Gagauzia, una pequeña región autónoma de Moldavia, muestra cómo Rusia convierte los salarios bajos, el idioma y la identidad en armas políticas.
La guerra de Rusia contra Europa no se libra solo en los campos de batalla de Ucrania. También avanza con operaciones de inteligencia, financiamiento clandestino, manipulación electoral, campañas de desinformación y sabotaje, todas pensadas para erosionar instituciones democráticas sin necesidad de una intervención militar convencional.
Una de las herramientas favoritas del Kremlin es aprovechar las tensiones que ya existen dentro de otros países. Las regiones con autonomía política, diferencias étnicas, particularidades lingüísticas o relaciones conflictivas con el poder central ofrecen el terreno ideal. Y pocos casos lo muestran mejor que el de Gagauzia, en el sur de Moldavia.
Gagauzia tiene una identidad étnica y lingüística propia, una economía más débil que la del resto del país y una relación históricamente complicada con las autoridades de Chisináu. Nada de eso constituye, por sí mismo, un conflicto separatista. Pero sí ofrece una oportunidad: que actores externos conviertan reclamos legítimos en instrumentos de confrontación.
Los números ayudan a entender el malestar. Durante el segundo trimestre de 2026, el salario mensual promedio en Gagauzia rondó los 648 dólares. El promedio nacional del primer semestre fue de 941, y en la capital moldava, Chisináu, la remuneración media llegó a 1.104. Para Moscú, esa brecha es una puerta de entrada: las dificultades económicas, la dependencia energética y la sensación de abandono pueden presentarse como consecuencia de una discriminación deliberada.
El idioma es otra pieza. Según el censo de 2024, el 81,2 % de los habitantes de la autonomía es de etnia gagauza y el 77,2 % declaró el gagauzo como lengua materna. Pero el 47,3 % usa el ruso como principal lengua cotidiana, y apenas el 12,1 % de los gagauzos étnicos dijo conocer el rumano o moldavo. Hablar ruso no implica adherir al Kremlin. Lo que sí hace es facilitar que los mensajes propagandísticos en esa lengua lleguen a buena parte de la población.
Esos mensajes repiten un guion: advertencias contra una supuesta «rumanización» forzada, la pérdida de las tradiciones locales y el abandono de la neutralidad moldava. La idea de fondo es que la integración europea y la preservación de la identidad gagauza son objetivos incompatibles. Una cuestión cultural legítima se transforma así en desconfianza hacia Chisináu.
Moscú, además, no opera solo desde afuera. Se apoya en dirigentes regionales y estructuras políticas afines. Entre ellos aparece Evghenia Guul, bashkan (gobernadora) de Gagauzia, asociada políticamente con las estructuras del oligarca Ilan Shor. También se menciona a Fedor Gagauz, respaldado por el Partido de los Socialistas, y a Oleg Garazin. Poner a autoridades locales al frente permite mostrar como demanda espontánea lo que muchas veces responde a intereses externos.
Las plataformas completan el cuadro. Según las cifras manejadas en la investigación, más de 30 canales de Telegram vinculados con estructuras regionales del Partido de los Socialistas suman una audiencia superior a 150.000 suscriptores. La red social rusa Odnoklassniki llegaría a más del 45 % de la población adulta activa de la autonomía. Los mensajes insisten en precios estables para la energía y en restablecer los contactos oficiales con Rusia. La energía no es un tema menor: conecta las preocupaciones cotidianas con la política exterior, y cuando suben las tarifas, acercarse a Moscú puede venderse como solución inmediata.
Ese es el mecanismo del laboratorio gagauzo: tomar un problema real y transformarlo en un argumento contra la legitimidad del Estado. Falta ver con qué dinero, qué pantallas y qué estructuras se alimenta esa maquinaria. De eso trata la segunda entrega.