1 de agosto de 2023 - 09:58 Por Sarai Avila El pasado lunes 24 de julio el Parlamento de Israel aprobó la primera parte de la reforma judicial que impulsó Benjamin Netanyahu. La cláusula más polémica de la reforma, la denominada Ley de Razonabilidad, limita la capacidad de la Corte Suprema para anular decisiones del Poder Ejecutivo en caso de considerarlas “irrazonables” o inconstitucionales. La norma fue aprobada con 64 votos a favor, emitidos por la coalición de derecha, ortodoxos religiosos y la extrema derecha. El proyecto no obtuvo ningún voto en contra debido a que los 56 miembros de la oposición se retiraron del parlamento a modo de protesta.
En Israel, en lugar de una Constitución, existen leyes individuales que regulan la interacción de las instituciones, por lo que el Tribunal Supremo juega un papel de suma importancia a la hora de controlar las medidas tomadas por la Knesset (Parlamento), debido a que tampoco existe una segunda cámara. Es por ello que el oficialismo afirma que el poder judicial tiene demasiado margen de intervención en las decisiones políticas y que socavan la democracia.
La propuesta de la reforma judicial fue presentada la primera semana de enero del corriente año por Netanyahu. Desde entonces, las protestas y manifestaciones a lo largo del país no han cesado. Incluso el sábado cuando comenzó la sesión parlamentaria, miles de ciudadanos y ciudadanas se manifestaron frente al Parlamento y a lo largo del país en contra de la aprobación de la ley que golpea al poder judicial. Durante estos meses de protestas, el Ejército ha jugado un papel central en “la defensa de la democracia”, reprimiendo y arrestando a los manifestantes.
La decisión tomada por los parlamentarios es vista como una violación a los principios del Estado democrático que tiene como característica la división de poderes y el accionar articulado entre ellos. La ley actuaría de manera arbitraria: priorizaría los intereses del oficialismo por encima de lo que establece la Corte Suprema, lo que podría provocar abuso de poder por parte del Ejecutivo.
Luego de la aprobación de la ley, el Primer Ministro israelí declaró en una conferencia de prensa que la aprobación de la enmienda es "una etapa democrática necesaria" para “restablecer un equilibrio entre los poderes", de manera que "el gobierno elegido pueda aplicar una política conforme a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos". Si bien los diputados y miembros del gobierno fueron elegidos democráticamente por el pueblo, los hechos recientes demuestran que los y las israelíes no están conformes con las medidas tomadas por el gobierno de turno.
El escenario actual ha desplegado múltiples respuestas por aportes de diferentes sectores. Un sector del ejército israelí aseguró que reservistas voluntarios no prestaran el servicio militar si el gobierno decide continuar con el proceso legislativo. Por otra parte, el ex primer ministro, Yair Lapid, ha declarado que “lo que ha pasado hoy no es democracia, es una ruptura clara de las reglas de juego. No es un triunfo de la coalición, es una derrota de la democracia israelí”. El Presidente israelí, Isaac Herzog advirtió que el país se encontraba en “un estado de emergencia nacional”, y que la situación actual podría producir una guerra civil.
Joe Biden solicitó “no apresurarse” en aprobar adelante la reforma y consideró “desafortunada” la aprobación de la ley. “Creemos que para los grandes cambios democráticos hay que trabajar por el consenso”, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk "insto a aquellos en el poder a tener en cuenta los llamamientos de la gente que participa en este movimiento, gente que ha confiado en los valores duraderos de una independencia judicial". La agencia de calificación financiera Moody's advirtió sobre un "riesgo significativo" para la estabilidad de Israel y "consecuencias negativas para la economía".
El escenario actual evidencia el desgaste de la relación pueblo-gobierno y la erosión de la legitimidad y de los valores democráticos. La aprobación total del proyecto que consta de tres partes, corre el riesgo de derivar en una crisis multifacética, que afecte a Israel no solo en el plano gubernamental, sino también económico, social, e internacional.
Israel cumple 75 años - un Estado en crisis nacional | DW Documental
