3 de noviembre de 2025 - 10:21 Por Fiamma Tognoli El mundo atraviesa una reconfiguración silenciosa pero estructural. Las cadenas globales de valor que definieron los primeros 30 años de globalización —energía barata, alimentos abundantes y manufactura asiática— se están fracturando. Lo que antes se percibía como interdependencia ahora se convierte en competencia y seguridad estratégica. Y lo que alguna vez fue entendido como comercio por los líderes de los países de Europa, hoy se lee como lo que siempre fue: poder.
La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 obligó a Europa a abandonar su esquema de importación energético. En apenas tres años, el continente redujo su dependencia del gas ruso del 45 % al 19 %. Pero eso tuvo un costo: precios elevados, fuga industrial y un viraje político hacia la “seguridad de suministro”, por encima de la agenda verde.
Bruselas, que durante una década se posicionó como abanderada del desarrollo sostenible, está moderando su discurso. La Comisión Europea presentó este año el llamado “paquete Omnibus”, una iniciativa destinada a aligerar la carga regulatoria que enfrentan las empresas europeas en materia ambiental, social y de gobernanza. El objetivo central es simplificar las obligaciones de reporte y cumplimiento que impuso el Green Deal europeo, tras comprobar que la complejidad de las normas estaba desalentando la inversión, elevando costos y empujando industrias clave fuera del continente.
El paquete introduce ajustes a varias normas emblemáticas del Pacto Verde:
- Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): establece que los productos importados a la UE —como acero, cemento, aluminio o fertilizantes— deberán pagar un arancel equivalente al precio del carbono europeo si provienen de países con estándares ambientales menos exigentes, buscando evitar la “fuga de carbono”.
- Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): obliga a las grandes compañías a identificar, prevenir y mitigar los riesgos ambientales y de derechos humanos a lo largo de toda su cadena de suministro global. Aunque la intención es promover la responsabilidad empresarial, la norma es considerada demasiado ambiciosa y difícil de cumplir para empresas medianas con cadenas complejas.
- Methane Emission Reduction Regulation (MERR): apunta a reducir las emisiones de metano en el sector energético, incluyendo producción y transporte de gas y petróleo. Su alcance extraterritorial afecta a proveedores externos como Estados Unidos, Noruega y Qatar, generando tensiones diplomáticas y comerciales.
Con el paquete Omnibus, Bruselas busca introducir “flexibilidades adicionales”: simplificar los reportes de sostenibilidad, aplazar plazos de cumplimiento y limitar algunas obligaciones solo al primer eslabón de la cadena (tier 1 suppliers). La Comisión reconoce que, tras la guerra en Ucrania y la pérdida del gas ruso, Europa necesita mantener a flote su base industrial y asegurar energía asequible para competir con Estados Unidos y China.
La nueva política energética de Europa
La nueva política energética europea surge de una combinación de presiones internas y externas. Internamente, Europa enfrenta una tormenta perfecta: una industria en declive, castigada por el encarecimiento del gas y la electricidad; inflación energética persistente que afecta a consumidores y productores; y un aumento del costo del crédito que dificulta financiar la transición hacia energías limpias. Sectores históricamente competitivos —como siderurgia, química o automotriz— pierden terreno frente a competidores estadounidenses y asiáticos que operan con energía más barata y con subsidios públicos más generosos. Según el informe Draghi sobre competitividad, Europa corre el riesgo de “desindustrialización silenciosa” si no equilibra ambición climática y viabilidad económica.
A estos desafíos internos se suman las presiones externas de nuevos socios energéticos. Desde 2022, Estados Unidos y Qatar se han convertido en los principales proveedores de gas natural licuado (GNL) para sustituir el gas ruso que llegaba por gasoductos. Washington exige que Bruselas adapte su marco regulatorio para no castigar al GNL estadounidense con normas más estrictas que a otros exportadores, especialmente en emisiones de metano. Si la MERR se aplicara sin ajustes, el gas estadounidense podría perder competitividad frente al noruego, argelino o ruso. Por eso, EE.UU. presiona para introducir flexibilidades que reduzcan costos de cumplimiento.
Qatar, en cambio, mantiene una postura que rechaza los estándares europeos en derechos laborales y ambientales incluidos en la CSDDD. Las autoridades cataríes temen que estas normas sirvan de base para sanciones a sus exportaciones, vinculadas a denuncias por explotación laboral durante la construcción del Mundial 2022. Aunque QatarEnergy amenazó con reducir envíos, su estrategia es principalmente diplomática, buscando mantener reputación y competitividad frente al GNL estadounidense y australiano.
Bajo el plan REPowerEU, la UE se comprometió a eliminar las importaciones de gas ruso antes de 2028, estableciendo un periodo de transición de dos años para contratos existentes. En 2021, Rusia suministraba el 45 % del gas consumido; en 2025, apenas el 19 %, con flujos por Ucrania y Nord Stream prácticamente desaparecidos. Hoy, Europa depende un 17 % del GNL estadounidense, 4 % del catarí y un tercio de Noruega por gasoducto. Este cambio estructural ha transformado la geografía del comercio global de gas, consolidando una alianza económica que combina seguridad energética y alineamiento geopolítico.
Europa, sin el gas de Rusia
Europa enfrenta otro invierno crítico sin gas ruso, poniendo a prueba su resiliencia y capacidad de independencia energética. La dependencia histórica de Rusia se convirtió en un riesgo estratégico evidente, especialmente para Alemania, Italia y Austria. La respuesta europea incluyó diversificación de proveedores mediante importaciones récord de GNL de Qatar, Noruega, Argelia y Estados Unidos, junto con inversiones aceleradas en renovables, eólica y solar, aunque estos proyectos enfrentan retrasos logísticos y limitaciones climáticas.
Este giro pragmático también expone profundas brechas internas: mientras el norte, liderado por Alemania, Dinamarca y Suecia, pudo sostener inversiones en energías limpias y tecnología, el sur y el este, incluyendo Italia, Grecia, Hungría y Bulgaria, enfrentaron costos de reconversión más altos, menor capacidad fiscal y dependencia prolongada de combustibles fósiles. Esta asimetría se refleja en un mapa desigual: seis países concentran casi toda la producción europea de baterías de litio, el 96 % de los paneles solares proviene de China y solo un reducido porcentaje de los empleos solares corresponde al sector manufacturero europeo.
Europa no renuncia a la transición energética, pero la redefine. En esta nueva etapa, el idealismo ambiental da paso al pragmatismo competitivo: un enfoque que prioriza la estabilidad económica y la seguridad sin abandonar la meta de la neutralidad climática.
