizó esta retórica para justificar la represión contra la oposición, argumentando que cualquier disidencia es parte de una conspiración orquestada desde Washington. Esta táctica le permitió a Maduro deslegitimar a sus opositores, tildándolos de "traidores" o "agentes del imperialismo", y así justificar detenciones arbitrarias, persecuciones y la supresión de derechos fundamentales.
En el ámbito electoral, el régimen ha utilizado la misma narrativa para justificar acciones que han sido ampliamente criticadas como fraudulentas. La inhabilitación de candidatos opositores, la manipulación de los organismos electorales y la falta de transparencia en los procesos de votación fueron defendidas como medidas necesarias para "proteger la soberanía nacional" frente a supuestos intentos de intervención extranjera.
Recientemente, esta estrategia tomó un nuevo giro en el contexto de las elecciones del 28 de julio. Según una denuncia del ex presidente colombiano Iván Duque, realizada días después de las elecciones, el régimen de Maduro ya tenía planeado desconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. El plan, según Duque, consistía en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declare nulas las elecciones, alegando un supuesto "ataque cibernético" proveniente de Macedonia del Norte.
La denuncia de Duque se comprobó tan solo un día después de las elecciones cuando la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación sobre un presunto intento de ataque informático al sistema electoral, señalando como presuntos implicados a los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Lester Toledo. Esto sucedió un día después de las elecciones. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, dijo que el sistema electoral sufrió un "ataque desde Macedonia del Norte", con el propósito de "alterar los datos" provenientes de los más de 15.000 centros de votación.
Saab afirmó que "querían adulterar las propias actas de votación del sistema automatizado", en un “ataque que ralentizó el envío de actas para el escrutinio". Toledo es dirigente del partido Voluntad Popular y está exiliado en Estados Unidos, mientras que López, exalcalde de Chacao está en España. Ambos opositores fueron acusados de terrorismo por la Justicia de Venezuela.
La acusación de Saab, sin presentar ni una sola prueba, señala que la Fiscalía "estará monitoreando cualquier acto que pretenda iniciar una escalada de violencia para enlodar la fiesta democrática" y advirtió que tales acciones podrían constituir delitos con penas de hasta 20 años de prisión.
Según la versión oficialista, el retraso en la publicación de los resultados, que no se conocieron hasta pasada la medianoche, al menos seis horas después del cierre de los colegios electorales, se debe a un "ataque desde Macedonia del Norte".
El plan tiene varios objetivos: congelar la situación actual para evitar protestas, eliminar la acusación de fraude al atribuir la alteración de datos al ciberataque, complacer a un sector de la comunidad internacional al garantizar un nuevo proceso electoral, y dar al régimen unos cuatro meses para reorganizarse y asegurar su victoria en una hipotética nueva elección en diciembre.
La denuncia de Duque sugiere que el régimen estaba preparado para utilizar informes técnicos de empresas especializadas en ciberseguridad para respaldar su versión de los hechos. Además, se especula que el gobierno podría liberar a personas detenidas en protestas como una medida para aliviar tensiones y aparentar buena fe.
Duque explica que el TSJ habría ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) suministrar toda la información técnica relacionada con el supuesto ataque cibernético del cual el CNE afirma haber sido víctima el 28 de julio. Según esta narrativa, el TSJ afirmaría haber consultado a empresas especializadas en ciberseguridad que confirmarían la corrupción de datos debido al ataque.
El plan, según detalla Duque, tenía varios pasos y consecuencias:
Para Duque esta estrategia le permitiría al régimen varias cosas: congelar la situación actual, eliminando motivos de protesta, quitar el sesgo de fraude al atribuir la alteración de datos al ciberataque, complacer a un sector de la comunidad internacional al garantizar un nuevo proceso electoral y dar al régimen tiempo para asegurar su victoria en diciembre.
Además, Duque sugiere que el presidente colombiano Gustavo Petro podría apoyar la repetición de las elecciones, buscando que México y Brasil hagan lo mismo, lo que daría cierta legitimidad internacional a esta maniobra.
En línea con esta narrativa de ataques externos, el gobierno de Maduro ha denunciado recientemente un supuesto ataque cibernético contra la aerolínea estatal Conviasa. El ministro de Transporte, Ramón Velásquez, afirmó que el ataque fue realizado por activistas del grupo Anonymous, a quienes vinculó con Estados Unidos. Velásquez aseguró que, a pesar del hackeo, lograron proteger toda la información de la aerolínea y calificó estos ataques como provenientes de "fascistas arrastrados al imperialismo norteamericano".
Es importante señalar que Conviasa ya había enfrentado problemas anteriormente, habiendo sido sancionada por Estados Unidos, lo que limitó sus operaciones. El gobierno venezolano interpreta estos eventos como parte de un plan más amplio de agresiones tras las elecciones y las denuncias de fraude.
Esta serie de acontecimientos refleja la continua lucha por el poder en Venezuela y la persistencia del régimen en utilizar diferentes estrategias para mantenerse en el control, incluso frente a una esperable derrota electoral. La retórica del gobierno, que constantemente señala a Estados Unidos y sus supuestos aliados como responsables de los problemas del país, busca transformarse en una herramienta para desviar la atención de las críticas internas y consolidar el apoyo de su base.
La comunidad internacional se mantiene atenta a estos desarrollos, mientras la crisis política y social en el país parece prolongarse sin una solución clara a corto plazo. Este escenario subraya la importancia de la vigilancia internacional y la necesidad de apoyar los procesos democráticos en Venezuela, al tiempo que pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la oposición en su intento por lograr un cambio político en el país.